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Brasil y Venezuela encabezan el índice de desarrollo de la justicia electrónica entre los veintidós países iberoamericanos, siendo los dos únicos países que superan el nivel de 0,5 en una tabla que oscila entre el 0 (desarrollo mínimo) y el 1 (desarrollo máximo). Les siguen países como Argentina, Puerto Rico, Costa Rica y El Salvador, todos ellos con un índice por encima del 0,4. En un tercer grupo, entre el 0,3 y el 0,4, se sitúan Portugal, Chile, México, República Dominicana, Cuba y España. Los países con menor implantación de las TIC en su administración de justicia son Uruguay, Honduras, Panamá, Guatemala, Colombia y Perú.

A pesar de los avances que se detectan en este estudio, se considera que la situación de la región en este campo a nivel mundial es todavía muy mejorable, sobre todo si se compara con la de los países pioneros como Singapur, Estados Unidos o Australia.

Según Pere Fabra, director de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC, "lo importante de este estudio no son tanto los resultados obtenidos, ni los rankings, que no dejan de ser altamente aproximativos en tanto que no se han podido realizar trabajos de campo exhaustivos, como el haber elaborado una metodología que permitirá, en sucesivos estudios, medir la evolución de la implantación de las tecnologías en la administración de justicia. Mientras que existen ya diferentes índices y estudios que permiten medir el impacto de las TIC en la administración electrónica o la preparación de los países para el gobierno electrónico, hasta el momento no se había desarrollado un índice específico para el campo de la justicia electrónica".

Los resultados obtenidos sorprenden en algunos casos. Para Pere Fabra, "este estudio muestra, por ejemplo, que no existe una correlación directa entre el índice de desarrollo humano y el índice de participación telemática ni la implantación de la justicia electrónica. Algunos países como España o Portugal, que ocupan posiciones elevadas en el primero, obtienen un índice de justicia electrónica inferior a otros países con índices de desarrollo humano más bajos. La conclusión, a la vista de los datos concretos, es la enorme importancia que tienen tanto la elaboración de estrategias realistas y con metas muy concretas como un liderazgo político sostenido y la sensibilidad de los actores implicados". Lo que sí ha quedado claro es la estrecha vinculación entre el desarrollo de la administración electrónica y la justicia electrónica.

La sociedad de la información en Iberoamérica

En una primera parte, este estudio analiza el desarrollo de la sociedad de la información en esta región. Este desarrollo guarda relación con la existencia de infraestructuras tecnológicas –el porcentaje del producto interior bruto destinado a las TIC en los distintos países está entre el 5,9% y el 9%–, el desarrollo del sector TIC, la alfabetización digital –el 80% de los entrevistados afirman disponer de programas formativos para capacitar a los funcionarios de justicia– y el marco político y legal.

Según Fabra, "como es de esperar, dada la diversidad de la región, encontramos importantes diferencias entre países en la implantación y desarrollo de las tecnologías. Las más implantadas en general son la tecnología móvil y los televisores. Sin embargo, y a pesar de crecimientos muy importantes en el último lustro, la penetración de ordenadores personales todavía muestra tasas muy mejorables.

Lógicamente, el diseño de estrategias de justicia electrónica o de gobierno electrónico deberá tener en cuenta la situación de cada país".

El índice de desarrollo de la justicia electrónica

Para valorar el impacto de las TIC en la administración de justicia, el equipo de investigadores formado por los profesores Agustí Cerrillo, Albert Batlle, Pere Fabra, Ismael Peña, Clelia Colombo y Antoni Galiano ha establecido una tabla de más de veinte indicadores a partir de cuatro estadios de evolución.

El primer estadio es el del tratamiento de la información, y contempla aspectos como la existencia de webs o boletines electrónicos, el desarrollo de bases de datos de normativa y jurisprudencia o la posibilidad de conocer el estado de las causas de manera electrónica. En la República Dominicana, por ejemplo, poseen una red de quioscos públicos de información sobre el estado de los expedientes judiciales y en Brasil hay un canal de televisión sobre temas de justicia exclusivamente. La mayoría de países tienen muy extendido el uso de las tecnologías en este ámbito.

El segundo nivel se refiere a la aplicación de las TIC para la gestión de los expedientes judiciales, tanto de la oficina judicial como la gestión documental o los casos y vistas. En Brasil, por ejemplo, se puede recibir información por correo electrónico de cómo evoluciona tu proceso judicial cada vez que hay un cambio. El tercer estadio se refiere a la intensidad del uso de TIC en la relación entre la administración de justicia y los ciudadanos. Recoge aspectos como la posibilidad que tienen los usuarios de descargarse formularios desde la red o presentar demandas, la existencia de foros o la posibilidad de pleitos electrónicos. La mayoría de países estudiados ofrecen la posibilidad de solicitar digitalmente certificados, pero en pocos casos, como el de Chile, se pueden obtener así. En España se recogen testimonios por videoconferencia. A pesar de estas iniciativas, estos países se encuentran aún lejos de poder realizar un juicio totalmente en la red, como ya se ha hecho de forma experimental en Estados Unidos y Singapur.

El cuarto estadio abarcaría la aplicación de la tecnología y de soluciones de inteligencia artificial para la toma de decisiones judiciales, ámbito en el que no se ha constatado ninguna experiencia relevante en la demarcación iberoamericana.

Efectos positivos de la implantación de la justicia electrónica

Según Pere Fabra, "el uso de las tecnologías permite mejorar la eficacia y eficiencia de la justicia optimizando recursos, trabajar con mayor transparencia y acercar la administración de justicia a los ciudadanos, respondiendo de forma más directa a sus necesidades y garantizando así la mejor defensa de sus derechos".

A pesar de todos estos aspectos positivos, el grupo de investigadores de la UOC ha señalado las dificultades derivadas de la brecha digital para hacer efectivo el desarrollo de la justicia electrónica, de modo que las políticas de transición a la sociedad de la información y, en particular, la implantación de las TIC en la justicia deberían estar atentas a que no se ampliara la brecha entre ciudadanos conectados y no conectados.

El estudio concluye con una serie de recomendaciones elaboradas por estos expertos y entregadas al grupo de trabajo de la Cumbre Judicial para avanzar en la implantación de la justicia electrónica. Entre ellas destacan la necesidad de coordinación a nivel regional de estrategias, acciones y proyectos –en justicia electrónica y gobierno electrónico, así como en conectividad a la red–; la importancia de potenciar la capacitación de todos los agentes o de fortalecer la colaboración con la sociedad civil, y la necesidad de un importante liderazgo institucional.

Según Fabra, "una de las conclusiones de la Cumbre celebrada los pasados 22 y 23 de junio ha sido dar continuidad al grupo de trabajo sobre justicia electrónica. Por lo tanto, hay interés en hacer un seguimiento anual o bianual de este índice. Por nuestra parte, desde los Estudios de Derecho y Ciencia Política, hemos constituido un grupo de investigación específico sobre este tema. Hasta ahora habíamos trabajado en temas de administración y gobierno electrónicos y queremos pasar a explorar en mayor profundidad el ámbito de la justicia en la sociedad de la información".