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La responsabilidad penal en el seno de Internet constituye hoy uno de los temas de mayor interés en el binomio Derecho Penal-nuevas tecnologías. La incertidumbre jurídica de Internet se proyecta sobre el papel que desempeñan los distintos operadores, reclamándose reglas de juego precisas en el flujo de datos; reglas que conjuguen el rol socioeconómico del intercambio de datos con la especial arquitectura de Internet, determinante de las relaciones entre operadores, posición de dominio, capacidad de control, etc., como garantía de equilibrio entre los bienes jurídicos implicados y del funcionamiento eficaz del medio. La Directiva 2000/31/CE, del Comercio Electrónico, aporta parámetros ciertos de reflexión sobre los que anclar la responsabilidad penal que podrá ser exigida a los intermediarios de Internet y aquellos espacios en que la jurisdicción penal deberá quedar al margen.
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