De conformidad con la Ley de defensa de la competencia del año 1989 en España había un Servicio y un Tribunal de Defensa de la Competencia que respondían a un modelo centralizado. Las razones aducidas posteriormente a favor de un modelo de distribución de competencias eran, entre otras, la convivencia en la Unión Europea de los modelos comunitarios con los propios de cada estado, y el hecho de que, si bien la legislación sobre defensa de la competencia no podía atribuirse a las comunidades autónomas, sí podía serlo su ejecución. Después de la sentencia 208/1999 del Tribunal Constitucional que dejó la puerta abierta a las comunidades autónomas que quisieran tener organismos propios de defensa de la competencia, en Cataluña se crearon el año 2002 el Tribunal Catalán de Defensa de la Competencia (TCDC) y la Dirección General de Defensa de la Competencia.

Las dos grandes áreas de actuación de estos órganos catalanes son la vigilancia para evitar conductas que impidan, falseen o restrinjan en todo o en parte la competencia, y el fomento de la libre competencia en lo que se conoce por advocacy of competition. Entre las actividades del Tribunal está la realización de propuestas de mejora de la legislación, la elaboración de estudios e informes –como en el caso del paquete de modernización impulsado por la Comisión Europea– o la organización de seminarios y jornadas como la de Competencia y TIC, especialmente justificada por la importancia de las repercusiones sociales y económicas del sector de las tecnologías de la información y la comunicación.