Desde la perspectiva del derecho y de la ciencia política, la agenda de 2019 seguirá marcada en buena parte por las novedades y los desarrollos en el ámbito de internet y de las tecnologías digitales. La defensa necesaria de la privacidad en internet ante las tecnologías invasivas de captación y uso de datos personales, los problemas derivados de la propagación de noticias falsas en las redes sociales (las llamadas fake news) o bien la expansión de los gigantes del comercio electrónico, por mencionar solo algunos aspectos, son cuestiones de gran relevancia no solo social, sino también jurídica.
El legislador sigue con atención los desarrollos tecnológicos y trata de encontrar soluciones a los nuevos tipos de conflictos que se producen en la red para garantizar el ejercicio pacífico de los derechos fundamentales y para ofrecer seguridad jurídica a los operadores. Se suele decir que el derecho siempre llega tarde, y a menudo es verdad. Pero en todo caso, no hay duda de que últimamente el legislador ha sido muy activo, y todo hace prever que lo seguirá siendo en el año que comienza.
El año 2018 estuvo marcado por la nueva normativa europea de protección de datos (Reglamento general de protección de datos, RGPD), que se aplica a todos los estados miembros de la Unión Europea desde el pasado mayo. Se trata de una normativa muy ambiciosa, extensa y compleja. A pesar de que ya es plenamente aplicable, el cambio de cultura organizativa en las empresas requiere cierto tiempo de adaptación. Por ejemplo, para interiorizar conceptos como los de «privacidad en el diseño» o «privacidad por defecto», que exigen tener presentes los principios de protección de datos desde el primer momento de la concepción y el lanzamiento de un nuevo producto o servicio. Así pues, el año 2019 puede ser el año del cambio real en la cultura de la protección de datos en empresas y organizaciones. Será también el año en el que conoceremos las primeras sanciones y en el que se irán perfilando los criterios de interpretación que acabarán siguiendo las autoridades de protección de datos.
Será también el momento de la aplicación práctica de la nueva Ley de protección de datos y garantía de los derechos digitales, que entró en vigor el día 7 de diciembre y que prevé novedades relevantes, como el derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral fuera del horario laboral para garantizar el descanso y la intimidad personal y familiar. La misma ley recoge una serie de derechos digitales, entre otros, el derecho de rectificación en internet, y en particular en las redes sociales, en cuanto a contenidos que atenten contra el honor y la intimidad personal y familiar, y también un derecho de actualización de informaciones publicadas en medios de comunicación digitales.
Uno de los puntos más polémicos de esta ley es el relativo a la posibilidad de que los partidos y las organizaciones políticas utilicen los datos personales de los ciudadanos para fines electorales. Esta norma, que podría terminar impugnada ante el Tribunal Constitucional, permite a los partidos recopilar datos personales sobre las opiniones políticas de las personas y utilizarlos en época de campaña para sus actividades electorales. Aunque la Ley dice que solo se podrán recopilar datos cuando se adopten las garantías adecuadas, la justificación de la norma no resulta clara y ya ha despertado una gran controversia en la opinión pública. Durante 2019 veremos qué recorrido tiene y qué uso de los datos están dispuestos a hacer los partidos políticos, en un momento de gran preocupación por los escándalos de usos maliciosos de los datos personales para fines políticos, como el que se produjo en el caso de Cambridge Analytica.
Por otra parte, se espera que durante 2019 se apruebe otra normativa sobre privacidad, el Reglamento sobre privacidad en las comunicaciones electrónicas, que tendrá importantes repercusiones, entre otras, en relación con el uso de las famosas galletas (cookies) que instalan las páginas web para rastrear nuestra navegación en internet.
También durante el año que comienza se esperan novedades en cuanto a la regulación de las plataformas de internet. La UE pide cada vez más control de los contenidos, en particular de los contenidos de odio o de fomento del terrorismo. Pero también —y esta es la novedad que puede llegar en 2019—, en relación con las infracciones de derechos de autor. Mientras que hasta ahora las plataformas de vídeo no eran responsables de los contenidos colgados por los usuarios si no tenían conocimiento de su ilicitud, la nueva regulación sobre derechos de autor que prepara la UE prevé hacer directamente responsables a las plataformas y obligarlas a filtrar los contenidos para evitar que los usuarios cuelguen material que vulnere los derechos de autor.
Estos son solo algunos ejemplos de lo que puede marcar la agenda de 2019 en el campo de los aspectos legales y políticos de internet. Para los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC, este campo es uno de los principales ámbitos de investigación, que se manifiesta en diferentes resultados, entre otros, en la publicación de la revista científica IDP Revista de Internet, Derecho y Política y en la organización anual de un congreso académico internacional con el mismo nombre. Las múltiples ediciones del congreso, que en los últimos años han tratado cuestiones como la economía colaborativa (2018), la gestión del riesgo en la sociedad digital (2017), el espacio digital europeo (2016), las ciudades inteligentes (2015) o los macrodatos (2013), ponen de relieve el interés y la evolución constante de este campo.
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