La lengua catalana, piedra de toque de la diversidad lingüística europea[*]
Isidor Marí i Mayans

 Director de los Estudios de Humanidades y Filología (UOC)
imari@uoc.edu


Resumen:

La UE se encuentra a las puertas de una ampliación que comportará la incorporación de diez nuevas lenguas oficiales, muchas de las cuales con unas dimensiones demográficas y una vitalidad cultural inferiores a la lengua catalana. El artículo comenta que la situación actual del catalán en la UE es injustificable y escandalosa, y que lo resultará todavía más tras la ampliación. La previsible modificación del régimen lingüístico de la UE tenderá a la reducción de las lenguas de trabajo por razones de eficiencia, pero la ampliación de las lenguas oficiales tendría que permitir incluir lenguas como la catalana, que ya son oficiales en su territorio. Tampoco hay ninguna razón para que el catalán resulte excluido de los programas lingüísticos europeos, en los que participan incluso lenguas de países externos a la UE. Las comunidades lingüísticas con poderes legislativos deben poder regular el uso público de las lenguas en su espacio igual que los estados; de lo contrario la misma UE indica que sólo la independencia política garantiza un trato igualitario.






La situación actual de la lengua catalana en el marco de la Unión Europea puede calificarse de desconcertante –e incluso de escandalosa. Se trata del idioma de un pueblo que desde los tiempos de Carlomagno ha hecho aportaciones significativas a la civilización europea. Lo hablan más de 7 millones de europeos y más de 10 millones lo tienen por lengua oficial. En él varios parlamentos debaten y aprueban leyes en ejercicio de competencias exclusivas. Lo usan todos los niveles de la administración. Es lengua vehicular de la enseñanza desde las edades preescolares hasta la universidad. Cuenta con varios canales de televisión completos, con numerosas emisoras de radio, con múltiples periódicos y revistas. Se usa en el cine original, doblado y subtitulado. En catalán se editan anualmente miles de libros, en todos los campos del conocimiento. Se halla entre las lenguas más traducidas y entre las más usadas en Internet. Es utilizada prácticamente en todas las actividades profesionales y dispone de una presencia relevante en todos los campos de la vida económica y social. No existe en toda la Unión Europea ciudad alguna de las dimensiones de Barcelona con una lengua propia que no sea lengua oficial de su Estado y de la Unión. En definitiva, son millones los europeos que viven en esa lengua y que desean seguir haciéndolo. Sin embargo, la Unión Europea no parece dispuesta a reconocer esa realidad de la misma forma en que reconoce, usa y promueve lenguas de proporciones equivalentes o menores –como por ejemplo el sueco, el danés o el finlandés. Ni siquiera al mismo nivel que lenguas de países externos a la Unión. Por su parte el Estado español, que teóricamente representa los intereses de los catalanófonos, no actúa ni se moviliza para hallar una salida a dicha situación.

Mi propósito se centra en poner de relieve el hecho de que no existe ninguna razón democrática que justifique la marginación de tantos ciudadanos europeos, y de que se trata de una exclusión por motivos meramente políticos: una muestra más de déficit democrático, que debe a todas luces corregirse en la actual reforma institucional de la Unión. La consideración que acabe dándose a la lengua catalana en esa futura institucionalización será, a mi entender, la piedra de toque de la credibilidad que deba merecer el compromiso proclamado por la Unión Europea para con la diversidad cultural que alberga en su interior: la decisión que vaya a adoptarse respecto al catalán no sólo revelará qué futuro se reserva a las demás lenguas de menor difusión a las que también se priva de reconocimiento, sino que esbozará el destino final que pueden esperar sucesivamente casi todas las lenguas de nuestro continente. Quienes defendemos el reconocimiento del catalán lo hacemos en la plena conciencia de estar librando una batalla a favor de la diversidad lingüística de Europa y del mundo entero.

En la política lingüística europea –aún demasiado implícita y fragmentaria por cierto– tres aspectos merecen nuestra atención, si queremos comprender cuál es la situación efectiva de la lengua catalana:

1. En primer lugar, el régimen lingüístico de la Unión Europea: la oficialidad de las lenguas y el uso de las mismas como instrumentos de trabajo y de comunicación administrativa. Es la cara más visible y simbólicamente relevante de la política lingüística de la Unión, aunque no la única, ni siquiera la más importante.

2. Debemos tener en cuenta, por ejemplo, la aceptación o exclusión de las lenguas en los programas y acciones que disponen de financiación comunitaria, especialmente en educación, cultura, audiovisuales o ingeniería lingüística. La trascendencia de este segundo aspecto no es de ningún modo inferior a la del régimen lingüístico de la Unión.

3. Existe, en fin, un tercer apartado –mucho más imperceptible que los anteriores, pero de importancia decisiva para la presencia y uso público de cualquier idioma: la regulación del uso público y comercial de las lenguas tanto en la legislación comunitaria como en las de los estados miembros y los poderes subestatales. Es obvio que disponer o no de la facultad de ordenar lingüísticamente el espacio público constituye algo vital para una comunidad lingüística en relación con el futuro de su lengua.

Si bien se piensa, el tercer punto que hemos señalado –el de la vitalidad social de una lengua en su espacio público– es causa y fundamento de los demás aspectos de la política lingüística: en la medida en que una lengua es viva en su sociedad merece tener una participación normal en las políticas comunitarias y un reconocimiento político y administrativo que garantice una buena relación con los ciudadanos y la identificación de éstos con sus instituciones. ¿Hace falta recordar principios tan elementales?

El propio régimen lingüístico de la Unión Europea, acordado por el Consejo en el Reglamento núm. 1 de 1958, remite a la situación jurídica de cada lengua en su respectivo estado miembro para determinar cuáles deban ser las lenguas oficiales y de trabajo de las instituciones europeas (artículo 1), y no establece obstáculo alguno insalvable para la oficialidad del catalán. La exposición de motivos contenida en el preámbulo de ese reglamento justifica la adopción de las lenguas oficiales y de trabajo por el hecho de ser –cito textualmente– "reconocidas como lenguas oficiales cada una de ellas en uno o varios Estados miembros". Advirtamos que no especifica como requisito que deba tratarse de lenguas oficiales en todo el territorio del respectivo estado miembro, como se ha tendido a interpretar después, restrictivamente, por parte de los órganos de la Unión Europea.

El artículo 8 del mismo reglamento añade, literalmente, que "Por lo que respecta a los Estados miembros donde existan varias lenguas oficiales, el uso de una lengua se regirá, a petición del Estado interesado, por las normas generales de la legislación de dicho Estado".

Así pues, la legislación europea manifiesta por consiguiente la disposición de conferir a las distintas lenguas oficiales de los estados miembros, en el marco comunitario, un grado de reconocimiento que resulte proporcionado al estatuto jurídico y a la implantación real que tengan en su respectivo estado. No hay disposición alguna en ese reglamento que exija la oficialidad de una lengua en la totalidad del territorio de un estado miembro para que pueda convertirse en una de las lenguas oficiales de la Unión. Si el catalán –que en virtud de la legislación española es de uso oficial, legislativo, administrativo, educativo, etc.– no se convierte en lengua oficial de la Unión, ello no se debe a un impedimento de tipo jurídico sino simplemente al hecho de que el Estado español no lo solicita, y aduce para ello pretextos basados en determinadas interpretaciones restrictivas del régimen lingüístico europeo.

Esa actitud restrictiva –exigir la oficialidad en todo el territorio de un estado miembro– procede de una interpretación cuando menos curiosa del concepto de seguridad jurídica, que vale la pena aclarar. Como es sabido, la legislación europea es directamente aplicable a cualquier ciudadano de la Unión. Las garantías de seguridad jurídica de los ciudadanos exigen que éstos deban tener acceso a dicha legislación en una lengua por ellos conocida. Por lo tanto, es suficiente con que la legislación europea se promulgue en alguna lengua oficial en todo el territorio de cada estado miembro para que quede garantizada la seguridad jurídica de sus ciudadanos, haciendo uso del mínimo número de lenguas necesario.

Dicho principio de suficiencia, que puede ser válido para determinar el número mínimo necesario de lenguas oficiales, se convierte de forma abusiva en un principio de exclusión, que pasa a fijar el número máximo admisible de lenguas oficiales. La pirueta jurídica no parece muy elegante, sobre todo si –como veremos más adelante– también se utiliza para negar al catalán –y a otras lenguas europeas– su participación en los programas de la Comisión (decisión que ya no tiene absolutamente nada que ver con la seguridad jurídica de los ciudadanos).

Esa exclusión por falta de oficialidad en todo el territorio de un estado miembro suele apoyarse con otro argumento: el de los costes excesivos que significaría la ampliación del número de lenguas oficiales, ya que la oficialidad de un idioma implica su adopción como lengua de trabajo. Argumento este que merece asimismo un comentario. No cabe duda de que los costes del multilingüismo integral que practica la Unión Europea son importantes, aunque no son tan exagerados como en ocasiones se nos quiere hacer creer. Cuando se afirma que el multilingüismo de la Unión Europea consume el 40% del presupuesto administrativo, la impresión es que se trata de un gasto desorbitado. Sin embargo, si tomamos en consideración el hecho de que ese presupuesto administrativo representa poco más del 5% del presupuesto de la Unión y que el coste del multilingüismo se sitúa entre el 2 y el 3 por ciento del presupuesto comunitario, la cifra no parece ya tan desproporcionada. Lo que permite –por ejemplo– que esos mismos costes se presenten como prohibitivos cuando se quiere impedir el acceso a la oficialidad de una lengua como el catalán, mientras que se los considera aceptables al tratarse de la ampliación de la Unión Europea y se insiste en qué el multilingüismo integral no es sostenible a largo plazo.

En efecto, numerosos expertos han afirmado que ampliar las lenguas de trabajo no es sostenible indefinidamente; cabe subrayar, sin embargo, que no sólo por razones económicas. Al fin y al cabo, si crece el presupuesto, este no sería el problema principal de la sostenibilidad. El problema es que existen enormes dificultades operativas y complicaciones que afectan a la fidelidad y a la calidad de los textos traducidos, dificultades que no parece posible paliar con un incremento presupuestario. En la actualidad, la igualdad entre las lenguas de trabajo ya no es real ni posible: inglés y francés son de facto las lenguas de trabajo principales. La interpretación y la traducción directa entre los 110 pares de lenguas de trabajo posibles ya no es viable hoy en día. El número de pares de lenguas se calcula a base de la fórmula p = n (n-1), es decir, que con la introducción de nuevas lenguas, los pares de lenguas crecen en progresión geométrica. La traducción o interpretación indirectas (con lenguas interpuestas) multiplican el tiempo de espera y los errores en las versiones resultantes. La sistematización de las equivalencias terminológicas entre todas las lenguas resulta cada vez más difícil de garantizar. La consecuencia –ya hoy en día– es que muchas de las versiones de los textos oficiales presentan divergencias que afectan a su sentido y que, por lo tanto, comprometen el principio de que todas las versiones son igualmente auténticas y jurídicamente seguras. O sea que el multilingüismo actual tiene ya serias dificultades para poder garantizar la seguridad jurídica para la que había sido concebido. Con sólo algunas lenguas de trabajo más, puede convertirse en una pura ficción y generar múltiples inconvenientes difícilmente soslayables. Resultaría muy poco higiénico que la UE se empecinase en mantener esa ficción y propiciar así, por la vía de los hechos consumados, una reducción de las lenguas de trabajo sin tener la valentía de someter la cuestión a un debate político abierto y transparente.

Reducir las lenguas de trabajo a los cuatro o cinco idiomas más conocidos y usados de la Unión –limitando, por ejemplo, el multilingüismo integral a las comunicaciones que afectan a la seguridad jurídica de los ciudadanos, como la promulgación de la legislación europea que les sea directamente aplicable– no sólo simplificaría el funcionamiento de las instituciones sino que permitiría ampliar el número de lenguas oficiales, incluyendo todas las lenguas constitutivas de Europa sin excepción. En caso de considerarse imposible el uso de todas las lenguas oficiales en las comunicaciones entre las instituciones europeas y los ciudadanos, se podría asegurar al menos la recepción de escritos en cualquiera de esas lenguas, tal como prevé el artículo 10 de la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias para otros niveles de la administración.

Evidentemente, la reducción de las lenguas de trabajo y la ampliación de las lenguas oficiales tendría consecuencias sobre la participación en los programas europeos, que es el segundo punto que queremos analizar. Por una parte, las lenguas oficiales que dejarían de ser lenguas de trabajo deberían ser acreedoras de un trato compensatorio en todos los programas europeos con implicaciones lingüísticas –de hecho, ya actualmente algunos de los programas incluyen criterios de preferencia para las lenguas oficiales de menor difusión. Por otra parte, les escasas lenguas que pasarían a ser lenguas de trabajo serían obviamente las más conocidas y extendidas. En consecuencia, no requerirían en la práctica apoyo adicional por parte de los fondos comunitarios. Y sobre todo la ampliación de las lenguas oficiales permitiría al catalán participar normalmente –al lado de otras muchas lenguas, hoy excluidas– en todos los programas europeos en los que la lengua sea elemento relevante (educación, cultura, medios de comunicación, ingeniería lingüística, etc.). En realidad, ni siquiera sería estrictamente necesario que el catalán fuese lengua oficial de la Unión para alcanzar una participación plenamente normal, si se llevase a efecto la Resolución adoptada en 1990 por el Parlamento Europeo sobre la lengua catalana, cuyo artículo 4º solicitaba explícitamente al Consejo y a la Comisión "la inclusión del catalán en los programas elaborados por la Comisión para el aprendizaje y el perfeccionamiento de las lenguas europeas". Resulta escandaloso e indignante el poco caso que se ha hecho de esa resolución del Parlamento Europeo. ¿Cómo interpretar, por ejemplo, que participen en el programa Sócrates no sólo las lenguas oficiales de la UE, más irlandés y luxemburgués, sino también las lenguas nacionales de los países de la EFTA/EEA y las de los países que negocian su ingreso en la Unión, mientras se priva de una participación normal a una lengua con millones de hablantes que son a su vez ciudadanos de la propia Unión Europea? Para muestra un botón: el formulario para la candidatura de lectorados de lenguas de la acción Comenius incluye los siguientes idiomas: islandés, noruego, búlgaro, checo, estonio, letón, lituano, húngaro, maltés, polaco, rumano, esloveno y eslovaco. Pero no el catalán. Hay que notar, de paso, que 6 de esos idiomas pertenecen a estados que han conseguido hace muy poco tiempo su independencia.

La UE no debería preguntarse –como hizo recientemente– cuál es el fundamento jurídico de las acciones favorables a las lenguas no oficiales, sino más bien si existe algún fundamento jurídico y democrático que justifique su exclusión de los programes de apoyo a las lenguas europeas. ¿O acaso hay lenguas que dejan de ser europeas por el hecho de no ser oficiales de la Unión?

Sinceramente, creo que el compromiso de la Unión Europea con la diversidad lingüística no tendrá ninguna credibilidad mientras el catalán no tenga, por lo menos, la misma aceptación en todos los programas europeos que el luxemburgués, que no es tampoco lengua oficial ni lengua de trabajo de la Unión. La diferencia, naturalmente, es que el luxemburgués cuenta con el apoyo inequívoco de su estado, mientras que el apoyo de España al catalán ante los órganos de la Unión es tan poco beligerante que resulta ficticio.

Para terminar, séame permitido centrar la atención en el tercero de los aspectos de la política lingüística europea que había enunciado al inicio de mi exposición: la facultad de regular el uso público de las lenguas, especialmente en el mercado y la comunicación. Se trata probablemente de la parte más oculta, invisible y desapercibida de la política lingüística; sin embargo, su importancia es decisiva para el futuro de una comunidad lingüística como la catalana ante la mundialización económica, comunicativa y cultural.

Tanto si se es consciente de ello como si no, la legislación europea establece determinados requisitos lingüísticos –o permite establecerlos a los poderes estatales o subestatales– para la libre circulación de los productos comerciales (el etiquetaje), de los profesionales (condiciones de competencia lingüística para el ejercicio de determinadas profesiones) y de los productos culturales (doblaje, exhibición, etc.). Y no sólo eso, sino que Europa defiende hacia el exterior la especificidad de los productos culturales en la negociación de los acuerdos mundiales de comercio (al igual que la reciente Declaración de la UNESCO sobre diversidad cultural).

Por lo demás, controversias como las producidas en su momento a propósito de la tramitación de la Ley de política lingüística de Cataluña sobre el etiquetaje de los productos comerciales o el doblaje cinematográfico son un buen exponente de que tales cuestiones no están resueltas. Las comunidades lingüísticas que no dispongan de competencias políticas suficientes que les permitan establecer un cierto ajuste lingüístico y cultural de sus respectivos espacios públicos, se encontrarán con serias dificultades para subsistir en el nuevo contexto mundial.

Aparentemente, una Unión Europea que defiende la diversidad y la subsidiariedad debería facilitar la resolución de dicho problema a base de una correcta distribución de las competencias entre los diferentes niveles políticos. La realidad indica que no existe ninguna seguridad de que ello suceda. A pesar de la propuesta que diez años atrás planteó el ministro de la Presidencia de Flandes, Luc van der Brande, en su Carta de la Europa de las culturas, no existe ninguna garantía de que ni siquiera los poderes subestatales que disponen de competencias legislativas sobre una lengua oficial específica vayan a ver reconocida su facultad de regular la presencia de las lenguas en el espacio público, en términos equivalentes a los que han sido ya reconocidos a los poderes estatales. La posición de la Unión Europea en el caso del etiquetaje comercial es lo bastante explícita en ese sentido. Cuando incluso el Tribunal Constitucional español había reconocido a la Generalitat de Catalunya la facultad de regular el uso de las lenguas oficiales en el etiquetaje (STC 147/1996), en 1997 se modificó la directiva europea sobre este punto de tal manera que sólo los estados pueden regular el uso de las lenguas en el etiquetaje y, además, únicamente se contemplan las lenguas oficiales de la Unión.

Tal evolución, contraria a los criterios de subsidiariedad, condiciona de tal forma el futuro de las lenguas no estatales en el proceso de mundialización que merece una actuación enérgica ante la reforma institucional. Las distintas comunidades lingüísticas deben ver respetado su derecho a organizar el propio espacio público, no por tratarse de entidades políticamente soberanas, sino por el hecho de ser lenguas diferenciadas. Si la Unión Europea no reconoce a las comunidades lingüísticas con poderes subestatales idénticas facultades que a los estados soberanos, no hace más que confirmar que es imprescindible un proceso de independencia política para conseguir una posición equitativa entre les culturas del mundo. ¿Es este, realmente, el mensaje que la Unión Europea y el Estado español desean hacernos llegar?

Hay que seguir el debate de la Convención Europea sobre el futuro de la Unión y presentar ahí la reclamación de perspectivas más justas y satisfactorias que las actuales para una lengua como la catalana. Así lo hizo recientemente la Convención Catalana para el Debate sobre el Futuro de la UE[1] y anteriormente –en abril de 2002– el Institut d'Estudis Catalans, con un manifiesto específico sobre este punto.[2]

Es imprescindible que nuestra lengua pueda ver garantizado su futuro en el nuevo marco político, y abrir así el camino hacia la obtención del mismo reconocimiento por parte de otras muchas lenguas europeas a las que también les ha sido negado hasta el momento.




Enlaces relacionados:

Información sobre el catalán en Europa:
Sobre el régimen lingüístico de la UE: I. Marí; M. Strubell. The linguistic regime of the European Union: Prospects in the face of enlargement:
Reglamento 1/1958 del Consejo, por el que se fija el régimen lingüístico de las instituciones, de 15 de abril de 1958:
Resolución 1235/90 del Parlamento Europeo sobre la situación de las lenguas en la Comunidad y de la lengua catalana, de 11 de diciembre de 1990:
Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias:
Respuesta parlamentaria oficial sobre el coste de la traducción e interpretación en la UE (2000):
Cálculo realizado por el SCIC (Service Commun Interprétation Conférences) de la Comisión Europea:
Información sobre las lenguas que tienen acceso a la acción LINGUA:
Véase también el anexo 1 (pág. 21) del siguiente formulario:
Directriz europea 97/4/CE sobre el etiquetaje:


Citación bibliográfica:

MARÍ, Isidor (2003). "La lengua catalana, piedra de toque de la diversidad lingüística europea". Digithum [artículo en línea]. UOC. Núm. 5. [Fecha de consulta: ]
<http://www.uoc.edu/humfil/esp/mari0303/mari0303.html> 
ISSN 1575-2275 

[Fecha de publicación: abril de 2003]
Digithum / 5
ISSN 1575-2275






Nota*:

Este texto corresponde a una intervención en el Forum del Partenariado por la Diversidad (Partnership for Diversity) que tuvo lugar en Palma (Mallorca) los días 7-9 de febrero de 2002, organizado por el European Bureau for Lesser Used Languages y la Dirección General de Política Lingüística de las Islas Baleares. Traducción a cargo de Narcís Figueras, profesor de los Estudios de Humanidades y Filología de la UOC.
Nota1:

Véase el documento final en la página <http://www.convenciocatalana.org/>.
Nota2:

El texto puede consultarse en el web del Institut d'Estudis Catalans: <http://www.iecat.net/institucio/ presidencia/Gabinet/ declaracions/catalaue(castella).htm>.