La indefensión del consumidor ante el sector eléctrico

22/12/2017
Ainhoa Sorrosal
En los últimos diez años, la factura doméstica por consumo eléctrico se ha encarecido un 70 %

El Gobierno español afirmó que en 2018 volverá a congelar la parte que regula del recibo de la luz. Esta congelación, que se ha ido aplicando desde 2015, sin embargo, no evita que el consumidor termine pagando más todos los años. De hecho, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha admitido que este 2017 el recibo se ha encarecido cien euros respecto a 2016. Y, en los últimos diez años, un 70 %. Los expertos apuntan que solo con un pacto de Estado que reestructure radicalmente el sector será posible invertir realmente la situación y que el consumidor deje de sufrir un estado de indefensión.

La estructura del sector es la siguiente: las empresas comercializadoras son las mismas que las distribuidoras, el Estado interviene en el sector y la configuración de la factura final depende de múltiples elementos. Teniendo en cuenta este funcionamiento, solo un cambio estructural del sector que pase por romper la situación de monopolio de las compañías y una apuesta clara por las energías renovables puede ser el punto de partida del camino hacia la solución.


¿Cómo se configura el recibo de la luz?

Aproximadamente el 35 % de lo que cobran las compañías eléctricas corresponde al precio que las comercializadoras pagan en el mercado mayorista de electricidad, mercado que funciona según subasta. El funcionamiento de la subasta también es característico: se hace una previsión del consumo por franjas horarias del día siguiente. Por cada hora se cubre la demanda con las ofertas más baratas, pero el precio de la tecnología más cara es lo que decide el importe final.

El 26 % son impuestos –5 % de la electricidad y 21 % del IVA– y el 40 % restante es el peaje, concepto que incluye el transporte, la distribución, los incentivos a las energías renovables y la amortización del déficit de tarifa. Este porcentaje lo fija el Estado.


La tarifa personalizada puede encarecer el recibo un 26 %

Actualmente, el pequeño consumidor puede elegir entre tres tipos de facturación: precio voluntario del pequeño consumidor (PVPC), precio regulado y oferta personalizada. Según el estudio comparativo de FACUA sobre las tarifas de libre mercado, esta última opción, aunque es personalizada, puede encarecer el recibo hasta un 26,2 %.

La investigadora del grupo Derecho de Internet (DDI) del IN3-UOC Aura Ester Vilalta Nicuesa, experta en derecho civil, consumo y contratación, aconseja a quienes se han acogido al PVPC utilizar el simulador de factura del que dispone la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. «Puede ser una buena opción contratar una buena tarifa fija, por ejemplo si se utiliza la electricidad como sistema de calefacción, y también existe la posibilidad de hacer compras colectivas de luz que organiza la propia OCU», señala Vilalta.

Aunque el mercado se ha liberalizado progresivamente, el Estado ha mantenido un grado de regulación del sistema porque se trata de un sector estratégico. FACUA denuncia que no existe la competencia entre distribuidoras que se prometió con la liberalización. Además, también pide que se aplique el IVA reducido y no el tipo normal del 21 %.

De hecho, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha abierto un expediente sancionador a Gas Natural y Endesa por una presunta alteración de los precios de la luz durante el invierno del año pasado. Las acusa de haber provocado un aumento de los precios subiendo el precio de oferta de sus centrales de gas durante la casación del mercado. Aprovechando la ola de frío, las dos compañías forzaron a que las centrales de gas o ciclo combinado entraran en el mercado para generar energía, lo que empujó los precios al alza.

Otro de los problemas de base es que el Gobierno español nunca ha tenido clara la política energética, hasta tal punto que el Estado español tiene una de las economías energéticamente más dependientes del exterior.

«A todo esto hay que sumar el papel que desempeñan las renovables», añade Daniel Liviano, profesor de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC. Liviano, que también es investigador del grupo de investigación i2TIC del IN3-UOC, recuerda que en el año 2011 el Gobierno español eliminó los incentivos para la instalación de placas fotovoltaicas para la autogeneración de energía. «Esto supuso un duro golpe para muchos pequeños inversores y consumidores que habían optado por esta alternativa», subraya el experto.

Además, la Ley 24/2013 del sector eléctrico primero y luego el famoso Decreto 900/2015 sobre el autoconsumo eléctrico, también conocido como el impuesto al sol, han agravado aún más el impulso de las energías renovables en España. «Esta normativa, totalmente contraria a la tendencia de la UE hacia el fomento de las energías renovables, desincentiva enormemente la inversión en este tipo de energías, además de fomentar el autoconsumo ilegal». El investigador califica todo ello de «despropósito», teniendo en cuenta que España es uno de los países con más horas de sol de toda Europa.

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Foto de la profesora Aura Esther Vilalta Nicuesa

Aura Esther Vilalta Nicuesa

Experto/a en: Contratación, consumo, negociación, mediación y arbitraje electrónico, ADR, ODR, justicia electrónica, plataformas colaborativas y de intermediación.

Ámbito de conocimiento: Derecho civil.

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Daniel Liviano

Investigador del grupo i2TIC del IN3-UOC.

Experto/a en:

Ámbito de conocimiento: Derecho civil.