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La reforma laboral abre un escenario de incertidumbre y un aumento de la conflictividad social a corto plazo
[27/03/2012]
A pocos días de la convocatoria de la huelga general por parte de los sindicatos como medida de protesta por la aprobación de la nueva reforma laboral, el debate sobre esta y su repercusión en las relaciones laborales es una cuestión de máxima actualidad. Para dar respuesta a los interrogantes que abre este nuevo marco, combinando una visión rigurosa y de análisis técnico del contenido con personas de reconocido prestigio, y ofrecer un contrapunto sobre los nuevos escenarios que se abren en su despliegue, la UOC organizó el jueves 22 de marzo una Jornada sobre la Reforma Laboral.

[Crónica de Joan Esculies]

Los diferentes análisis de los profesionales y expertos que debatieron la reforma laboral en el edificio central de la UOC auguran un escenario de incertidumbre en las relaciones laborales a raíz de la reforma y un aumento de la conflictividad social a corto plazo. En la Jornada quedó manifiesta la perplejidad de una parte de la judicatura ante la reforma, el descontento de los sindicatos UGT y CCOO al respecto y su demanda de un cambio de modelo productivo, la visión positiva y conciliadora de la patronal PIMEC, y las expectativas del Gobierno de la Generalitat de que la reforma sirva para ir hacia una mayor corresponsabilidad de los agentes sociales a la hora de llegar a acuerdos.

 

 

La perplejidad de la judicatura

La Jornada constó de dos mesas. La primera, centrada en la nueva reforma laboral del 2012 y los nuevos escenarios empresariales y sociales derivados de esta, contó con Joan Agustí, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y profesor universitario, y Miquel Àngel Purcalla, juez social y consultor de la UOC, con Ignacio Beltran de Heredia, profesor de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC, como moderador.

 

Joan Agustí expresó «la perplejidad y las dudas desde la función judicial ante la reforma». El magistrado expresó sus dudas al respecto afirmando que «la reforma parte de una visión economicista del despido, considerando los días que hay que pagar al trabajador despedido como un coste, en vez de la visión juridicoconstitucional, que se fundamenta en el derecho del trabajador a no ser despedido si no es por una causa fundamentada y que, por lo tanto, entiende estos días como una compensación». Agustí quiso destacar también que «la reforma cambia el escenario, porque desaparece el reconocimiento de la improcedencia del despido, potencia las vías de extinción del contrato laboral y disminuye la indemnización en cuanto a número de días que hay que pagar. El magistrado enfatizó también que uno de los efectos inmediatos derivados de la reforma será que «la judicatura deberá afrontar muchos más expedientes, porque las posiciones se radicalizarán y se llegará a muchos menos acuerdos». También advirtió que el análisis de la razonabilidad de las medidas que las empresas adopten, especialmente en los despidos por causas objetivas, es un elemento de contenido constitucional, que una ley no puede evitar.

Por su lado, Miquel Àngel Purcalla consideró que la reforma «es la más transversal que ha existido hasta ahora y que genera una nueva dinámica entre la empresa y el trabajador». Entre las medidas positivas consideró el reconocimiento al derecho del trabajador a la formación para adaptarse a los cambios, a pesar de que considera que «el cheque de formación se podría repensar y mejorar». Purcalla señaló también que «se fortalece el papel de las ETT como empresas de colocación» y alertó que el contrato indefinido para emprendedores «puede esconder una vía para extinguir el contrato sin tener que pagar indemnización». Por otra parte, sostuvo que el nuevo contrato indefinido para emprendedores «abre vías a que la empresa busque trabajadores en el paro con bases de cotización altas, para que le salga más barata su contratación». Cerró la mesa Ignacio Beltran de Heredia, que sostuvo que la reforma «aboca a la judicialización del despido» y auguró que «el trabajador vivirá en una insatisfacción crónica, porque tiene que aceptar sacrificar el derecho del trabajo en pro de la mejora de la optimización y competitividad de la empresa o resignarse a ello». Para el profesor de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC, «la clave de la reforma reside en qué precio se está dispuesto a pagar para mantener la ocupación», y concluyó señalando que ante esta cuestión «hay en juego la paz social».

 

 

Por un nuevo modelo productivo

La segunda mesa de la Jornada giró en torno a la flexibilidad negociada como medida contra la crisis después de la reforma de 2012. Esta mesa contó con la participación de Joan Samsó, coordinador de la Secretaría de Política Sindical de la UGT; Juan Manuel Tapia, secretario de Negociación Colectiva de CCOO, y Jana Callís, directora de Relaciones Laborales de la patronal PIMEC, con Elisabeth Motellón, profesora de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC, como moderadora.

 

Ambos representantes sindicales coincidieron en señalar que «se ha comprobado con las numerosas reformas anteriores que la reforma del derecho del trabajo no tiene una consecuencia en la creación de empleo». Samsó y Tapia sostuvieron también que «la flexibilidad de la que habla la reforma no es negociada y que solo servirá para pasar del empleo al paro y del paro al empleo». Asimismo, auguraron que «en aquellos casos en los que no haya un acuerdo y el empresario tome una decisión unilateral, se acabará en el juzgado». Los representantes sindicales abogaron también «por la necesidad de un cambio de modelo productivo, en vez de una reforma laboral». Samsó, además, señaló que «inmediatamente después de la aprobación de la reforma el número de expedientes de regulación de empresa presentados se ha triplicado».

La representante de PIMEC, por su lado, recordó que la pequeña y mediana empresa representa el 99% del tejido empresarial catalán y sostuvo que «el marco ideal es llegar a un acuerdo interno de flexibilidad negociada, pero que cuando este no se produzca la nueva reforma da herramientas al empresario para decidir». Callís auguró que «el empresariado será lo suficientemente responsable para saber qué conviene a cada empresa, tanto para asegurar la viabilidad de la misma, como para no generar un clima adverso entre los trabajadores». En este sentido, aseguró que, «si la reforma se utiliza sin pensar, vamos directos al conflicto, pero el empresario tiene que hacer autocrítica y saber gestionar la situación, y desde la patronal hacemos pedagogía también en este sentido». Cerró la mesa la profesora Motellón, que expresó sus dudas sobre la eficiencia de la reforma, «cuando los empresarios hablan de falta de demanda y de la incertidumbre en el futuro como motivos para no contratar nuevos trabajadores y no por el coste del despido, que es lo que la reforma abarata». Motellón también señaló que numerosos estudios demuestran que «una flexibilidad interna y externa muy grandes no funcionan a la hora de hacer productivo el modelo».

 

 

La madurez de los agentes sociales catalanes

La Jornada se cerró con la ponencia «El nuevo escenario de las relaciones laborales», a cargo de Ramon Bonastre, director general de Relaciones Laborales de la Generalitat de Cataluña, y un debate moderado por Josep Ginesta, director de la Oficina de Trabajo de la UOC.

 

El representante del Gobierno se manifestó «convencido de que la reforma era necesaria, aunque no sé si será útil». Bonastre consideró, además, que «la crisis en Cataluña la afrontamos a expensas de la pérdida de talento, y esto hay que evitarlo». Señaló que este hecho es una consecuencia directa «de las alegrías en la contratación temporal cuando el PIB aumenta, porque el marco normativo lo permite, pero en cambio cuando el PIB cae, la contratación disminuye y lo hace de forma muy superior a lo que ocurre en otros países». Sin embargo, el director general de Relaciones Laborales de la Generalitat se mostró optimista al destacar «la madurez de los agentes sociales catalanes», y esperanzado en que «la reforma derivará en un cambio de actitudes de las partes, yendo hacia un marco de corresponsabilidad de los agentes laborales, como sucede en países como Alemania».

Bonastre no se mostró preocupado por el hecho de que la reforma implique la desaparición de la capacidad de la Administración en la autorización de los expedientes de regulación de ocupación. Bonastre lo vio como un hecho positivo, porque «hasta ahora no se iba a buscar la solución al cierre de la empresa o de la unidad productiva, sino solo a pactar una indemnización». En este sentido aseguró que «el hecho de que la administración deje de hacer esta función, no significa que no continúe existiendo una autoridad laboral; esta seguirá actuando». Bonastre auguró que después de unos meses iniciales con un aumento de la conflictividad social, «después del verano el escenario se irá reconduciendo».

 

 
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