El mes de mayo del 2006 se celebró en Barcelona el Segundo Congreso IDP – Internet, Derecho y Política impulsado, como esta misma publicación, por los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya. Este tercer número de la revista homónima se estructura, como ya es habitual, en torno a un monográfico que recoge precisamente algunas de las aportaciones más relevantes que se presentaron en el mencionado congreso. Destaca, en primer lugar, la discusión en torno a uno de los temas que fueron más debatidos en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información celebrada en Ginebra y en Túnez: la gobernanza de Internet. Amadeu Abril, desde su larga experiencia en los organismos reguladores, plantea de manera radical los dilemas y las contradicciones con los que se hace frente a esta cuestión por parte de los diversos actores e intereses implicados (estados, usuarios, ICANN). Erik Iriarte, por su parte, defiende la necesidad de plantear esta cuestión desde una perspectiva que no se limite a los aspectos técnicos, sino que tenga presente los vectores sociales, económicos y culturales.

Queremos llamar la atención muy especialmente sobre el artículo del profesor Stefano Rodotà –uno de los mejores expertos europeos en materia de protección de datos– en el que se analiza la reciente Directiva europea 2006/24 sobre retención de datos de las comunicaciones electrónicas. Su diagnóstico crítico es que este instrumento cambia totalmente los principios básicos de la protección de datos tal como los hemos venido construyendo hasta ahora y difícilmente se puede hacer compatible con la misma Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea. Efectivamente, la nueva directiva se construye a partir de una lógica totalmente diferente a las directivas anteriores en materia de protección de datos y cambia radicalmente la manera de entender y regular la relación de los ciudadanos con el Estado. Compartimos la crítica y la preocupación y creemos necesaria una reflexión profunda y tomas de posición claras, como las del profesor Rodotà, por parte de todos aquellos que desde la academia o desde las agencias de protección de datos nos ocupamos de estos temas.

Muy provocadoras –intelectualmente provocadoras– resultan también, por diferentes motivos, las contribuciones de Ana Sofía Cardenal y Albert Batlle, por un lado, y Benjamin R. Barber, por otro, sobre las auténticas potencialidades de las tecnologías de la información y comunicación –y específicamente Internet– para hacer avanzar las prácticas democráticas. A partir de la teoría de la elección racional, Cardenal y Batlle ofrecen un interesante análisis cuyas conclusiones contradicen las tesis más “ciberoptimistas” que consideran que la aparición de Internet contribuye a incrementar el grado de participación de los ciudadanos y abre nuevas posibilidades para la democracia directa. Desde una óptica totalmente diferente, Benjamin R. Barber –conocido teórico de la democracia: recordamos su influyente libro Strong Democracy. Participatory Politics for a New Age– nos advierte también de las consecuencias ambivalentes que la irrupción de Internet puede tener para el ejercicio de la democracia y el reforzamiento de los espacios públicos de debate.

Vistas globalmente, las diversas aportaciones que constituyen este número (incluida la de Luis Ramón Ruiz sobre el uso ilícito y la falsificación de tarjetas bancarias) acaban apuntando siempre a un mismo reto. Ya sea desde la óptica aparentemente más técnica de la gobernanza de Internet, o desde la perspectiva estrictamente política de sus potencialidades democratizadoras o, finalmente, desde la preocupación jurídica de cuál tiene que ser el nivel adecuado de regulación en cada segmento de relaciones sociales, se trata de asegurar que los efectos positivos –y “emancipadores”, para decirlo con un término ilustrado que hoy suena un poco antiguo– de las tecnologías de red prevalecen y se imponen por encima de todos sus efectos potencialmente negativos.


Pere Fabra
Director