¿Qué incidencia tienen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la administración de justicia contemporánea? ¿Qué cambios organizativos implican? ¿Qué nuevos perfiles profesionales se desarrollan? ¿Qué repercusiones tiene su implantación en el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos?
Éstas son algunas de las preguntas que inspiraron la realización del debate virtual "Hacia una e-justicia? El papel del juez en la sociedad del conocimiento" , que se desarrolló entre los días 23 de mayo y 10 de junio de 2002, con motivo de la celebración del Primer Día de la Justicia en Cataluña. Este artículo, que firman Joaquim Bayo y Marta Poblet, comoderadores del debate, ofrece una síntesis de las intervenciones y de las principales líneas de debate que tuvieron lugar.
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El objetivo del debate virtual sobre e-justicia consistía en emprender una reflexión sobre el papel de la justicia y sus profesionales –en especial, los jueces– en la articulación y aplicación de un derecho que, cada vez más, incorpora las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como instrumento y, al mismo tiempo, como ámbito sustantivo de creación de nuevos marcos y formas de relación jurídica. En definitiva, se trataba de comenzar la reflexión sobre un derecho y una justicia que se configuran por parte de actores y operadores de forma transversal, segmentada y flexible.
Inicialmente, el debate arrancó con dos líneas temáticas que, precisamente, querían incidir en los dos aspectos mencionados: por un lado, la aplicación, como instrumento, de las nuevas tecnologías en el ámbito de la justicia y, por otro, la conjunción entre derecho, justicia e Internet como ámbito de creación de nuevos marcos y formas de relación jurídica. Las contribuciones al debate, en este sentido, han aportado elementos de análisis ricos y variados. Por ello queremos ofrecer a continuación una síntesis en cuatro puntos de los temas tratados o apuntados por los participantes del debate.
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| 1.
| Nuevas tecnologías en el ámbito de la justicia civil: el papel de la nueva LEC como motor del cambio |
Tal y como han subrayado diversas contribuciones al debate, la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) establece no sólo la grabación digital de las vistas civiles, sino que también dispone de un amplio abanico de instrumentos de prueba. Ambos casos generan una polémica que, en buena medida, deriva de la falta –todo hace pensar que provisional– de una práctica judicial decantada. Así, el nuevo sistema de grabaciones audiovisuales ha suscitado un cierto debate en lo que concierne a la dificultad de obtención de copias de las declaraciones por parte de los peritos judiciales. En cuanto al catálogo de pruebas, el debate ha girado en torno al artículo 299.2 de la LEC ("También se admitirán, conforme a lo dispuesto en esta Ley, los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, así como los instrumentos que permiten archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables o de otra clase, relevantes para el proceso"), así como en torno al apartado tercero del mismo artículo, que abre la posibilidad, previa declaración de pertenencia por parte del juez, a otros medios de prueba no mencionados de forma expresa (es decir, a priori, a todo tipo de pruebas con formato o en soporte electrónico). De entre los puntos oscuros que se mencionan en cuanto a la redacción de la nueva LEC, destaca el interrogante de si el documento electrónico, a los ojos de la norma, se considera una prueba documental o no. La cuestión permanece abierta.
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| 2.
| Nuevas tecnologías en el ámbito de la justicia penal |
En lo que se refiere a este ámbito, el debate sobre el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ha sido más reducido, ya que las reformas en materia de derecho penal pueden considerarse todavía en fase de definición de objetivos. En este sentido, debe decirse que el Ministerio de Justicia prevé también en el ámbito penal la instalación de equipos de videoconferencia no sólo en diversos puntos de los edificios judiciales, sino también en centros penitenciarios, con la finalidad de evitar tanto desplazamientos de peritos y de testigos como traslados de presos. Estas propuestas han suscitado ya algunas reacciones en el ámbito profesional, como la del fiscal general del Estado, respecto a la cobertura legal de estas medidas. En nuestro debate, algunas contribuciones han expresado no sólo el deseo de que medidas de este tipo mejoren la eficacia de la justicia, sino también la necesidad de que las nuevas tecnologías en el ámbito de la justicia penal preserven y enfaticen los principios de oralidad, inmediación y contradicción que deben inspirar todo proceso. En síntesis, la idea es hallar el equilibrio que permita poner las nuevas tecnologías al servicio de la justicia y de sus principios rectores, y no al revés.
Finalmente, hay que mencionar en una dimensión transversal otros objetivos en el marco de los procesos de modernización de la Administración de justicia y las instituciones profesionales. Así, tanto la Administración central como las comunidades autónomas que ejercen competencias en materia de justicia están desarrollando programas. En este sentido, los programas más paradigmáticos son Libra y su sucesor Minerva (gestión procesal general) y Lexnet (comunicación tecnológica segura entre operadores jurídicos). En cuanto a abogados, procuradores y notarios, también se están desarrollando proyectos –por ejemplo, el proyecto "E-notario"– con el objeto de que sea posible encriptar y autenticar de forma fiable la firma digital de estos profesionales.[1]
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| 3.
| Nuevos perfiles profesionales |
La emergencia de nuevos perfiles profesionales suscitada por la implantación de las nuevas TIC ha sido también uno de los ejes importantes del debate. Un aspecto concreto de la discusión gira en torno a uno de los llamados "puntos de intersección entre justicia y nuevas tecnologías": el computer forensics. Según la definición que se propone en uno de los mensajes, el dominio del computer forensics hace referencia al "proceso de identificar, preservar y analizar evidencias digitales que sean aceptables en un procedimiento legal", si bien en términos prácticos "se consideran básicamente incidentes y delitos relacionados con la seguridad y otros relacionados especialmente con el uso de Internet". Otra vez, pues, volvemos al tema crucial de las pruebas. De hecho, la expansión del catálogo potencial de pruebas requiere, de forma casi ineludible, la incorporación de nuevos perfiles profesionales en los sistemas judiciales. Como ha expuesto muy recientemente el abogado Mike Tonsing respecto al caso Andersen-Enron, "parece que incluso los más sofisticados destructores de documentos todavía no se han dado cuenta de que los tiempos han cambiado y de que la tecnología de recuperación de documentos tiene la precisión de una bomba inteligente".[2] En definitiva, ya no se trata sólo de los llamados "peritos informáticos", sino de equipos multidisciplinares que sean capaces de ofrecer a jueces, fiscales y abogados la pericia imprescindible en la preparación, instrucción o seguimiento de casos complejos.
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| 4.
| Internet y criminalidad |
El debate incluye también aportaciones sobre "nuevas formas de relacionarse, de organizarse, de ayudar y de delinquir". La Red es también un ámbito de difusión de contenidos inequívocamente ilícitos, por ejemplo por su carácter racista y xenófobo. Los atentados a la dignidad de las personas y a los valores cívicos, por tanto, adquieren nuevos soportes y nuevas formas de publicidad. La capacidad de los sistemas de justicia para preservar el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, así como para reparar sus violaciones, en definitiva, tendrá que dirimirse también en este ámbito en las próximas décadas.
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[Fecha de publicación: julio de 2002]
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