Al hablar de sociedad del riesgo se hace referencia básicamente a una doble experiencia en la sociedad contemporánea: por una parte, la posibilidad —cada día mayor— de que se produzcan daños que afecten a una buena parte de la humanidad (se trata de daños que, como catástrofes repentinas o bien larvadas, están asociados a la universalización y a las condiciones de uso de la tecnología y a sus consecuencias negativas); por otra, la sociedad del riesgo consiste en la presencia, igualmente mayor cada vez, de decisiones arriesgadas dentro de la conducta cotidiana. Vivimos en una sociedad crecientemente tecnificada respecto a los procesos de producción, el funcionamiento de sus instituciones, y la vida diaria en la que tiene lugar la conducta individual: los ámbitos de acción, antes regulados por una tradición vinculante, ahora constituyen problemas de decisión y asunción de responsabilidad.

En este nuevo escenario de la sociedad del riesgo mundial, el bien público de la seguridad sólo puede ser el resultado de una gobernabilidad del riesgo y las emergencias que, en la esfera global tanto como en la local, no sólo garantice una intervención eficaz y eficiente de los servicios públicos en los accidentes y los desastres, sino también y quizás principalmente facilite la acción concertada de todos los actores institucionales y sociales en un prudente control de los riesgos.