Actualidad

En este sentido, la profesora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC Judith Clares asegura que «se ha hecho evidente la centralidad que juegan los contenidos en el escenario digital, escenario en el que un número significativo de iniciativas, que no contaban con los derechos de las obras de que disponían, se han adelantado a la industria; esta industria, por su parte, ha necesitado tiempo para negociar la cesión de derechos de las obras audiovisuales para la ventana internet».

Atendiendo a estas necesidades, se ha ido trabajando para mejorar la protección de los derechos de autor en internet. En España se aprobó la ley Sinde-Wert, que pretende ofrecer una solución y proteger las obras sujetas a derechos de autor de portales que se lucran mediante la descarga de contenido sin tener los derechos; sin embargo, ha tenido claros detractores que ven, en este tipo de regulación, peligrar los derechos fundamentales de los usuarios en la red.

«La protección de los derechos de autor se ha convertido en un factor crítico para regular el mercado», afirma Clares, directora académica del posgrado «Distribución audiovisual: VOD y nuevos modelos de negocio» de la UOC-filmin. «Es indiscutiblemente necesario que tomemos conciencia de la necesidad de respetar los derechos de autor y que revisemos la regulación en materia de propiedad intelectual sin olvidar el respeto al consumidor. Al mismo tiempo, creo que la consolidación y propuesta de canales legales alternativos, intuitivos y de fácil uso para el consumidor, con una oferta atractiva de productos audiovisuales y a precios competitivos, puede llegar a ser, junto a los puntos mencionados, una buena solución para luchar contra la piratería. Habrá que verlo».

Una regulación necesaria

El choque de intereses entre los usuarios de internet y las industrias de contenidos audiovisuales no debe hacer que sea el consumidor el que salga perjudicado.

La regulación de la propiedad intelectual ha abierto el debate social con movimientos en contra de la ley Sinde-Wert, por miedo a un excesivo intervencionismo que pueda coartar la libertad en internet. Ahora bien, como explica el socio fundador de filmin, Jaume Ripoll, en la revista ComeIn de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC, «regular el mercado no significa penalizar al consumidor ni limitar su capacidad de poder exponer obras que tenga en propiedad. Para nosotros regular el mercado significa penalizar a aquella persona que obtiene un beneficio, que se lucra de unas obras que no son suyas, bien mediante ingresos publicitarios, bien mediante pago de tarifas planas, como podía ser Megaupload. Y es importante destacar que no hablamos de copia privada sino de contenido que ni siquiera ha llegado a estar disponible en el mercado».

La industria audiovisual, la gran afectada

Según declaraciones en ComeIn de Ripoll, codirector ejecutivo del posgrado «Distribución audiovisual: VOD y nuevos modelos de negocio» de la UOC-filmin, «en España hay dos millones de personas que pagaban o llegaron a pagar a Megaupload 10 euros al mes. Dos millones de personas son 300 millones de euros al año. Tres cientos millones de euros al año es la mitad de lo que facturaba el DVD hace siete años en España».