¿Qué cambios legales necesita el mercado digital europeo?

En el año 2000, Google aún no tenía publicidad, Amazon vendía solo libros y CD, faltaban siete años para que los móviles empezaran conectarse a internet y no existían las redes sociales, YouTube o WhatsApp. Sin embargo, el actual marco regulatorio digital europeo, la directiva sobre el comercio electrónico, se aprobó entonces y aún se mantiene.

«El escenario ha cambiado mucho, hay que buscar nuevas coordenadas y una nueva regulación», asegura Mònica Vilasau, profesora de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC y organizadora del Congreso IDP 2021: Rebuilding the EU digital market, que se desarrollará de forma virtual el 30 junio y el 1 de julio. Diferentes expertos van a analizar en él las tres propuestas de reglamento que hay sobre la mesa y que ya se están debatiendo.

La importancia de no quedarse atrás

En diciembre de 2020, la Comisión Europea propuso un ambicioso paquete regulatorio para definir su nueva estrategia digital. Está formado por tres reglamentos: uno de ellos es sobre mercados digitales, otro es sobre servicios digitales y el tercero, sobre gobernanza de datos.

Tal y como defiende Vilasau, «se trata de establecer unos nuevos fundamentos para que Europa no se quede atrás. Los grandes actores son Estados Unidos y China, y hay que ver cómo la Unión Europea puede posicionarse manteniendo los derechos de los usuarios, un aspecto en el que somos los más exigentes. Pero esto no puede hacer que perdamos competitividad. Ese es el gran reto: construir una economía ágil que garantice los derechos de la ciudadanía».

Un proceso complejo

«En estas tres propuestas de reglamento, todo está muy interconectado porque implican, además, hablar de propiedad intelectual, derecho a la competencia, protección de datos, libertad de expresión, regulación de las redes sociales, responsabilidad de los proveedores de servicios, etc. Todos son temas que están sobre la mesa y que son objeto de debate y análisis», señala Vilasau. También serán las cuestiones que se abordarán este año en el Congreso IDP.

El proceso legislativo, sin embargo, es lento y complejo, ya que sobre estas propuestas de la Comisión tiene que trabajar el Consejo Europeo y luego el Parlamento, para finalmente llegar a la fase conocida como el triálogo entre estos tres órganos.

La fuerza de 27

Gran parte de la dificultad está en poner de acuerdo a los 27 estados que forman la Unión Europea para que sean capaces de adoptar una única voz. Esto, por un lado, da una mayor fuerza a sus ciudadanos, pero, por otro lado, también da una mayor seguridad a las empresas que quieran operar dentro de sus fronteras.

Buscando esta mayor unidad y coherencia, se ha recurrido a la figura del reglamento. «Desde hace tiempo, la Unión Europea nos está acostumbrando cada vez más a que existan reglamentos en lugar de directivas. Es una decisión estratégica porque una directiva la adapta cada estado según considera. Un reglamento, en cambio, es más uniforme y propicia que exista un único mercado con las mismas reglas para todos», explica Vilasau.

Son medidas, además, que resultan aplicables de forma extraterritorial. Es decir, sus normas se pueden aplicar a empresas que actúan desde fuera de la Unión Europea en la medida en que se dirijan a su ciudadanía y le ofrezcan sus servicios.

Compañías cada vez más grandes y poderosas

Otro de los grandes problemas al que se tienen que enfrentar los legisladores es el volumen y la capacidad de acción cada vez mayor de las grandes empresas tecnológicas. Es algo que afecta, en primer lugar, a la sensación de desprotección de la ciudadanía frente a ellas, incluso en el caso de la Unión Europea, que destaca por ser especialmente garantista.

Vilasau matiza esta supuesta desprotección: «Más que estar desprotegidos los derechos, a veces es complicado hacerlos efectivos. Quizá los mecanismos no son suficientemente ágiles cuando hay que poner una reclamación o denunciar una determinada práctica. Un consumidor a lo mejor no va a luchar contra una gran empresa de telefonía porque haya tratado mal sus datos personales o le haya cargado una factura indebida. Por ello, es importante establecer mecanismos de resolución de conflictos o medidas alternativas».

Por otro lado, como señala Vanessa Jiménez, profesora de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC, estas grandes compañías se han convertido en agentes fundamentales (gatekeepers) en los mercados en línea y es necesario repensar sus obligaciones. Por ello, los nuevos reglamentos pretenden reforzar la responsabilidad de las plataformas y sus deberes de diligencia frente a la presencia de contenidos ilícitos. Además, dado que estas compañías son la puerta de entrada al mercado para muchas personas emprendedoras, se busca incentivar tanto la transparencia como la libre competencia.

El inmenso valor de los datos

Según Jiménez, las grandes empresas sí pueden afectar a la libre competencia, tal y como se analizará en la conferencia del 1 de julio a cargo de Pedro Hinojo González, y en la posterior mesa redonda. La libre competencia puede verse afectada tanto en el acceso y el posicionamiento en la plataforma como en la monopolización de los datos. Es por ello por lo que se busca establecer obligaciones también en relación con el acceso a los datos, especialmente en el caso de las personas emprendedoras. Asimismo, se está barajando la posibilidad de que estos gigantes tecnológicos compartan sus datos con las administraciones públicas para que redunden en beneficio de toda la comunidad.

Suele decirse que los datos son el petróleo del siglo xxi, y por eso estarán muy presentes en el Congreso IDP. El 30 de junio habrá dos conferencias dedicadas a este tema: una a cargo del profesor Anupam Chander, y la otra la pronunciará el profesor Marijn Janssen. La nueva estrategia digital europea, por su parte, dedica todo un reglamento a la gobernanza de datos con el objetivo claro de que su normativa siga siendo la más exigente. «Es importante marcar unas reglas en este aspecto porque dan seguridad a la ciudadanía y establecen unos parámetros para que las empresas sepan a qué atenerse. Se deben definir unas exigencias de calidad, y eso es lo que trata de hacer la Comisión Europea con esta propuesta normativa», concluye Vilasau.

Esta investigación de la UOC favorece los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 8 (trabajo decente y producción sostenible) y 12 (producción y consum responsables).

UOC R&I

La investigación e innovación (RI) de la UOC contribuye a solucionar los retos a los que se enfrentan las sociedades globales del siglo xxi, mediante el estudio de la interacción de la tecnología y las ciencias humanas y sociales, con un foco específico en la sociedad red, el aprendizaje en línea y la salud digital. Los más de 500 investigadores y 51 grupos de investigación se articulan en torno a los siete estudios de la UOC y dos centros de investigación: el Internet Interdisciplinary Institute (IN3) y el eHealth Center (EHC).

Los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y el conocimiento abierto son ejes estratégicos de la docencia, la investigación y la innovación de la UOC. Más información: research.uoc.edu. #25añosUOC