4/6/20 · Investigación

La UOC participa en un proyecto europeo para promover un modelo de indemnización justo y eficaz para las víctimas de delitos sexuales

Los expertos afirman que la compensación económica es clave para que las víctimas puedan obtener un tratamiento médico y psicológico adecuado

La iniciativa contempla una formación a profesionales que trabajan con las víctimas para poder facilitar una reparación efectiva
Foto: Kat Jayne de Pexels

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Desde octubre del año pasado, la UOC participa en el proyecto FAIRCOM (Towards a fair and effective compensación scheme for victims of sexual violence), junto con la Universidad Libre de Ámsterdam (VU), la Universidad de Sassari (UNISS), el Centro MARTA de Letonia y la Unión de Asociaciones de Mujeres de la Jefatura de Heraclión (UWAH) de Creta, con la coordinación de la Universidad Carlos III de Madrid.

El objetivo del proyecto es elaborar materiales y hacer formación dirigida a profesionales que trabajan con víctimas de violencia sexual, para profundizar en el conocimiento de las opciones de compensación y al mismo tiempo fomentar buenas prácticas que reduzcan las dificultades que suelen tener estas víctimas para conseguir una reparación efectiva.

Durante las últimas décadas, la situación de las víctimas de la delincuencia y la protección de sus derechos ha recibido más atención —tanto en la Unión Europea como en los Estados miembros— mediante la adopción y la implementación de varias directivas. El derecho de las víctimas a una indemnización económica es fundamental para satisfacer sus necesidades básicas, ya que les puede proporcionar los medios financieros para, como mínimo, obtener un tratamiento médico y psicológico adecuado, además de algún reconocimiento del trauma sufrido.

La Directiva 2004/80/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre indemnización a las víctimas de delitos y la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo, establecen que los Estados miembros deben garantizar una «compensación justa y adecuada» a las víctimas.

Aunque casi todos los Estados miembros de la Unión Europea han implementado estas directivas, lo han hecho de forma muy diversa y con carencias considerables, y actualmente no se puede hablar de la existencia de unos estándares mínimos. También es necesario recordar que la Convención Europea sobre la Compensación a las Víctimas de Crímenes Violentos de 1983 se limita a establecer que los Estados tienen la obligación de compensar a las víctimas de delitos violentos que causen daño corporal o muerte. Esta convención solo ha sido ratificada por 26 de los 47 países miembros del Consejo de Europa (España, por ejemplo, la ha ratificado, pero Grecia e Italia no).

El proyecto FAIRCOM, que en principio tiene una duración de dos años, quiere contribuir a una implementación más consistente y eficaz de las directivas de la Unión Europea haciendo un mapeo del funcionamiento real de los sistemas nacionales, identificando carencias y buenas prácticas, formulando recomendaciones, mejorando el conocimiento entre las organizaciones y los profesionales y, en general, sensibilizando de la situación particularmente vulnerable de las víctimas de violencia sexual y de las deficiencias de los sistemas nacionales existentes actualmente para proporcionarles justicia.

Seminarios y talleres para debatir las compensaciones en diferentes países

En esta línea, entre finales de febrero y principios de marzo, se organizaron talleres presenciales —uno en los Países Bajos, uno en Letonia y dos en Italia— con asistencia de miembros del mundo jurídico, policial y asistencial. En Madrid también se hizo un taller de estas características, pero los talleres previstos en Grecia y en Barcelona tuvieron que suspenderse debido al confinamiento por la COVID-19. Mientras que en Grecia se sustituyó el taller por consultas individuales a profesionales de la abogacía, la UOC solicitó la colaboración de los asistentes invitados inicialmente mediante un cuestionario virtual.

Una vez terminado el proyecto, el objetivo es convocar un seminario transnacional para compartir todos los resultados obtenidos.

En general, las víctimas de delincuencia pueden obtener una compensación económica de las dos fuentes siguientes:

- Del delincuente, por la vía de la responsabilidad civil. El pago de estas compensaciones se hace efectivo en muy pocos casos, generalmente debido a la insolvencia del agresor.

- Del Estado, establecida en España por la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual. Estos casos son, en la práctica, muy pocos. La ley solo cubre los supuestos de daños graves (tanto físicos como psicológicos) en la víctima y el tratamiento psicológico privado para paliarlos.

En los primeros intercambios del proyecto FAIRCOM, las víctimas de delitos sexuales han constatado diferencias entre países. En los Países Bajos, por ejemplo, el Estado paga una cantidad simbólica por ser víctima, con independencia de la decisión judicial. Una entidad vinculada al Ministerio de Justicia —el Fondo de Compensación de Delitos Violentos— gestiona las indemnizaciones. En cuanto a la indemnización por parte del ofensor, la Agencia Central de Recaudación Judicial se encarga de que el importe sentenciado sea el que realmente se paga, y la policía está habilitada para embargar al ofensor en beneficio de la víctima.

En el sistema español, el responsable del pago por parte del Estado es el Ministerio de Hacienda. En España se piden muy pocas indemnizaciones y aún son muchas menos las que se pagan. De hecho, como ya se ha dicho, a menudo las indemnizaciones sentenciadas no llegan a pagarse porque no se localiza al ofensor o porque se le declara insolvente. Así pues, el porcentaje de indemnizaciones pagadas es mínimo, aunque en España resulta muy difícil tener datos concretos sobre estos aspectos porque el sistema judicial es reacio a facilitar este tipo de contenido de las sentencias ejecutorias. En definitiva, hay un tratamiento muy desigual de las víctimas en función del lugar del delito.

Hasta ahora, se ha avanzado en el diseño de una página web del proyecto FAIRCOM, donde también se pondrán a disposición del público los recursos elaborados, de modo que pueda tener acceso a información más estructurada y fácil de usar sobre los regímenes de compensación, y sobre los talleres y la formación que están previstos y que ya se han hecho.

Hay que tener en cuenta que los mecanismos efectivos para obtener una compensación no solo sirven para indemnizar a la víctima de los daños monetarios y no monetarios. La compensación también aporta reconocimiento y empoderamiento. Una compensación «justa y adecuada» es una piedra angular para que las víctimas de violencia sexual en la Unión Europea puedan ejercer sus derechos fundamentales.

UOC R&I 

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