«El sistema financiero internacional impide el crecimiento de la economía colaborativa»

Foto: UOC
17/10/2017
Rubén Permuy
Mayo Fuster

 

Antropóloga, economista y doctora en Ciencias Políticas y Sociales, Mayo Fuster trabajó durante cinco años en varias ONG y organizaciones de movimientos sociales. La investigadora principal del grupo Digital Commons (DIMMONS) del IN3, centro de investigación de la UOC, es experta en innovación socioeconómica, concretamente en economía colaborativa. Fuster es también profesora asociada en la Universidad Harvard y asesora a instituciones como el Ayuntamiento de Barcelona o la Comisión Europea, participando en foros internacionales sobre modelos alternativos de producción económica.

 

¿Cuáles son las principales áreas de trabajo de tu grupo de investigación?

DIMMONS tiene tres grandes áreas de investigación. Por un lado, la innovación socioeconómica, la producción colaborativa con las redes y las modalidades de producción distribuida desde un punto de vista económico. En este sentido analizamos el volumen de actividad económica, cuál es su impacto económico y los modelos de sostenibilidad económica. Un segundo ámbito de nuestra investigación tiene que ver con las políticas públicas de promoción y regulación económica, que precisamente ahora es un tema muy candente, como es el cuestionamiento del Tribunal Europeo del modelo de Uber‒empresa que proporciona a los clientes una red de transporte dinámica por medio de una aplicación‒, su viabilidad y la regulación que se le tendría que aplicar. Nuestro tercer pilar está relacionado con el estudio de cómo metodologías de investigación colaborativas y de cocreación pueden reinventar la forma de hacer investigación.

 

¿En qué consiste la economía colaborativa?

Economía colaborativa es la producción colaborativa entre una comunidad de individuos, con el apoyo de una plataforma digital, de capital y trabajo, aplicable a diferentes ámbitos. El modelo inicial de economía colaborativa se conoce como el modelo de economía procomún, con el cual las personas que interactúan mediante las plataformas tienen un cierto de grado de control sobre el valor generado, del cual se benefician. Recientemente se han difundido otros modelos de economía colaborativa, llamados unicornio, más corporativos, como por ejemplo multinacionales con una elevada financiación de capital riesgo ‒Goldman Sachs en Uber‒, que externalizan los costes de producción, por medio de una plataforma de distribución de oferta y demanda, como hace Uber.

¿Es posible la economía colaborativa con ánimo de lucro?

Dentro de la economía colaborativa hay casos con una finalidad de lucro, con una finalidad económica detrás, como por ejemplo SmartIB, una cooperativa belga de 90.000 personas, que dos años atrás llegó a Cataluña y cuenta con 900 cooperativistas. En este caso, al mismo tiempo que hay una producción económica, tienen presente la distribución de beneficios: la comunidad controla el proceso colaborativamente. Cosa muy diferente de la externalización de costes, como comentábamos con Uber. Dentro de la economía colaborativa encontramos desde pequeñas y medianas empresas, otras de mayor dimensión, hasta fundaciones, asociaciones que no tienen un objetivo de provecho económico pero tienen un volumen de actividad económica relevante. Es el caso de Wikipedia, que cuenta con un presupuesto de millones de dólares y funciona con un sistema de donaciones y genera un logotipo con un valor económico muy relevante. No tiene una finalidad de lucro pero no deja de haber una actividad económica detrás y unos modelos económicos para asegurar su sostenibilidad porque los costes de producción colaborativa son altos, como por ejemplo sus servidores informáticos. Hay iniciativas que sin las nuevas tecnologías no serían posibles o se encarecerían muchísimo.

En nuestro entorno, ¿qué casos de economía colaborativa son de éxito?

Barcelona y Cataluña son referentes mundiales en economía colaborativa en muchos ámbitos. Retomando el ejemplo de Uber. El Tribunal Europeo ha dictaminado que no son economía colaborativa, y su modelo de negocio no es sostenible, porque hubo una demanda judicial desde Barcelona, muestra de cómo estamos desde aquí marcando qué es la economía colaborativa y qué no lo es. En el caso de Wikipedia, después de la inglesa, una de las más pioneras fue la versión en catalán. Otra muestra la tenemos en un estudio de la Comisión Europea que indicó que entre una decena de proyectos relevantes de economía colaborativa, tres están en Barcelona: Goteo, plataforma de crowdfunding; Guifinet, la mayor comunidad wireless del mundo, a la que la Comisión Europea dio un premio por su modelo económico; y Smart Citizen Kit, unos sensores que permiten controlar datos de ámbito doméstico. Con nuestro grupo de investigación hicimos un estudio en el marco del proyecto europeo P2P Valuecon el que identificamos 1.000 casos en Barcelona y 1.500 en toda Cataluña de economía colaborativa. Con el proyecto Decode analizamos el desarrollo de cooperativas ligadas a la producción colaborativa en red. Cataluña tiene una tradición cooperativista: casi el 8 % del PIB de Barcelona se basa en economía solidaria y probablemente con el cooperativismo de plataforma y la economía colaborativa veremos un incremento de este PIB ligado a este modelo de producción.

Relacionado con tu conocimiento, has viajado recientemente a Nueva York y Harvard. ¿Cuál ha sido el objetivo?

Dado que una de nuestras líneas de investigación tiene que ver con las políticas públicas y la revolución de la economía colaborativa, el Ayuntamiento de Barcelona nos pidió asesoramiento para ver qué tipo de regulación y políticas implementar. Creemos que sería importante crear un ecosistema de cocreación de políticas públicas ligadas al Ayuntamiento vinculadas al sector, porque hay una falta de conocimiento y mucha de la creatividad sobre posibles soluciones regulatorias están en el sector y no en el Ayuntamiento. Firmamos un convenio con el Ayuntamiento de Barcelona para llevar la secretaría de políticas de economía colaborativa y les damos apoyo con la organización de un acto de cocreación de políticas públicas que se llama Procomuns, que este año tendrá lugar el 27 y 28 de junio, donde, entre otras cuestiones, analizamos medidas contra casos de corrupción o puertas giratorias. Como muestra, la principal responsable de la política digital de la Comisión Europea, seis meses después de dejar el cargo, fue a trabajar para Uber, o el presidente de la Comisión Europea después de dejar su cargo fue a trabajar con Goldman Sachs, uno de los principales financiadores de Uber. Es un ámbito que tiene muchos intereses enfrentados y, en este sentido, estamos haciendo un acompañamiento del Ayuntamiento de Barcelona, que se ha convertido en un referente sobre un acercamiento de cocreación de políticas en un ámbito de economía colaborativa respecto de otras poblaciones como Ámsterdam, con un acercamiento más tradicional, o Seúl, con una apuesta muy fuerte por la economía colaborativa. El año pasado el Ayuntamiento de Amsterdam organizó un encuentro entre ciudades y nos invitaron como expertos y este año se ha organizado por la alcaldía de Nueva York y nosotros hemos explicado el caso del apoyo que damos en Barcelona. Después de Nueva York, he ido a Harvard, donde soy profesora asociada al Berkmann Center.

Has participado recientemente en un encuentro de la Comisión Europea: ¿en qué consistió? ¿Qué representa el marco europeo para tu actividad?

He ido recientemente a Bruselas para hacer una intervención organizada por la Dirección General de Crecimiento (DG Grow), puesto que la Comisión Europea hizo pública la agenda europea de economía colaborativa con sus objetivos. Dado que el parlamento está definiendo su posicionamiento, me pidieron presentar mi investigación sobre los modelos alternativos de economía colaborativa y su funcionamiento. Hecho que ha tenido lugar poco después de que el Tribunal Europeo publique una sentencia ‒todavía no definitiva‒ en contra del modelo de Uber, lo que incrementa el interés por otros modelos.

Respecto a la financiación de la investigación, me gusta mucho trabajar en el ámbito de proyectos europeos, tanto en cuanto a trabajar con otros, como el caso de proyectos como Decode, que implica desarrollo tecnológico de una plataforma para la producción colaborativa. El marco europeo te permite trabajar con departamentos de informática, con asociaciones o fundaciones o empresas, agentes que se suman al impacto de la participación de ayuntamientos y empresas. La transición de impactos de nuestra investigación es más fácil en un proyecto europeo que un ámbito que sea solo de investigación básica. En el caso europeo también, como investigadora, valoro mucho que uno de los criterios de evaluación sea el género, teniendo en cuenta el nivel de discriminación de las mujeres. En nuestra investigación cuidamos mucho el tratamiento de género cuando hacemos entrevistas o cuestionarios y nos sentimos muy acompañados cuando se impulsan cuestiones como el «Responsible Research and Innovation» (RRI) ya que, por ejemplo, somos un grupo de investigación 100 % open access.

¿Cuáles serían los principales obstáculos para la economía colaborativa?

Uno es el sistema financiero internacional, con una lógica muy especulativa, donde la financiación disponible para impulsar proyectos de economía colaborativa está atrapada en un chantaje de condiciones. Para contar con financiación de riesgo se tiene que trabajar con conocimientos cerrados y con un modelo de gobernanza muy depredador. El segundo elemento es la regulación. Los modelos de desarrollo económico más colaborativos, abiertos y sociales están penalizados. Observando cómo se hace compra pública: el principal comprador de la industria tecnológica es la Administración, pero la regulación penaliza que iniciativas colaborativas como Guifinet puedan participar en concursos públicos. Este es el año de la regulación y veremos cómo la Comisión Europea o el Parlamento de Cataluña regulan la economía colaborativa. Como en el caso de las mujeres en muchos ámbitos, hay un techo de vidrio que impide a la economía colaborativa acceder a ciertos lugares. Así y todo, es el 8 % de la economía de Barcelona o el 30 % de la de Bolonia. Está demostrado que el desarrollo de pymes genera una tipología de trabajo de mejor calidad y mejores impactos de responsabilidad social, medioambientales, de políticas sociales o de igualdad. Si en un marco de gran crisis del proyecto europeo la Comisión Europea hiciese una apuesta por estos modelos tendríamos más soberanía económica y discursos como el de Trump no ganarían tanto peso.

¿Nos podrías recomendar algún libro sobre economía colaborativa?

Recomiendo dos: Procomún digital y cultura libre ¿Hacia un cambio de época?, que publiqué con otros autores, y La riqueza de las redes. Cómo la producción social transforma los mercados y la libertad, de Yochai Benkler, referente internacional sobre la producción procomún digital.