«Sin presión e implicación social, las declaraciones de emergencia climática corren el riesgo de quedarse en meros discursos»

 

El próximo 27 de septiembre se celebra en todo el mundo la Huelga Mundial por el Clima, cuya meta es exigir a los gobiernos medidas efectivas ante la emergencia climática. Cuando nos acercamos a esa «hora cero» en la que solo la transformación de hábitos humanos y de prácticas económicas garantizará la supervivencia, la investigadora Mar Grau Satorras, experta en políticas urbanas de adaptación y resiliencia ante el cambio climático, subraya el papel que las ciudades van a tener ante el desafío de la emergencia climática. Según recalca la investigadora, en el cambio de modelo climático se debe garantizar el acceso de la ciudadanía a la toma de decisiones.

 

 

El próximo 27 de septiembre se celebra en todo el mundo la Huelga Mundial por el Clima, cuya meta es exigir a los gobiernos medidas efectivas ante la emergencia climática. Cuando nos acercamos a esa «hora cero» en la que solo la transformación de hábitos humanos y de prácticas económicas garantizará la supervivencia, la investigadora Mar Grau Satorras, experta en políticas urbanas de adaptación y resiliencia ante el cambio climático, subraya el papel que las ciudades van a tener ante el desafío de la emergencia climática. Según recalca la investigadora, en el cambio de modelo climático se debe garantizar el acceso de la ciudadanía a la toma de decisiones.

 

Aplicar y desarrollar la normativa existente sería un primer paso. Por ejemplo, en el caso de Cataluña tenemos aprobada una ley de cambio climático pionera, pero con pocos recursos y con herramientas de gobernanza y transparencia aún en construcción (como la Taula Social del Canvi Climàtic). También hay otros casos, como el Plan nacional de adaptación al cambio climático, aprobado en 2006 por el entonces Ministerio de Medio Ambiente. En su último informe de evaluación, se apunta a la necesidad de dotar suficientemente de recursos la implementación del Plan y de clarificar el presupuesto destinado a cada una de las medidas.

El segundo paso es marcar objetivos más ambiciosos que los actuales que aceleren y promuevan una verdadera transición socioambiental, como una apuesta cien por cien por las energías renovables o reducir a cero las emisiones de efecto invernadero. Por supuesto, en todos estos procesos de cambio de modelo se debe garantizar el acceso de la ciudadanía a la toma de decisiones.

Podemos preguntarnos si las ciudades son parte del problema o parte de la solución. Pero si vamos más allá de lo dicotómico, nos damos cuenta de que las ciudades no son un ente homogéneo, si no un espacio de conflicto y de (in)justicia ambiental con un potencial enorme. Por un lado, además de políticas urbanas que podrían llegar a ser ambiciosas y efectivas, la propia ciudadanía experimenta cotidiana y colectivamente con el cambio climático y contra el cambio climático. Precisamente en el marco del proyecto de investigación ResCities, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, estamos identificando estas iniciativas sociales a menudo invisibilizadas y que trabajan desde abajo para construir resiliencia urbana frente al cambio climático. Por otro lado, es en las ciudades del norte global donde encontramos la sede de los principales responsables causantes del cambio climático. O como el investigador Dario Kenner recientemente los nombra de modo provocador: la élite contaminante (the polluter elite). Así pues, las ciudades van a tener un papel fundamental ante el desafío del cambio climático.

La huelga global por el clima prevista para el viernes 27 de septiembre, así como las acciones de la semana previa, precisamente prevé convocar marchas y movilizaciones en múltiples pueblos y ciudades. El paro puede extenderse e ir desde el clásico espacio laboral o estudiantil hasta el consumo o, como en el caso de la huelga feminista, los cuidados. Dar protagonismo al consumo tiene sentido en la medida que cuestiona el modelo económico actual y su contribución al calentamiento global.

Se está popularizando el concepto de «transición justa», es decir, que minimice los impactos de la acción climática sobre las personas trabajadoras y vulnerables, y garantice a la vez emisiones bajas y puestos de trabajo dignos. Por ejemplo, una de las demandas de los promotores de la transición justa es incluir en los planes de cambio climático una evaluación del impacto laboral que permita pronosticar qué tipo de puestos de trabajo se generarán y de qué calidad.

Desde finales de los años cincuenta, el Observatorio Mauna Loa está registrando la evolución de la concentración de dióxido de carbono y, efectivamente, la curva no ha dejado de aumentar. Pero si ampliamos la perspectiva temporal y tenemos en cuenta el periodo industrial, la fotografía es aún más nítida. Como señala el quinto informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por su sigla en inglés), la concentración ha pasado de 278 ppm en 1750 a 390 ppm en 2011. Si, además del cambio climático, también tenemos en cuenta los cambios en los usos del suelo (como la deforestación), el consumo de agua o la contaminación, se engloba en un cambio ambiental global sin precedentes. Es por eso por lo que algunos científicos utilizan el término de Antropoceno para referirse a la nueva época en que la principal fuerza geológica es la humanidad.

Las ciudades del norte global pueden y deben desarrollar políticas para sus habitantes y con sus habitantes que doten de contenido las declaraciones de emergencia climática. Como decía antes, es estéril partir de la contradicción entre ser el problema (producir demasiados desechos) o la solución (liderar la lucha contra la emergencia climática), sino que se debe reconocer la complejidad urbana y actuar en consecuencia.

Asimismo, las declaraciones de emergencia climática, sin presión e implicación social, corren el riesgo de quedarse en el terreno discursivo. Ya tenemos la experiencia de las cumbres sobre cambio climático, como la 15.ª Conferencia de la ONU en Copenhague (COP15 2009), donde las expectativas depositadas y reflejadas en la campaña Hopenhagen (hope significa 'esperanza') se vieron frustradas en la práctica. Un elemento clave es que las políticas de cambio climático pasen a ser transversales y aporten cobeneficios para toda la población. Por ejemplo, garantizar el acceso universal a los suministros básicos. El compromiso de pobreza energética cero es a la vez una estrategia para vivir dignamente y una medida de adaptación a algunos de los efectos del cambio climático. Del mismo modo, garantizar el acceso a las zonas verdes o a instalaciones climatizadas en todos los barrios permite también generar y democratizar la red de refugios climáticos para episodios como las olas de calor.

En mi opinión las universidades tienen un papel triple. Primero, estudiantes, trabajadores y órganos de gobierno pueden desempeñar un papel activo, declarando también la emergencia climática y sumándose a las movilizaciones. Se pueden implantar cambios en ámbitos como la movilidad hasta las sedes universitarias, el consumo de materiales, energía y otros recursos por la comunidad universitaria, los desplazamientos a congresos internacionales, etc. Segundo, las universidades son un espacio de debate y reflexión para repensar críticamente cómo aproximarnos al problema, detectar falsas soluciones y plantear alternativas. Finalmente, los planes de estudio deben estar abiertos a los cambios y demandas de la sociedad. Debemos facilitar que los estudiantes adquieran competencias para trabajar en entornos multidisciplinarios.

Hace ya unos años una de las coautoras del informe del IPCC nos comentó que el riesgo que corría el cambio climático es que dejara de ser un reto en la agenda pública y pasara a ser considerado un problema crónico sin solución. En otras palabras, la percepción del problema es clave a la hora de construir (y exigir) soluciones. Por eso bienvenidas sean las múltiples Gretas que se han sentido interpeladas en todo el mundo, que explican cómo se vive el cambio climático desde sus distintas realidades y que se plantean cómo pueden incidir en él.

Las redes sociales tienen un potencial enorme, pero a la vez corren el riesgo de difundir mensajes alarmistas o desinformados (noticias falsas o fake news) sobre el cambio climático. Por ejemplo, en un contexto de inundaciones desastrosas como las de las últimas semanas se debe ser cauto a la hora de atribuirlas al cambio climático. A la vez, no solo se trata de contrastar las opiniones de personas expertas, sino de que las redes permitan poner altavoz a otro tipo de informantes: los expertos locales que conviven a diario con los efectos del cambio climático. Respecto al movimiento de jóvenes que respalda el último ciclo de movilizaciones por el clima, en las próximas semanas vamos a ver cuál es su capacidad de trasladar a la calle y a los círculos de poder sus demandas, canalizadas hasta ahora mayoritariamente por las redes sociales.