28/9/17

Solo un 14% de menores tutelados viven en familias de acogida en España

Educadores sociales reclaman más recursos económicos y técnicos para incrementar la cifra
Foto: unsplash

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Solo un 14% de los menores de edad tutelados por la Administración viven en familias de acogida en España; nada que ver con lo que ocurre en otros países europeos como el Reino Unido o Suecia, donde el 70% de los niños y adolescentes bajo la custodia del Estado vivía con familias de acogida, según se recogía en un informe de la Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat.

Los educadores sociales Segundo Moyano y Jordi Solé, profesores de la UOC, reclaman a la Administración más incentivos económicos y técnicos para poder acoger a menores tutelados. Consideran que los recursos que se destinan actualmente a ello son insuficientes y que esto, sumado a la falta de una política de conciliación laboral y familiar, explicaría la carencia de este perfil en comparación con otros países europeos. El próximo 2 de octubre se celebra el Día Internacional de la Educación Social.
 
Según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en España hay unos 42.000 menores a los que se aplican diversas medidas de protección porque su familia no puede cuidar de ellos. Muchos de estos niños cumplen requisitos para ser acogidos temporalmente mientras la familia biológica resuelve los problemas que le impiden ocuparse de ellos. Pero actualmente en España solo hay poco más de 6.000 menores en acogimiento según un estudio del Observatorio de la Infancia, cifra que representa el 14% del total. En Inglaterra y en Suecia, la acogida ronda el 70% de los niños tutelados por el Estado, y en Francia y en Dinamarca, el 55% y el 46%, respectivamente; mientras que en Alemania, representa el 41%.
 
El director del grado de Educación Social de la UOC, Segundo Moyano, reclama la necesidad de un cambio de las políticas por parte de la Administración para que pueda aumentar la cifra de familias de acogida. Considera que hay «poco apoyo económico» y explica que, en muchos casos, los que optan por la acogida son personas acomodadas. «Si no dispones de una serie de recursos es difícil acoger; quizás familias con más apoyo económico y técnico estarían dispuestas a hacerlo», explica. Es una petición compartida por muchos estamentos de la educación social. No es la única razón que, según Moyano, explica el déficit de familias acogedoras. «Todavía hay mucha gente que confunde acogida con adopción», afirma. La acogida no es un paso previo a la adopción, sino que tiene como objetivo que el niño vuelva con la familia de origen y la familia acogedora debe tener claro que un día el niño se reintegrará al entorno familiar. Moyano explica que en países del sur de Europa esta es una práctica menos extendida que en otros países europeos donde «es un hecho habitual que una familia acoja cuatro o cinco veces a lo largo de su vida».
 
El también profesor de Educación Social de la UOC, Jordi Solé, esgrime otra razón de peso para explicar por qué el acogimiento familiar de un menor no es una práctica muy extendida. «Vivimos en un país donde no se facilita la conciliación laboral y familiar, lo que hace difícil que alguien quiera acoger a un niño, por el mismo motivo que en un país con el índice de natalidad más bajo de Europa no se tiene un hijo propio», explica. En este sentido, uno de los requisitos que las administraciones piden a los padres es, entre otras cosas, disponer de tiempo, no solo para atender a los niños, sino también para hacerse cargo de muchas obligaciones asociadas a la acogida como, por ejemplo, hacer los acompañamientos en las visitas con las familias biológicas, atender a los profesionales que hacen el seguimiento, etc. Solé añade que no hay medidas de apoyo social que faciliten esta tarea. «Los acogimientos están mal pagados», afirma.
 

393 euros de remuneración por niño

La familia acogedora tiene derecho a percibir una prestación económica que puede variar según la edad, las necesidades de los niños y la tipología de acogimiento familiar. La remuneración también es diferente según la comunidad autónoma. La cifra básica en Cataluña oscila entre los 323 y los 393 euros por niño, si bien en el último año la Generalitat ha invertido cerca de dos millones en ayudas para estas familias. Por ejemplo, para discapacitados de entre el 44% y el 64% se perciben 300 euros más al mes, y acoger a dos menores tiene un complemento de 350 euros por familia. «Sea como sea, siempre es más económico que cubrir los gastos de un niño acogido en un centro de acogida o residencial», explica Solé.
 

Más regulación de la profesión

Los educadores sociales ayudan, apoyan, protegen y llevan a cabo acciones educativas con las personas vulnerables con las que trabajan, ya sean menores tutelados que viven en centros de atención a la infancia, personas mayores en centros de la tercera edad o personas con problemas varios o en situación de riesgo social. La educación social es una titulación universitaria desde el año 1991 y, según Moyano, «es una profesión cada vez más reconocida por la población».

Sin embargo, el colectivo se queja de que a veces se contrata a personal para ejercer la profesión de educador social que no tiene la titulación requerida ni la formación más adecuada. Tanto Moyano como Solé denuncian que cada vez son más las entidades del tercer sector (ONG, fundaciones, organizaciones o instituciones privadas) que contratan a otros profesionales para hacer su trabajo porque el sueldo que les pagan es más bajo. «La desregulación del mercado de trabajo y la externalización de los servicios por parte de la administración hace que cada institución establezca su régimen laboral y anteponga el convenio de empresa al convenio del sector», explica Solé. En este sentido piden «más control y vigilancia» por parte de las administraciones. 

Expertos UOC

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