El incivismo y la inseguridad marcan las políticas de videovigilancia en el Estado

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El incivismo y la inseguridad marcan las políticas de videovigilancia en el Estado

10/04/2012 En los últimos veinte años, las cámaras de vigilancia han aumentado su presencia en las calles y plazas de las ciudades. Al mismo tiempo, y en especial después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, la seguridad ciudadana ha entrado con fuerza en la agenda política local y global. ¿Es la videovigilancia la solución de la inseguridad ciudadana? ¿El ojo electrónico es una herramienta eficaz? Estas y otras cuestiones son tratadas en la tesis doctoral Per què la videovigilància? Seguretat, tecnologia i polítiques públiques, un estudio realizado por la directora del programa de Políticas de seguridad de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Gemma Galdon.

«El objetivo de la investigación es entender por qué en todo el mundo, de forma casi coordinada, la videovigilancia se ha convertido en una de las grandes apuestas políticas para asegurar los espacios urbanos», declara Galdon. Con este planteamiento de partida, la autora investiga cuáles son los procesos tecnológicos, las dinámicas sociales y las políticas urbanas que intervienen en la adopción de las cámaras como instrumento de las políticas públicas.

La situación de la videovigilancia en el Estado español forma parte del núcleo empírico del trabajo mientras que la inmersión en los estudios internacionales de este ámbito, desde diferentes disciplinas académicas (estudios de ciencia, tecnología y vigilancia; sociología urbana y sociología del derecho y la criminología), corresponde al enfoque más teórico de la investigación.
 

El carácter local de la videovigilancia en el Estado español

En el enfoque empírico de su tesis, Galdon analiza el despliegue de la videovigilancia en el Estado español, Cataluña y Barcelona. A diferencia de otros países más representados en los estudios sobre seguridad y vigilancia –como el Reino Unido y Canadá–, el Estado español recoge una serie de condicionantes históricos, legales y sociales que son significativamente diferentes en la apuesta por las cámaras.

«La iniciativa de instalar cámaras de vigilancia como herramienta de las políticas públicas para abordar los problemas de desorden urbano tiene una raíz claramente local», según Galdon. «Aunque el despliegue de las cámaras es desigual en el territorio, el caso español parece confirmar una tendencia al creciente protagonismo de los representantes políticos locales en la definición de la agenda política supralocal y también la de seguridad», añade la investigadora.

Además de la emergencia de la ciudad como un espacio de relativa autonomía y con capacidad de liderazgo político, el estudio constata «la existencia de un refuerzo mutuo entre el ámbito local y las dinámicas globales». Según la directora del máster de Políticas de seguridad, «la posibilidad de establecer relaciones de tú a tú entre municipios en el ámbito global permite que los entes locales no solo ignoren el espacio supralocal, sino que también eviten la aplicación de limitaciones legales de base estatal, amparándose en la supuesta legitimidad o éxito de experiencias ajenas».

En su tesis, la investigadora confirma el uso de la videovigilancia en el Estado español para cubrir principalmente actos incívicos y episodios de baja intensidad o agresiones, mientras que, en la mayoría de los países occidentales, la apuesta por las cámarasse relacionapredominantemente con secuestros, asesinatos y terrorismo. «Estas asociaciones provocan un impacto claro sobre el relato que se construye en torno a la videovigilancia y unos riesgos que se privilegian en el imaginario colectivo», apunta la autora.
 

El caso de Cataluña

En el caso de Cataluña, el estudio hace un «retrato del municipio 'tipo' con más posibilidades de sentir la necesidad de aumentar la seguridad ciudadana con las cámaras»:

- Tiene dimensiones medianas (en un 73,6% de las poblaciones de menos de 100.000 habitantes).

- Tiene una renta baja (inferior a los 14.000 euros en un 63,9% de los casos).

- Dispone de una cantidad razonable de policía (entre uno y dos agentes en la mitad de los municipios con videovigilancia).

- No depende del turismo como actividad económica principal (en un 72,2% de los caos, con menos de 25 plazas de hotel por cada 1.000 habitantes).

- Acoge una cantidad significativa de inmigrantes (más de un 12% de la población en un 45,9% de los casos).

Por el contrario, la investigación detecta que los municipios pequeños de renta alta y poco porcentaje de inmigración son los menos susceptibles de recurrir al ojo electrónico para los espacios públicos.
 

El incivismo y la videovigilancia en Barcelona

En la ciudad de Barcelona, el estudio sostiene que el incivismo es el aspecto que aporta significado a la adopción de la videovigilancia como un elemento de las políticas públicas de seguridad. «Durante los años en los que Barcelona renuncia al ojo electrónico (2003-2008), emerge el incivismo como preocupación pública y policial», explica la investigadora. «Si en 2001 se instalaron los dos primeros dispositivos públicos en la ciudad, actualmente hay veinte cámaras que enfocan explícitamente el espacio público y que controlan las calles y plazas de Barcelona y doscientas cámaras "perimetrales" que captan imágenes de entradas a edificios y elementos arquitectónicos de valor», añade Galdon.

«Mientras la videovigilancia en países occidentales se orienta a proporcionar seguridad en un mundo de riesgos globales, en el caso catalán y barcelonés (y todo parece indicar que también en el español) el discurso de la videovigilancia aparece enmarcado inequívocamente en una problemática más amplia y cotidiana: la inseguridad y el incivismo», concluye la autora.

La tesis doctoral, dirigida por Joan Subirats, se leyó en la Escuela de Políticas Sociales y Urbanas de la Universidad Autónoma de Barcelona, ante el tribunal formado por Ricard Gomà, Zaida Muixí y Amadeu Recasens.

Gemma Galdon es responsable del proyecto de investigación europeo IRISS: Increasing resilience in surveillance societies (en español, 'Aumentando la resiliencia en sociedades de vigilancia'). La UOC, junto con un consorcio de universidades y centros de investigación europeos, ha conseguido 2,6 millones de euros de financiación de la Comisión Europea para llevar término este proyecto.

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