La reforma de los centros de internamiento para extranjeros es superficial

El ministro del Interior, José Ignacio Zoido, anunció a finales del año pasado un proyecto de reforma de los centros de internamiento para extranjeros (CIE), con la presentación del nuevo CIE de Algeciras que se empezará a construir este 2018. El nuevo centro será el mayor del Estado, con capacidad para 705 personas, y dispondrá de mejores servicios sanitarios, espacios para los servicios sociales y las ONG, zonas de recreo y espacios para el culto religioso. Además, separará a los internos por sexo, procedencia y nacionalidad. «El contenedor es importante, pero lo más importante es el continente, las personas que están dentro de los CIE», afirma Tomás Jiménez Araya, profesor consultor del máster de Derechos Humanos, Democracia y Globalización de la UOC.

Jiménez Araya señala que no solo hay que hacer cambios materiales, desde el punto de vista de las condiciones físicas y de las comodidades que deben tener estos centros para que estén de acuerdo con la protección de los derechos humanos, sino que incluso «la inversión será absolutamente insuficiente por muchos miles de millones que se inviertan, si no hay también inversión en recursos humanos para la gestión de estos centros». Jiménez Araya pide que se invierta en especialistas educativos, sanitarios y psicólogos, puesto que los internos no llegan a estos centros de una manera «segura y tranquila», sino después de un proceso «anómalo y traumático».

El ministro Zoido abrió la puerta durante el acto de presentación del nuevo CIE a que la policía no sea la encargada de la gestión de los centros, sino un cuerpo funcionarial especializado, y también hizo referencia a que debe decidirse qué papel han de tener las ONG en el nuevo modelo de los centros de internamiento. «Este anuncio es la constatación de que se quieren profesionalizar los CIE como prisiones», afirma el periodista Toni Martínez, autor del libro CIE: El Guantánamo español, publicado por la Editorial UOC. Martínez afirma que el Gobierno apuesta por internar a los inmigrantes porque «no tiene una política de acogida clara y parece que no quiera tenerla», y teme que este anuncio solo se deba al «colapso de los centros de Ceuta y Melilla», que son los que reciben más internos.

Centros opacos y desbordados

La red de ONG Servicio Jesuita de Migrantes elaboró un informe en el que destacaba que durante 2016 se internaron en CIE un total de 7.597 personas, de las cuales poco más de 2.000 fueron repatriadas. Con todo, señala que dos de cada tres internados acaban siendo liberados, después de pasar los 60 días que como máximo pueden estar dentro de un CIE esperando la resolución de su caso.

Este fue el caso de Mourtada Seck, que estaba en un parque de Oviedo cuando la Policía Nacional le pidió «los papeles» y lo detuvo por no tenerlos en regla. Poco después fue internado en el CIE de Aluche, en Madrid, y unas semanas después se le asignó un asiento de avión que lo deportaría hacia Senegal, de donde llegó en 2007. Mourtada se fue de su país para encontrar un futuro mejor, y lo encontró en España, donde tenía trabajo y se casó. Pero el arraigo familiar no fue suficiente para evitar el internamiento en el CIE, y sus abogados evitaron su deportación in extremis después de presentar una medida cautelarísima. Finalmente, Mourtada quedó en libertad y actualmente reside de manera legal en Oviedo.     

Esta es una de las historias que recoge Toni Martínez en su libro. El periodista considera que los CIE «son un auténtico despropósito, los internos se encuentran privados de libertad sin haber cometido ningún delito». Martínez remarca que las personas que se encuentran internadas lo están por no tener el permiso de residencia, lo que constituye una falta administrativa, y no un delito, hecho que no justifica que alguien pueda perder su derecho a la libre circulación. La asociación Jueces por la Democracia emitió un comunicado en el que pide abiertamente el cierre de estos centros, por considerar que son «opacos», que son «auténticas prisiones» y que se caracterizan por «el hacinamiento, la irregular asistencia sanitaria y jurídica, la falta de información a las personas internas sobre su situación administrativa y la nula existencia de políticas sociales y/o educativas».

Criminalización de la inmigración

Además de las demandas de una reforma más a fondo de estos centros, los expertos alertan sobre la percepción que la población tiene de los CIE y de las personas que allí están internadas. «La población tiene tendencia al temor y a ponerse a la defensiva, y estos centros y la agenda mediática refuerzan las actitudes xenófobas en contra del movimiento migratorio», sentencia el profesor Jiménez Araya. Por otro lado, Toni Martínez explica que muchos de estos centros son antiguas dependencias policiales reaprovechadas, que se encuentran en las afueras de las ciudades y con mucha seguridad y opacidad, lo cual «refuerza la asimilación de inmigración y conflictividad». La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía concluyó en un informe que, por ejemplo en Granada, las personas negras tienen cuarenta y dos veces más posibilidades de ser identificadas por la policía que las blancas o de rasgos caucásicos.

«El fenómeno migratorio es inevitable, y hasta que no nos convenzamos de ello las decisiones serán a medias, o mal hechas, o reactivas», concluye el profesor Tomás Jiménez Araya, que pide un empoderamiento social para exigir a los gobernantes que afronten el fenómeno según los acuerdos del Pacto Mundial por las Migraciones promovido por las Naciones Unidas, que aboga «por una migración segura, ordenada y regular».