16/11/18

De niños a adultos en un día: la vida de los niños tutelados pasados los 18 años

2.500 jóvenes pierden cada año la protección de la Administración cuando llegan a la mayoría de edad
Foto: Rawpixel / Unsplash (CC)

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En España hay unos 34.000 niños tutelados por el Estado. Menores de edad que —en la inmensa mayoría de las ocasiones— provienen de familias que por circunstancias personales o sociales graves no pueden hacerse cargo de ellos y acaban bajo el cuidado de la Administración de turno. Los hay nacionales e inmigrantes, chicos y chicas. Algunos acaban viviendo en centros de acogida o residenciales, otros son acogidos por sus familias «extensas» (tíos, abuelos) y unos pocos por familias ajenas de acogida. Pero todos tienen algo en común: a los 18 años, con la mayoría de edad, se acaba la tutela y, por tanto, la protección de la Administración. De un día para otro, con el cumplimiento de la mayoría de edad, la vida de muchos de estos jóvenes da un vuelco de 180 grados, un salto gigante que afecta a unos 2.500 al año.

«En muchos casos, ahí se acaba la protección del Estado», explica Jordi Solé, coordinador del Laboratorio de Educación Social (LES), grupo de investigación de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC, si bien en la mayoría de comunidades autónomas se llevan a cabo programas de apoyo para jóvenes extutelados en los que se les ofrece una vivienda donde convivir con otros jóvenes en su misma situación bajo la supervisión de educadores, se los incluye en programas de inserción sociolaboral y reciben alguna prestación económica. Esas ayudas son limitadas en el tiempo: en la mayoría de los casos, hasta que los jóvenes cumplen los 21 años. Las competencias en este sector son de las comunidades autónomas y cada una ha regulado a su manera las medidas de apoyo a los jóvenes extutelados. Casi todas coinciden en esa edad límite de 21 años, excepto Galicia, que llega hasta los 25.

Algunos de estos jóvenes presentan dificultades sociales y educativas. «Haber sufrido situaciones de desamparo por negligencias graves, maltrato, enfermedades mentales de los padres o adicciones, estilos de vida delictivos, etc. tiene efectos en la vida de estos chicos y chicas», explica Solé. «Siempre hay un sufrimiento psíquico ante esas situaciones, también en el momento que interviene la Administración cuando la separación de los padres o las familias de origen es traumática. A veces, la medida de protección que se aplica no consigue ofrecer un entorno más seguro y estable. Unos abuelos o unos tíos no siempre son la mejor opción. Por otro lado, en algunos centros se viven situaciones muy tensas. Depende de muchos factores: el tamaño de los centros, la mezcla de niños pequeños con adolescentes muy desafiantes, la oferta pedagógica del centro, la excesiva movilidad de los profesionales, que a menudo trabajan en condiciones muy precarias debido a la externalización masiva de la gestión de los equipamientos residenciales, etc.», añade.


Hasta tres de cada cuatro niños tutelados no obtienen el título de la ESO

La tasa de fracaso o abandono escolar de los jóvenes extutelados es muy elevada. Las cifras difieren según la fuente y el territorio, pero, a modo de ejemplo, en la Comunidad de Madrid, solo terminan la ESO el 27 % de los jóvenes tutelados, según datos de la Consejería de Educación. Dicho de otra manera, tres de cada cuatro adolescentes saldrán del programa de tutela de la región sin un título de secundaria bajo el brazo con el que acudir al mercado de trabajo. La media nacional es del 80 % de titulados. Con estos mimbres es complicado tejer un cesto sólido, cuenta Solé. «Sería necesario reforzar las medidas de apoyo una vez se cumple la mayoría de edad, más pisos para jóvenes extutelados, acompañamiento profesional, prestaciones económicas, etc.», dice Solé.

Los problemas que tienen que afrontar no son pocos ni pequeños: «Desde cuestiones materiales como la gestión del dinero o el alojamiento hasta su incorporación en un mercado laboral que no ofrece oportunidades para nadie. Se añade también un sufrimiento invisible por hallarse, en muchas ocasiones, solos en el mundo. Muchos se quedan desamparados, aunque al ser mayores de edad puedan entrar en los circuitos normales de atención social, siempre muy limitados», explica. O sea, percibir la renta mínima de inserción (su cuantía varía según las comunidades autónomas, en Madrid oscila entre los 400 euros y los 655, en Catalunya se llama Renta Garantizada de Ciudadanía y está entre 564 y 1.062 euros) y a apañarse.

Las opciones para los extutelados básicamente se reducen a tres: o vuelven con sus familias de origen (por un lado es la idea inicial de las tutelas, explica Solé; por el otro, nadie se lo puede impedir al ser mayores de edad), o pasan a buscarse la vida como puedan, o se quedan en un piso de apoyo para la emancipación.

Pero los pisos «no son un albergue», como diría todo padre o madre que se precie a su hijo. Quien acude a ellos lo hace bajo algunas condiciones, comprometiéndose en un proyecto educativo a partir del cual orientar el futuro, estudiando o buscando un trabajo, siempre acompañados por educadores sociales y otros profesionales que guían a los jóvenes en el proceso de hacerse adultos independientes. «Hay que tener en cuenta que, en algunos casos, han pasado toda una vida institucionalizados», dice este profesor de la UOC, que también trabajó como educador en centros de acogida y residenciales y como pedagogo en un equipo de atención a la infancia y la adolescencia de Cataluña.

En los últimos años, las administraciones están teniendo que lidiar con un problema nuevo para el que no acaban de estar preparadas, advierte Solé: la llegada de inmigrantes menores de edad sin adultos que los acompañen. «La respuesta que ofrece el sistema de protección no acaba de adecuarse a sus necesidades y esto causa muchos problemas, tal y como se ha podido ver en los últimos meses», explica. «En su mayoría son jóvenes que, o están de tránsito hacia otros países de Europa, o vienen a trabajar, pero una Ley de extranjería tan racista como la que tiene España impide su inserción en el mercado laboral».

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