«Veremos crecer la cibervigilancia por encima de la cibercensura»

Por «censura» podemos entender imposibilitar el acceso a la red para ciertos contenidos o a ciertas personas, y esto se puede hacer mediante un filtro de sitios web, impidiendo acceder a ellos o cerrándolos. Así, hay que entender y diferenciar los motivos por los que los reguladores, que generalmente son los Estados, pueden llegar a considerar material sensible determinados contenidos. Puede haber razones políticas, como el mantenimiento de un estatus de poder de régimen político o la difusión de material diplomático y militar, como Wikileaks, y también razones religiosas (crítica a una religión), de valores sobre la moral o de cuestiones de edad.

En el caso de China, con el control de los contenidos y la potencia tecnológica, el Gobierno ha sido capaz de crear mecanismos de control (The Great Firewall of China) de la red y, además, de meter en cintura a motores de búsqueda y a grandes empresas que querían operar en ese país.

En cuanto a Francia y a otros países de la UE mencionados en el informe, la censura está relacionada con la protección de los derechos de autor y con las legislaciones que favorecen para impedir el acceso a la red. En la ley francesa HADOPI, el hecho de que, a pesar de que haya habido varios avisos, se pueda impedir el acceso a internet a un usuario que baja contenidos protegidos por derechos de autor es altamente peligroso, dado que abre la vía a otros tipos de control. Precisamente estos días, el presidente Sarkozy habla de controlar a la gente que accede a varias páginas que pueden fomentar el terrorismo islámico. A menudo, el problema radica en que, ante un hecho que sacude a la opinión pública (11-S, asesinatos de estos días en Francia), la sociedad tiende a aceptar recortes de las libertades elementales en nombre de la seguridad común, como sucedió con la Patriot Act en los Estados Unidos. El Estado español desarrolla varias leyes en defensa de los contenidos con derechos de autor, como la conocida ley Sinde. La labor de la controvertida Comisión de la Propiedad Intelectual, que podrá decidir qué páginas web deben cerrarse, está relacionada con el tema de los derechos de autor. Probablemente, los servicios de inteligencia del Estado, como otros, entienden que es mejor la estrategia de la vigilancia que la del filtro (impidiendo el acceso a determinados contenidos). Es una estrategia nueva: se asegura acceder a más información con el seguimiento que con solo impedir el acceso a un determinado sitio web. De todos modos, si se toma como ejemplo la polémica surgida con la portada de El Jueves, que fue objeto de una decisión judicial que impedía su difusión, y que tuvo el efecto inverso, es decir, que se difundiera en la red, más que de cibercensura podemos hablar de cibervigilancia. Por otro lado, en España todavía podemos considerar que existe la ciberautocensura. Hay algunos temas, como los relacionados con la casa real, sobre los que cuesta hablar en la red. El primer método que los Estados generan es la elaboración de una legislación que los faculta para poder ejercer este control. A partir de aquí hay que ver la capacidad técnica para poder hacerlo. Así, otros Estados optan por permitir acceder a internet a las personas que ellos quieren, o bien generar una «internet nacional», cerrada a ciertos contenidos. Los Estados se han dado cuenta de que, como hay paraísos en internet, otras leyes y varias visiones, el terreno de juego es superior al que querrían restringir. Todo es una cuestión técnica. Hay ejemplos un tanto torpes, como Bielorrusia, donde a los usuarios que deseaban acceder a ciertas redes sociales se les redirigía a lugares que contenían software nocivo.

Determinados Estados promueven sus propias redes sociales, y así pueden restringir los lugares y hacer un mejor seguimiento de los accesos que si tuvieran que decir a Facebook, por ejemplo, qué pueden autorizar y que no.

Es muy preocupante, a pesar de tener su interés, que varios países hayan creado lo que se ha dado en llamar «ciberejércitos», tanto profesionales como colaboradores, para poder controlar los contenidos y generar una masa crítica de comentarios. Si se piensa que en la red se puede perder la guerra de la opinión pública, entonces se emplean perfiles y comentarios masivos para poder dar una imagen determinada. Las redes sociales se constituyen en la nueva visión de la opinión pública, pues no cabe olvidar que muchos periodistas las usan para documentarse; por eso es importante que detrás una etiqueta (hashtag) o un grupo de Facebook tengas comentarios a favor. Las identidades en la red no dejan de ser también la cara de una determinada visión sobre los Estados y los dictadores, a pesar de que, evidentemente, igual que la censura, se convierten en una deformación de la realidad. Si partimos de la visión inicial, casi libertaria y anárquica, de cómo se visualizaba la red en los tiempos de la netiquette, en que todo se tenía que autorregular, vemos que ahora se puede concebir la red como un espejo de la opinión pública en lo referente a tendencias favorables o contrarias a los Estados. Lo que está claro es que, desde un punto de vista político, todos los países están preocupados por los contenidos que hay en la red, y los valores democráticos de cada Estado también se ponen a prueba. Posiblemente exista cierta tendencia a no querer que determinados contenidos aparezcan en la red. Según el informe de RSF, Enemigos de internet, uno de cada tres internautas no tiene acceso libre a la red, y unos sesenta Estados practican la censura, por medio del filtro o del acoso a los internautas. Es probable que el problema sea que esta tendencia vaya en aumento, pues algunos sistemas se exportan de un Estado a otro. RSF establece una diferencia entre enemigos de internet y países que la ponen bajo vigilancia después de algún hecho que les resulta preocupante.

Así pues, creo que veremos crecer la cibervigilancia por encima de la cibercensura, y en este punto todos los Estados tienen sus propios mecanismos. Posiblemente, lo peor de todo es que son empresas occidentales las que ponen a disposición de Estados no democráticos algunas de estas herramientas tecnológicas. Los países tradicionalmente considerados democráticos y con legislaciones que garantizan libertades elementales tienen que ser tan cuidadosos interna como externamente. Así, hace falta que legislen para que sus empresas tengan responsabilidad social tanto dentro como fuera de sus fronteras. Que empresas como Vodafone colaboren con regímenes políticos para hacer que no funcionen las redes o el teléfono hay que considerarlo una restricción de las libertades individuales. Y, así como en el Reino Unido se suscitó cierta polémica sobre el papel de Blackberry en los disturbios de Londres y su colaboración con el Estado, hace falta que esto también se considere en todo el mundo, porque no es la primera vez que en nombre del mercado se violan los derechos humanos. En Estados con déficits democráticos, los internautas podían percibir inicialmente que en la red eran libres, pero poco a poco han ido comprobando que no es cierto. Tal como afirma Castells: «desde un punto de vista técnico, es cierta la célebre afirmación de John Gilmore según la cual los flujos en internet interpretan la censura (o interceptación) como un error técnico y encuentran automáticamente una ruta diferente de transmisión del mensaje». Así, a pesar de que puede costar, si tenemos en cuenta cómo perciben algunos Estados la presencia en la red, como una guerra, los contenidos pueden encontrar una manera de ser visibles, como hemos visto con ciertos vídeos de las matanzas en Siria.

Desde mi punto de vista, el problema principal radica en tener conciencia de las huellas que dejamos cuando navegamos por internet. Esta es la parte invisible que poco a poco los internautas han de tener presente, porque es posible que tenga más valor lo que está relacionado con lo que se visita y la red de contactos de las personas. A algunos Estados les puede interesar más dejar que una persona acceda en la red para saber con qué personas se escribe. Se tiene una visión más global y a la vez se obtiene más información. El cambio de régimen político por sí mismo no suele ser una garantía. Algunos Estados que han cambiado últimamente de régimen pueden tener la tentación, por su debilidad estructural, de mantener las herramientas de cibercensura que encuentren. Siempre hay una frontera ética y de libertades elementales. Lo que hace falta es saber dónde se sitúa esa frontera y por qué motivos se puede traspasar.

La red es una extensión de la calle, y probablemente tácticas de vigilancia que no se llevarían a cabo en la calle en nombre de las libertades elementales, por el hecho de que se pueden descubrir, en la red son más difícilmente identificables; así, por lo tanto, para los Estados resultan más apetecibles. Como ciudadanos, hemos de tener claros los derechos y deberes que tenemos en la red y estar informados. Durante unos cuantos años, en algunos países la lógica era: «Si no hay red, no hay nada que controlar». Así, Corea del Norte no creaba las infraestructuras de red para no tener que controlarla. En Irán, como dice el informe, la velocidad de red es igual de lenta, voluntariamente, en hogares que en cibercafés, también para impedir que se difundan vídeos e imágenes. En África, al margen de los Estados del Magreb, donde las infraestructuras son en algunos lugares inexistentes o muy pequeñas, solo hay un Estado, Eritrea, que se tenga como un Estado en vigilancia. Está relacionado con el hecho de que la red no es accesible para todo el mundo y, por lo tanto, no hay tanta preocupación o tantas infracciones, mientras que los teléfonos son herramientas más de uso común.

Personalmente considero preocupante que, ahora que China hace ingentes inversiones en el África negra, sea mucho más sencillo también que algunos Estados de África adopten métodos de filtro y vigilancia como los que se adoptan en este país. Las diversas redes estatales son una desviación de la idea original de internet, y también, a la vez, son muy apetecibles para los Estados. Sus ciudadanos piden acceso a la red, y un punto medio para que un país parezca tecnológicamente desarrollado es permitirlo, aunque dentro de formas controladas. Cada Estado considera qué es material sensible, y ciertamente la solución intermedia que hallan es que los usuarios encuentren foros, redes sociales y otras herramientas creadas para permitir dar una imagen de modernidad y libertad. Sin embargo, una internet estatal no deja de ser como abrir una gran biblioteca, pero, eso sí, con una lista cerrada y autorizada de libros. No es, por lo tanto, la solución.