El consentimiento explícito y la intervención de un médico, requisitos clave para legalizar la eutanasia

En este mes de mayo se ha debatido la Proposición de ley del Parlamento de Cataluña que pide reformar el artículo 143.4 del Código penal para despenalizar la eutanasia en España. Se trata del primer paso para hacer efectivo el derecho de las personas a decidir sobre su propia muerte. Ahora bien, ¿el sistema jurídico español está preparado para legalizarla?

El profesor de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC Josep Maria Tamarit asegura que la Constitución española de 1978 no impide la despenalización de la eutanasia. «El texto constitucional reconoce el derecho a la vida, pero no el deber de vivir, de modo que una regulación meticulosa de los requisitos y las garantías del consentimiento no sería inconstitucional», asegura Tamarit, también catedrático de Derecho Penal.

María José Rodríguez, que es profesora colaboradora de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC, apunta que hay países europeos donde ya la han legalizado, por ejemplo Holanda y Bélgica. «Ahora es el momento para que España tome una decisión. No se está hablando de matar a las personas que quieren seguir viviendo, sino de regular aquellas condiciones en las que una persona puede decidir sobre su propia muerte porque se dan unas circunstancias médicas que lo justifican», asegura.

Tanto Tamarit como Rodríguez lamentan que la eutanasia, como la muerte, siempre haya sido un tema tabú en España, «donde las ideas conservadoras pesan mucho más que en otros países pioneros». Aun así, hay que tener en cuenta que, según una encuesta de Metroscopia del 2017, el 84 % de la población española está a favor del derecho a una muerte digna.

¿Cómo debería regularse?

Los expertos en derecho penal aseguran que la normativa de Holanda, país pionero en la legalización de la eutanasia y donde es legal desde 2002, podría servir como referencia a España. Así, pues, en caso de que se aprobara el derecho a una muerte digna en España, sería necesaria una reforma del Código penal, que debería ir acompañada de una ley especial que estableciera, de una manera muy precisa y completa, las situaciones en las que puede tener lugar la eutanasia. «Además de despenalizarla, hay que indicar muy bien en qué supuestos se puede llevar a cabo, quién debe intervenir y cómo se ha de expresar el consentimiento del paciente para que no quede ninguna duda sobre si una persona quiere morir o no», asegura Rodríguez.

Rodríguez y Tamarit consideran que el consentimiento explícito y firme de la persona afectada y la intervención de un médico a la hora de llevar a cabo la eutanasia deben ser dos de los requisitos clave para legalizarla. «Tratándose de una decisión irreversible y de la máxima trascendencia, es imprescindible regular su consentimiento, ya que existe el riesgo de interferencias en la decisión por parte de personas que puedan tener interés en la muerte de alguien», asegura Tamarit.

Según el profesor, el derecho a morir cuando hay circunstancias objetivas que provocan un sufrimiento que la persona no quiere soportar está totalmente justificado. «La sociedad no debe impedir el ejercicio de este derecho básico del individuo ni puede inhibirse del tema y así dar lugar a que personas desesperadas opten por quitarse la vida clandestinamente o que otros sujetos, por compasión y queriendo ayudarlas, deban responder de la acción con sanciones penales», concluye.