Desde su adopción en 1987, la Ley de propiedad intelectual ha sido objeto de diversas modificaciones como consecuencia, principalmente, de la necesaria incorporación de las sucesivas directivas europeas que han ido avanzando en la armonización del derecho de autor en los países miembros de la UE. En la actualidad existen dos directivas pendientes de incorporar en España: la Directiva 2001/29/CE, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los de autor en la sociedad de la información –comúnmente denominada Directiva de la sociedad de la información–, y la Directiva 2001/84/CE, relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original –cuyo plazo de implantación finaliza el 1 de enero del 2006.

La incorporación de la DSI a las diferentes legislaciones nacionales ha resultado complicada y lenta, igual que lo fue en su momento su tramitación en el seno de la UE. En noviembre del 2002 el anterior Ministerio de Educación, Cultura y Deporte hizo público el texto de un borrador de anteproyecto que aprovechaba la implantación de la DSI para realizar una reforma extensa de la LPI. El borrador propició un debate animado e incluso dio lugar a la difusión –unos meses después, y de forma oficiosa– de una segunda versión de éste. A la espera de ver cuál es la decisión del nuevo gobierno, el presente artículo examina los diversos aspectos del citado borrador y la bondad de una reforma substancial con respecto a algunos puntos concretos de la LPI que han demostrado ser conflictivos.