La gestión pública de la seguridad en la sociedad del riesgo constituye un reto crucial para el desarrollo humano. Nuevos riesgos vienen a cuestionar la sostenibilidad y nuevas amenazas la cohesión social de unas sociedades que son percibidas, por una parte significativa de su población, como inseguras.

La existencia de sistemas públicos de seguridad capaces de afrontar eficaz y eficientemente estos desafíos se ha convertido, por tanto, en una exigencia crucial. De ello depende, en gran medida, la gobernabilidad de la seguridad ciudadana, la atención de emergencias o la protección civil; pero también está en juego la integración del sector privado en el sistema de seguridad pública y la coordinación efectiva de todos los servicios de seguridad y emergencias.

Asimismo, en plena era infoglobal, la revolución tecnológica de los asuntos de seguridad exige a los profesionales y las organizaciones un esfuerzo profundo y constante de renovación, no sólo en su capacidad para asimilar y aplicar las nuevas tecnologías a los ámbitos tradicionales de la seguridad (la videovigilancia, por ejemplo), sino también para garantizar la seguridad de la información en red.

Todo ello sin olvidar la indispensable atención a las víctimas de los accidentes, los desastres y las violencias; tanto como la conveniencia de desarrollar y expandir los métodos de resolución de conflictos como auténtica alternativa a las reacciones punitivas generalizadas.

En este nuevo escenario, los actores institucionales (electos) deben estar capacitados para liderar una nueva forma de gobierno, la gobernanza democrática de la seguridad pública, capaz de implicar tanto a los profesionales como a los actores sociales (medios de comunicación, sector privado de la seguridad) en la búsqueda colectiva de una seguridad socialmente inclusiva y ambientalmente sostenible.