Según datos de la Oficina Antifraude de Cataluña, la mitad de los casos de corrupción son denunciados por ciudadanos, el 19% por grupos políticos y solo un 8% por funcionarios o empleados públicos. «La mayoría de estos casos se detectan porque la persona es delatada o por accidente. Solo un 14% es fruto de una auditoría interna», afirma Agustí Cerrillo, profesor de Derecho de la UOC y organizador de la Jornada sobre los Alertadores de Corrupción, que tendrá lugar este miércoles 19 de diciembre en la sede del Universidad en Barcelona.
Hervé Falciani, Ana Garrido (testigo de la Gürtel) o Azahara Peralta (jefa de obra de Acuamed) son algunos de los nombres de personas que destaparon alguna trama de corrupción. Esta figura se conoce hoy como alertador. «Se entiende que es cualquier persona que tiene una convicción razonable sobre la fiabilidad de una información constitutiva de alerta a la que ha tenido acceso y la pone en conocimiento de terceras personas mediante una denuncia. No se considera alertador quien actúa a cambio de una remuneración económica o contraprestación patrimonial de cualquier tipo, como es el caso, por ejemplo, del comisario Villarejo», explica Cerrillo.
La soledad de los denunciantes
En general, los testimonios de personas que han denunciado un caso de corrupción coinciden en resaltar la falta de protección a la que se ven expuestas, como ocurre en algunos ejemplos que recoge la Plataforma por la Honestidad. Según Cerrillo, muchos casos de corrupción son conocidos por las personas cercanas a las implicadas o a sus actuaciones, pero lamentablemente no se plantean hacer públicas estas situaciones por miedo a represalias laborales o sociales. «Es necesario crear canales de alerta y de denuncia y mecanismos de protección de los informadores, anonimato y confidencialidad de las denuncias, normas para evitar las represalias, por ejemplo.»
Ahora, la Unión Europea, el Congreso de los Diputados y el Parlamento de Cataluña están tramitando proyectos normativos para regular estos canales y velar por la protección de los alertadores. Hasta ahora, España es el único país de la OCDE que no protege a los denunciantes de corrupción estatalmente. En esta línea, un estudio reciente sobre los mecanismos de apoyo a denunciantes de corrupción en Europa puntuó a España con 0 puntos —de un máximo de 27— basándose en nueve estándares comunitarios e internacionales.
Durante la Jornada, dos ponencias abordarán las cuestiones sobre cómo alertar de los casos de corrupción en dos mesas a cargo de José María Pérez Monguió, profesor de Derecho administrativo de la Universidad de Cádiz, y Simona Levi, de la red XNet. La mesa que comienza a las 17.30 h analizará las medidas necesarias para proteger a los informantes con el doctor Humberto Gosálbez, de la Universidad de Córdoba, y Lourdes Parramon, de la Oficina Antifraude de Cataluña.
Contratación irregular, temas de función pública y urbanismo, los más denunciados
Los circuitos para hacer llegar una alerta son variados y cada vez hay más canales. «Se pueden hacer llegar a la policía, a la fiscalía y a las agencias anticorrupción», detalla Cerrillo. Hoy ya son cinco las comunidades autónomas que han creado o que tienen previsto crear alguno; también hay iniciativas ciudadanas como la red XNet que permite, por medio de un buzón, enviar de manera confidencial alertas de corrupción. Los ayuntamientos de Madrid y de Barcelona han avanzado en esta dirección, en el caso de la capital, con la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción.
«El modelo hacia el que se quiere ir es que la denuncia se haga ante las agencias anticorrupción, que estas realicen un análisis de verosimilitud y, si es necesario, una investigación. Si se considera que puede haber un delito, trasladan el caso a la fiscalía o a los juzgados», comenta Cerrillo. «Hay que asegurar que las alertas y las denuncias se hacen de buena fe y no para perjudicar al denunciado», añade.
La contratación irregular (47,1%), temas de función pública (15,7%) o de urbanismo (11,8%) y conflictos de interés e incompatibilidades (9,8%) fueron las principales materias de investigación de 2017 según la Oficina Antifraude de Cataluña.
La Jornada sobre los Alertadores de Corrupción
La corrupción es un problema financiero, político y también social. La percepción de los españoles consigue 57 puntos en el informe de Transparencia Internacional de 2017, donde 0 significa percepción de país muy corrupto. En base a este ránking, España acumula una pérdida de ocho puntos en los seis últimos años y marca un nuevo mínimo histórico. Según datos del Barómetro de la Oficina Antifraude de Cataluña de 2018, la ciudadanía cada vez tiene más conciencia del papel clave que tiene en la lucha contra la corrupción: el 36% considera necesario denunciarla, el 31% votar a partidos políticos que luchen contra estas irregularidades, el 17% asociarse a alguna organización para combatirla y el 12% difundir los casos en redes sociales.
Ante este escenario, los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC organizan esta jornada, que tendrá lugar el miércoles 19 de diciembre de 16.00 a 20.00 h y que abordará estos temas y analizará las experiencias existentes y las diferentes iniciativas que se tramitan actualmente con el fin de hacer aportaciones útiles al debate legislativo.
Participarán en el acto varios especialistas, que harán intervenciones sobre los ejes principales en torno a los cuales se organiza la Jornada. También habrá expertos de las administraciones públicas y de la sociedad civil que lideran proyectos pioneros en esta materia, que compartirán su experiencia con relación a las diferentes temáticas analizadas. Se puede consultar el programa aquí.
Contacto de prensa
-
Redacción