27/11/17 · Estudios de Derecho y Ciencia Política

¿Qué puede hacer la ciudadanía para combatir la corrupción?

Esta práctica irregular, sumada al fraude, cuesta a cada español entre 800 y 1.000 euros anuales
Foto: Pixabay

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Gürtel, tarjetas black, Nóos, Pretoria, Palau o Innova son algunos de los protagonistas del imaginario colectivo de la corrupción en nuestro entorno en los últimos años. Se trata de casos muy mediáticos, que probablemente han contribuido a continuar situando este tipo de práctica irregular en el podio de los principales problemas de España según los ciudadanos: el barómetro del CIS de septiembre sitúa la corrupción, como es habitual, en el segundo puesto de la clasificación, solo por detrás del paro.

Agustí Cerrillo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), colaboró a finales de 2015 en la elaboración de una lista de medidas que la ONG Transparencia Internacional puso al servicio de los partidos políticos para que las incorporaran en sus programas electorales de cara a las elecciones de junio de 2016. En ese momento, el Consejo de Europa no ponía buena nota a España en referencia a las medidas implementadas para la prevención de la corrupción respecto a los parlamentarios, jueces y fiscales. Desde entonces, señala Cerrillo, «se han adoptado varias decisiones en sintonía con las medidas propuestas», pero añade que queda mucho trabajo por hacer y que no hay soluciones mágicas.

Esta tarea, recuerda, no se puede dejar solo en manos de los políticos, sino que es primordial que la ciudadanía ponga su granito de arena. Aún más si se tiene en cuenta que la corrupción, sumada al fraude, cuesta a cada ciudadano español entre 800 y 1.000 euros anuales, según datos del Sindicato de Técnicos de Hacienda recogidos en el libro Llums i taquígrafs (Pol·len Edicions). ¿Cómo podemos implicarnos, por tanto, en la lucha contra la corrupción?


Tener claro de qué estamos hablando

Es el primer paso para tomar conciencia de hasta qué punto podemos interceder. A pesar de que la gran corrupción, que suele ser fruto de las relaciones entre políticos de altas administraciones y empresarios de grandes corporaciones, es un problema importante, la corrupción tiene muchos niveles y llega hasta el municipio más pequeño. «Podríamos definirla como la obtención de un beneficio, por parte de un trabajador o cargo público, incumpliendo la normativa vigente aprovechando un conflicto de intereses. Es decir, el cargo o trabajador público pone por delante sus intereses propios y no el interés público», explica Cerrillo. Así pues, no siempre estamos hablando directamente de dinero ni de cargos electos. También hablamos de favores y de cualquier trabajador que tenga un sueldo público. Por lo tanto, la corrupción está cerca del día a día de la ciudadanía.


Informar de casos cercanos

De hecho, «varios estudios nos dicen que un 50% de los casos de corrupción que acaban saliendo a la luz lo hacen por alertas o informaciones de personas cercanas que han tenido conocimiento de estos casos», detalla Cerrillo. Se trata de conciudadanos o de subordinados, colegas o excolegas de quienes cometen irregularidades. Pero decidirse a informar sobre casos cercanos todavía es un acto de valentía. Según el Barómetro global de la corrupción elaborado en 2016 por Transparencia Internacional, más de un tercio de los españoles considera que los ciudadanos no revelan casos de corrupción por miedo. Cerrillo ratifica que hay bastante desprotección: «Ni en el ámbito penal ni en el administrativo hay medidas específicas para proteger al denunciante de corrupción», explica. Pero, añade, hay buenas noticias: «El Congreso español está tramitando una proposición de ley que busca facilitar la denuncia y proteger al denunciante. Hace unos meses, el Ayuntamiento de Barcelona creó un buzón para recibir información sobre casos de irregularidades. Y la protección de los denunciantes es uno de los temas de los que más se hablará en el ámbito de la corrupción en los próximos meses», señala. Además, el Consejo de Europa estableció en 2014 unas recomendaciones para los estados que trabajen en este sentido.


Visitar los portales de transparencia

Otra opción que el experto pone sobre la mesa es estar atentos a lo que publican los portales de transparencia de las administraciones públicas. El Estado español aprobó una ley de transparencia en 2013 y Cataluña lo hizo a finales del 2014. A raíz de estas normas se han desarrollado sitios web donde se puede consultar información pública: desde contratos hasta subvenciones, pasando por presupuestos o informes. Se trata, en el caso de Cataluña, de governobert.gencat.cat/ca/transparencia y, en el caso del Estado español, de transparencia.gob.es. Cerrillo admite que «hay un largo camino por recorrer» para mejorar la información pública al alcance de los ciudadanos, pero añade que «se están realizando esfuerzos para que las administraciones sean más transparentes». Sin embargo, admite, «es difícil que individualmente una persona, después de su jornada laboral o durante el fin de semana, se dedique a esta actividad de control». Así que propone otra opción para implicarse en la lucha contra la corrupción.


Apoyar a las entidades que se dedican específicamente a esta causa

Se trata, dice el experto, de colaborar con organizaciones cuyo «trabajo es hacer esta actividad de control». Y, como ejemplo, menciona la Fundación Civio, una ONG que desarrolla aplicaciones que facilitan la transparencia pública. «Analizan cada día el Boletín Oficial del Estado, algo inalcanzable para un ciudadano individual, y ordenan las informaciones en un formato comprensible», detalla. «Además, si identifican irregularidades, lo trasladan a los órganos adecuados, ya sea la propia administración pública, la fiscalía o los juzgados», añade el catedrático de la UOC. Otras entidades que trabajan en esta línea son la ya citada Transparencia Internacional, Access Info Europe o Open Kratio.


Programas electorales y compromiso compartido

Además, Cerrillo recuerda que, antes de ir a votar, los ciudadanos tienen la oportunidad de ver qué dicen los programas electorales de los partidos políticos sobre la corrupción. En ese sentido, en su opinión «la mejor manera es prevenirla», y «todo lo que mejore la formación de los trabajadores públicos puede ser una herramienta muy útil». Después, para identificar casos de corrupción que ya se han producido, el experto de la UOC apuesta por «fortalecer la capacidad de investigación de los mecanismos de control, como los tribunales y las sindicaturas de cuentas, el Síndic de Greuges o el Defensor del Pueblo». Y «velar por la integridad de la contratación pública». Pero, insiste, la tarea es compartida: «Lo más importante es el compromiso de los dirigentes de destinar todos los recursos necesarios para luchar contra esta lacra de la democracia y el compromiso cívico de las personas para luchar contra la corrupción».

Expertos UOC

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