En el trabajo nos vigilan y no lo sabemos

Foto: Flickr / Alexander Svensson (CC)
05/04/2016
Nria Bigas Formatj

Grabar a los trabajadores sin que sean del todo conscientes de ello ya es legal. As lo ha ratificado la sentencia del Tribunal Constitucional 3/3/16, emitida este mes de marzo, que establece que la empresa podr vigilar con cmaras a sus empleados sin informarlos del fin concreto de estas grabaciones y sin contar con su consentimiento. Con un distintivo genrico de "zona videovigilada" es suficiente. Hasta ahora, se exiga que los empresarios dieran informacin «previa, expresa, precisa, clara e inequvoca» a los trabajadores sobre el fin de instalar cmaras de videovigilancia en los lugares de trabajo. Esta sentencia supone un cambio de doctrina y «choca de lleno con el derecho a la intimidad y a la dignidad, y ampara cierta presuncin de culpabilidad», afirma el profesor Pere Vidal, colaborador de Derecho de la UOC.

«Con la anterior sentencia del Tribunal Constitucional 29/2013 era necesario que hubiera distintivos anunciando la instalacin de videovigilancia, que se notificase la creacin en el fichero en la Agencia Espaola de Proteccin de Datos y que se indicara en qu casos las imgenes seran examinadas, con qu propsitos y durante cunto tiempo, explicitando si se utilizaran como sistema de control del trabajo y si se impondran sanciones disciplinarias», afirma Pere Vidal, que aade que «aunque las cmaras fueran apreciables a simple vista, la empresa tena el deber de informar de ello a los trabajadores de forma precisa».


Trabajadores videovigilados, desinformados y sospechosos

«Ahora, la mera sospecha de que un trabajador est cometiendo una irregularidad convierte la instalacin de cmaras en una medida idnea para el empresario y amparada por la ley», explica Vidal. «No se necesita el consentimiento expreso del trabajador para el tratamiento de imgenes grabadas», pues, segn el Tribunal Constitucional, «se trata de una medida destinada a controlar el cumplimiento de la relacin laboral, los derechos y deberes laborales del trabajador y no atenta, como hasta ahora, contra su derecho a la intimidad ni a la dignidad».

El abogado laboralista afirma que «el empresario," ante una "sospecha previa acreditada y fundada", tiene el amparo para instalar cmaras de videovigilancia sin explicitar su fin a los trabajadores», pero advierte de que los lmites entre sospecha e indicio pueden ser confusos y demasiado subjetivos. «El peligro de esta sentencia es que, en ocasiones, puede ser difcil determinar cundo nos encontramos ante una sospecha fundamentada y cundo lo que se pretende realmente es controlar la actividad de los empleados, tratando de "pillarlos" en un incumplimiento sin haberlos advertido de la presencia de las cmaras.»


Trabajadores presuntamente culpables

De hecho, tal y como alerta Pere Vidal, la doctrina puede transgredir la buena fe contractual entre trabajador y empresario e «instaura una "presuncin de culpabilidad" que ampara la instalacin de cmaras». Estamos ante un nuevo sistema de control laboral, y Pere Vidal considera que, «de conformidad con el artculo 64 del Estatuto de los trabajadores, la empresa debera avisar a los representantes legales de los trabajadores (Comit de Empresa o delegados de personal) de la instalacin de cmaras, informndoles de su ubicacin y los motivos de la misma».


Ms videovigilancia, ms inseguridad laboral

Se trata de una sentencia que permite grabar en cualquier espacio donde se desarrollen tareas laborales, desde despachos hasta tiendas, etc. «Son las grandes empresas las que», segn Neus Soler, profesora colaboradora de los Estudios de Economa y Empresa de la UOC, «pueden sumarse a esta tendencia, pues permite hacer muy patente el nivel de productividad de los trabajadores, su implicacin con la empresa y su honestidad, y hacer ms visibles ciertas "irregularidades"».

«Sin embargo, la instalacin de cmaras debe ser equilibrada con las necesidades de la empresa y el fin pretendido», explica Pere Vidal, que afirma que la sentencia tiene en cuenta la proporcionalidad, es decir, «si dos cmaras son suficientes para conseguir el fin pretendido, no hay que instalar seis, y si con la grabacin audiovisual es suficiente, no ser necesario grabar el sonido». Neus Soler explica que, a pesar de la proporcionalidad, «para los trabajadores, la sensacin de sentirse vigilado supone incomodidad, nadie se siente cmodo sabiendo que est siendo vigilado, y todava menos sin saber el fin o los motivos de ello». La experta aade que esta medida «aumenta la inseguridad laboral de los empleados. Saber que ests controlado puede crear incertidumbre, estrs y angustia».

El dilema reside, en definitiva, en «decidir si las medidas de control pueden aumentar la productividad de los trabajadores o no». Neus Soler concluye que «restringir la autonoma de las personas es negativo y que para aumentar la productividad hay que motivar a los trabajadores y confiar en su responsabilidad».

#expertosUOC

Pere Vidal

Profesor colaborador de los Estudios de Derecho y Ciencia Poltica de la UOC y abogado laboralista.

Experto/a en: derecho del trabajador.

Ámbito de conocimiento:

Neus Soler

Profesora colaboradora de los Estudios de Economa y Empresa de la UOC.

Experto/a en: tcnicas de mercado, mrketing y gestin comercial.

Ámbito de conocimiento: