Sin duda, la COVID-19 ha sacudido negativamente todas las áreas de la sociedad y ha dado paso a una pandemia de desigualdad. Especialmente en países de América Latina, algunos problemas que existían antes de la COVID-19 se han agudizado, lo que ha generado un reclamo de los derechos económicos, sociales y culturales por parte de la sociedad. «No se hace un buen uso de los pocos recursos con los que cuentan los países, además de los otros problemas más localizados en cada país: por ejemplo, en Venezuela, la represión de la disidencia; en El Salvador y en Uruguay, las condiciones inhumanas de las cárceles; en México, el abuso de la fuerza de la policía, y en Colombia la sociedad reclama desde hace tiempo las desapariciones forzadas, los actos de tortura, etcétera», explica Miguel Ángel Elizalde Carranza, director del máster universitario de Derechos Humanos, Democracia y Globalización de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Y, aunque América Latina contaba con una larga trayectoria en la protección de los derechos humanos —evidencia de esto es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, adoptada en Bogotá en 1948—, falta mucho por recorrer. Lo ratifican los indicadores internacionales de vulneraciones de derechos humanos. «Estos indicadores hablan por sí mismos. Pero, para obtener mejores resultados, la formación en derechos humanos es indispensable, pues el respeto de la dignidad humana es responsabilidad de toda la sociedad. Es necesario contar con profesionales formados en esta área, sin importar el ámbito de estudio, y con la educación, no solamente desde la parte intelectual, sino como asimilación de valores y hábitos, ya que en ocasiones se piensa que este tema es un campo exclusivamente de los abogados, pero no es así. Por ejemplo, las personas empresarias tienen una responsabilidad directa en derechos humanos relacionados con el trabajo y la no discriminación de la mujer», explica el director del máster de la UOC.
Ahora bien, Latinoamérica presenta un escenario en donde los actores protagonistas son gobiernos caracterizados por democracias débiles, en donde la corrupción y la discriminación a gran escala son un conflicto especialmente grave. Cuando el Estado falla en la protección de los individuos, el Estado de derecho se pone en riesgo, pues las instituciones no funcionan, hay impunidad, y no solo porque la autoridad no hace cumplir la ley, sino porque, cuando las víctimas intentan recurrir, los que han sido perpetradores de los abusos salen impunes y el sistema legal no cumple la función disuasoria de las conductas que son socialmente reprobables.
«Por este motivo, la educación en derechos humanos es un arma potente para una democracia fuerte, así como para su protección, garantía e implementación. Sin embargo, esta educación en derechos humanos debe ser liderada por varios frentes para que se produzca un resultado exitoso. Estos frentes van desde instancias gubernamentales hasta ONG, universidades y centros de investigación», indica Elizabeth Duque Echeverry, estudiante del máster universitario de Derechos Humanos, Democracia y Globalización de la UOC.
Implementar el respeto y la protección de los derechos humanos sin obstáculos ni limitaciones es una de las labores que deben llevar a cabo los gobiernos. «Pero, para que esto se dé, tanto funcionarios de entidades estatales como instituciones y organismos internacionales —así como las ONG— requieren capacitaciones especializadas en el conocimiento y la aplicación de los derechos humanos para implementarlos de forma acertada», explica la estudiante de la UOC.
El rol de la mujer en la defensa de los derechos humanos en América Latina
Actualmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un referente internacional para la lucha contra la desigualdad. Sin embargo, la aplicación y acción respecto a la defensa de los derechos humanos sigue siendo limitada y obstaculizada. «Es por ello por lo que el rol de la mujer que ha luchado en la defensa de los derechos humanos y en la búsqueda constante para erradicar la desigualdad es un pilar importante para el cambio que se requiere», indica Duque.
Sin embargo, las mujeres cada vez muestran más interés por este ámbito de estudio, pues son uno de los colectivos que sufren de manera más directa los abusos de los derechos humanos. Latinoamérica es una de las regiones más desiguales del mundo en este sentido. Pero ¿qué puede hacer la mujer en este contexto?
«Utilizar los recursos de reivindicación que existen. Hay ejemplos de mujeres que se han levantado y han alzado la voz para que se las escuche al generar movimientos sociales, como la ONG No Es Hora de Callar, impulsada por la colombiana Jineth Bedoya, o las más de 85 marchas cívicas que ha impulsado la lideresa campesina Francisca Ramírez Torres para denunciar violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Esto es lo que se necesita, que las mujeres den este paso al frente y digan basta. Porque, mientras la sociedad tolere un tipo concreto de abuso de la dignidad humana, la desigualdad permanecerá», añade Elizalde Carranza.
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