Derechos y libertades (vulnerados) en el estado de alarma

  Expertos en derecho debatirn sobre la viabilidad legal de algunas de las medidas impuestas por el Gobierno

Foto: Kelly Siskkema

27/04/2020
Nria Bigas Formatj
Expertos en derecho penal, administrativo y constitucional debatirn en un webinar la viabilidad legal de algunas de las medidas impuestas por el Gobierno

Limitar la presencia o la circulacin de personas y vehculos en determinados lugares y horas, requisar bienes temporalmente o racionar el consumo de artculos de primera necesidad son algunos de los derechos que se han visto limitados durante este confinamiento, que suma ya ms de cuarenta das. «La regulacin del estado de alarma se basa en la ponderacin de males, cuestin compleja cuando se trata de ponderar riesgos», afirma Josep Maria Tamarit, catedrtico de Derecho Penal de la UOC y ponente en el prximo seminario web gratuito, «Estado de alarma, derechos y libertades», que tendr lugar el 12 de mayo. Este debate en lnea contar con la participacin de juristas de reputadas universidades, como Fermn Morales, catedrtico de Derecho Penal de la Universitat Autnoma de Barcelona y abogado; Alejandro Saiz Arnaiz, catedrtico de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra, y Csar Cierco, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Lleida.

 

¿Limitar la circulacin o confinar a la poblacin?

Para Tamarit, el actual decreto de estado de alarma ha ido ms all de lo que la ley permite. «Lo que prev la ley es que el Gobierno pueda restringir movimientos de la poblacin en determinados sitios y tiempos, pero no le permite hacer un confinamiento de la poblacin en el domicilio durante un tiempo tan largo, con solo algunas excepciones; este es uno de los abusos que se estn cometiendo en esta crisis».

Espaa es uno de los pases europeos que ha mantenido un nivel de confinamiento ms alto y que ms ha limitado ciertas actividades productivas, en comparacin con otros pases europeos. «El rgimen que se ha adoptado se extralimita claramente ante los poderes que la ley concede al Gobierno en virtud del estado de alarma», advierte Tamarit, que aade que «sorprende tambin la tibia o inexistente reaccin de los juristas ante este escenario».

Por ejemplo, tanto la prohibicin de abandonar el domicilio como la adoptada por el decreto de confinamiento «van ms all de lo dispuesto por la ley e inciden en el derecho fundamental a la libertad ambulatoria, segn la cual los ciudadanos no pueden ser privados de su libertad fuera de los casos previstos por las leyes (art. 17 de la Constitucin), como son la libertad de reunin o de circulacin, por ejemplo», afirma Tamarit.

En esta lnea, el Tribunal Supremo admiti el jueves a trmite un recurso por parte de un abogado que afirma que se estn vulnerando los derechos fundamentales de libertad, reunin y circulacin. «En este caso, el Tribunal Supremo de momento solo ha admitido el recurso y tiene unos das para decidir, pero, en cualquier caso, el abogado tiene razn en que el confinamiento impuesto por el Gobierno es ilegal», afirma Tamarit.

 

¿Dnde estn el poder judicial y los rganos parlamentarios?

«El Parlamento y el poder judicial casi han desaparecido, y esto es preocupante, especialmente porque este ltimo es el garante de los derechos de los ciudadanos, y es, por lo tanto, un servicio esencial en un momento en el que por va de decreto el Gobierno atribuye ms poder a la polica e incluso se moviliza al Ejrcito», advierte Tamarit. Y es que todos los cambios impuestos por el estado de alarma se han hecho mediante decretos ley: «la Ley orgnica 4/1981, en su artculo 1.4, seala que la declaracin de los estados de alarma, excepcin y sitio no interrumpe el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado».

 

Los nios en casa, derechos vulnerados

La privacin de la circulacin se ha cebado con los nios, obligados por ms de cuarenta das a estar en casa y con la posibilidad de salir solo cuando el adulto no tena otra opcin. «Este sacrificio impuesto a los menores es uno de los mayores errores y abusos que se han cometido en la gestin de la epidemia, que se explica porque muy pocos han tomado en serio a los nios como titulares de derechos y no como mero elemento aadido a la vida de los adultos», afirma Tamarit.

 

El Gobierno no puede investigar las noticias falsas

Otra de las polmicas ha sido el control y la monitorizacin de Interior, mediante la Guardia Civil, de bulos, mentiras y noticias falsas (fake news) que se difunden en las redes y que las autoridades estn trasladando a la Fiscala porque suponen para la poblacin un «engao manifiesto con riesgo al orden pblico». «Difundir una noticia falsa no es un delito y, por tanto, ni el Gobierno ni la polica estn autorizados para investigarlo. Tampoco significa que esa mentira est cubierta por la libertad de expresin, porque el derecho a informar no cubre el derecho a dar informacin no veraz, pero que sea mentira no significa que sea automticamente un delito», aclara.

«Si fuera un delito, y fuera un delito privado, como sera el caso de una calumnia o una injuria, tampoco se podra investigar de oficio, solo en casos de delito de odio o un hecho delictivo», aade.

Para Tamarit, hay una clara extralimitacin del Gobierno en un momento en el que hay un clima de grave peligro con respecto a los derechos, en el que bajo la cobertura del estado de alarma, el Gobierno se est atribuyendo poderes que no le da la ley y que van ms all del sentido del estado de alarma.

 

La imposicin de multas, una medida desproporcionada

Ya son ms de 600.000 las multas emitidas desde la declaracin del estado de alarma. «El Estado puede multar cuando hay una infraccin de las condiciones del estado de alarma y las multas son en aplicacin de la ley de seguridad ciudadana. Tambin se pueden llegar a imponer sanciones penales por desobediencia, pero tanto en un caso como en el otro hay una desproporcin y un riesgo de un uso arbitrario de la potestad que la ley da a la polica», advierte.

Actualmente, se est aplicando la ley de seguridad ciudadana —bautizada como «ley mordaza»— contra aquellos ciudadanos que burlan el confinamiento. Se imponen multas de, por ejemplo, 601 euros por un «desplazamiento no autorizado», y de hasta 2.000 euros si los agentes creen que el infractor les ha «menospreciado». El elevado nmero de sanciones es «una demostracin de la intervencin "abusiva" del Estado con el estado de alarma» y advierte que supone un «riesgo importante para los derechos y las libertades de los ciudadanos, que deberan interponer recursos contra estas sanciones».

 

Clasificar y atender a los pacientes segn sus posibilidades 

En el mbito mdico, ante la saturacin de las UCI, algunos sanitarios se han visto obligados a escoger a qu pacientes atender con ms medios y a otros negarles esos recursos. «Jurdicamente, en una situacin de recursos limitados y de medicina de catstrofe, est justificado atender al enfermo con mejor pronstico», afirma Tamarit.

 

El estado de alarma no debe olvidar los derechos fundamentales

Est claro que el estado de alarma es una situacin que prev la Constitucin y que permite al Gobierno adoptar medidas excepcionales, pero «los derechos fundamentales de la Constitucin no estn suspendidos ni afectados por el estado de alarma y, dependiendo de qu medidas se quieran adoptar, pueden ser inconstitucionales», explica.  «El riesgo de abuso est siempre ah donde existe un poder no sujeto a control y la historia nos ensea cules pueden ser las consecuencias. Aunque esta crisis pueda considerarse una situacin excepcional y temporal, alguien debe alertar ante el peligro de que se cronifique», concluye Tamarit.

 

Expertos debaten en lnea la aplicacin del estado de alarma

El seminario web tendr lugar el martes 12 a las 18 h y se podr seguir mediante el canal de YouTube de la UOC desde este enlace. La participacin es gratuita y muy sencilla. Mediante este enlace se obtiene acceso a la sesin, sin necesidad de instalar ningn programa. Adems de asistir a la presentacin de los expertos, los participantes disponen de un chat para hacerles llegar preguntas. Las sesiones tienen una hora de duracin y se grabarn en vdeo, por lo que se podrn ver posteriormente en el mismo canal de YouTube de la UOC.

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Foto del catedrtico Josep Maria Tamarit Sumalla

Josep Maria Tamarit Sumalla

Catedrtico de Derecho penal
Director del programa de Criminologa

Experto/a en: Victimologa, justicia restaurativa, sanciones penales y justicia transicional.

Ámbito de conocimiento: Derecho penal y criminologa.

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