La internet libre sucumbe a los derechos de autor

Varias iniciativas como SaveYourInternet.eu o CopyrightCopywrong.eu, además de expertos y académicos de prestigio, están impulsando una corriente crítica en torno al borrador de la directiva sobre derechos de autor que votará el Parlamento Europeo el próximo mes de julio. El texto, que endurece los derechos mencionados, prevé que se tengan que adquirir licencias para poder compartir en las redes sociales cualquier material que los tenga, e incluso obliga a las empresas tecnológicas de internet a tener que comprobar que el contenido que sus usuarios publican está libre de tales derechos, bajo amenaza de multas millonarias.

Más allá de estos artículos polémicos, la nueva normativa puede tener un efecto relevante en el campo de la docencia. La directiva tiene el objetivo de asegurar el uso de obras protegidas para fines de investigación, docencia y conservación en entornos digitales y transfronterizos, a la vez que busca garantizar el funcionamiento correcto del mercado de derechos de autor. «Si bien todos estos límites a favor de la docencia, la investigación y el acceso a obras fuera de comercio son muy necesarios, el alcance de los límites propuestos es claramente insuficiente. Es una oportunidad fantástica muy mal aprovechada», explica Raquel Xalabarder, catedrática de Propiedad Intelectual de la UOC.

Trabas a la labor de los investigadores

La Asociación Europea de Universidades emitió un posicionamiento en el que alerta de que si esta propuesta de directiva «no se modifica de una manera que aborde proactivamente los retos de facilitar la investigación y la innovación en un entorno internacional y digital, corre el riesgo de impedir el progreso en una de las partes más dinámicas de la economía». En concreto, se criticaban los artículos 3 y 4 de la directiva, que hacen referencia a la minería de datos y a la finalidad docente.

El artículo 3 permite a los organismos de investigación y a las bibliotecas copiar y extraer obras a las que tengan «acceso legítimo» para llevar a cabo actividades de minería de textos y de datos únicamente con «fines de investigación científica». Este límite implica que las empresas que se dedican a la minería de datos y de textos como servicio no tendrán autorización para hacerlo y deberán solicitar una licencia. Por lo tanto, los titulares de los derechos de autor pueden impedir el uso de sus obras o cobrar importantes cantidades para permitir el acceso a ellas. «No es una buena noticia ni para las empresas emergentes europeas ni para el desarrollo económico y cultural de Europa, debido a la desventaja competitiva que comportará en comparación con Estados Unidos, donde la mayoría de actividades y aplicaciones basadas en minería de textos y de datos están autorizadas (y gratuitamente) gracias a la doctrina del uso razonable (fair use)», explica la profesora Xalabarder.

Licencias «adecuadas» para la docencia

En cuanto a la docencia, el artículo 4 autoriza los usos digitales de obras solo para fines de enseñanza, en los centros educativos físicos o por internet y siempre que dispongan de una intranet segura. «Este límite tiene dos cualidades: la primera es que tiene carácter obligatorio para todos los estados, por lo que se unifica el mercado interior; y la segunda es que facilita la labor de los centros educativos en línea, ya que no habrá diferentes normativas entre el país de la institución y el país del estudiante», puntualiza Raquel Xalabarder.

Según la experta de la UOC, el conflicto se encuentra en el apartado donde se especifica que se permite expresamente que los estados miembros restrinjan ese límite a los supuestos en los que no haya «licencias adecuadas» en el mercado. «¿Quién decidirá cuándo una propuesta de licencia es “adecuada”? ¿Y si piden más dinero del que la universidad puede o está dispuesta a pagar?», se pregunta Xalabarder. Uno de los efectos que puede tener este apartado, según la experta, es que las instituciones educativas acaben obteniendo licencias para usos que deberían quedar amparados por el límite.