«El número de menores no acompañados ha aumentado en los últimos años debido a la violencia en todo el mundo»

 

El 6 de junio la profesora Colette Dauite, de la Universidad City de Nueva York, protagonizó una ponencia durante la jornada organizada por la UOC Infancia y juventud migrante: realidades, desafíos y posibilidades para la equidad educativa y la justicia social. Con el título "Experiences of Activists Mediating the Politics of Immigration Reform", Dauite ofreció una panorámica sobre la situación actual de la inmigración en los Estados Unidos (EE. UU.) y sus retos principales. La jornada se celebró en el marco del proyecto Crossing Borders to Connect Routes. Researching with educational communities to promote equity and fight racism towards immigrants in a post-pandemic world, liderado por el grupo de investigación transdisciplinario de la UOC Nodes, de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC. En esta entrevista, Daiute advierte que la violencia en el mundo ha hecho aumentar en los últimos años el número de menores no acompañados que llegan a los EE. UU. Este hecho pone en evidencia que hay que legislar para aumentar la protección que se les ofrece porque por otras muchas razones la llegada de menores no acompañados va a seguir en los próximos años. Daiute destaca el papel importante que hacen las organizaciones no gubernamentales para garantizar los derechos de estos niños, muchos de los cuales esperan una oportunidad recluidos en centros de detención.

 

El 6 de junio la profesora Colette Dauite, de la Universidad City de Nueva York, protagonizó una ponencia durante la jornada organizada por la UOC Infancia y juventud migrante: realidades, desafíos y posibilidades para la equidad educativa y la justicia social. Con el título "Experiences of Activists Mediating the Politics of Immigration Reform", Dauite ofreció una panorámica sobre la situación actual de la inmigración en los Estados Unidos (EE. UU.) y sus retos principales. La jornada se celebró en el marco del proyecto Crossing Borders to Connect Routes. Researching with educational communities to promote equity and fight racism towards immigrants in a post-pandemic world, liderado por el grupo de investigación transdisciplinario de la UOC Nodes, de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC. En esta entrevista, Daiute advierte que la violencia en el mundo ha hecho aumentar en los últimos años el número de menores no acompañados que llegan a los EE. UU. Este hecho pone en evidencia que hay que legislar para aumentar la protección que se les ofrece porque por otras muchas razones la llegada de menores no acompañados va a seguir en los próximos años. Daiute destaca el papel importante que hacen las organizaciones no gubernamentales para garantizar los derechos de estos niños, muchos de los cuales esperan una oportunidad recluidos en centros de detención.

Los objetivos de la política DACA de 2012 incluían impedir la deportación de niños llegados sin autorización legal a Estados Unidos, proporcionarles documentos de identidad oficiales que les permitieran trabajar legalmente, acceder a ciertas ayudas para la educación y poder vivir sin problemas en un país que han conocido como su único hogar. Antes de que la DACA fuera derogada en 2018, casi 700.000 personas la habían solicitado y se les había concedido (Daiute y Habteselasse, presentación del 6 de junio de 2023 al grupo de investigación Nodes).

En 2018, la administración Trump derogó la DACA aduciendo una retahíla de argumentos confusos que posteriormente fueron retomados en demandas en favor de jóvenes elegibles para la DACA. En 2019, el Tribunal Supremo restableció parcialmente la DACA, después de que los tribunales de instancias inferiores no hubieran satisfecho al demandante. La administración Biden emitió la "norma final" (final rule) en octubre de 2022, que permitía a los beneficiarios de la DACA seguir percibiendo sus prestaciones y, a las personas que cumplían los requisitos, presentar su solicitud.

Para resumir, los aspectos positivos de la política migratoria DACA son que ha proporcionado un medio para que las personas que han vivido la mayor parte de sus vidas en EE. UU., muchas de ellas habiendo tenido este país como su hogar y hablando solamente inglés, puedan participar de manera sustantiva en la sociedad, labrarse un futuro y contribuir de muchas maneras más allá de pagar impuestos, cosa que también hacen. Los aspectos negativos son que, dado el estancamiento del Congreso en política de inmigración desde 1989, la DACA fue introducida mediante orden ejecutiva, la cual puede revocarse, como ha sucedido. La alternativa y el siguiente paso consiste en que el Congreso conceda la ciudadanía a los jóvenes acogidos a la DACA que reúnan los requisitos necesarios, con una ampliación a aquellas personas con méritos similares nacidas después de 1981 (la fecha límite en la norma final).

A pesar de que proporciona algunas políticas y prácticas, EE. UU. sigue sin ofrecer una protección rápida, humana y adecuada para su edad a los niños migrantes. Por desgracia, las justificaciones y estrategias para incluir a los niños migrantes actuales se han visto afectadas por el debate político. De acuerdo con la práctica actual de niños extranjeros no acompañados (UAC, por sus siglas en inglés), los menores de 18 años detenidos en la frontera de EE. UU. sin justificante de situación de inmigración legal y sin un padre o madre o tutor legal son transferidos a la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés). La ORR ofrece refugio, atención y servicios de apoyo mientras los niños pasan por los procedimientos de inmigración. A pesar del Acuerdo de Flores, que obliga al gobierno a liberar a los niños de los centros de detención de inmigrantes sin demoras innecesarias, muchos menores pasan años en centros de detención a la espera de la tramitación de su caso. Debido a la situación de violencia en tantos países, el número de menores no acompañados ha aumentado en los últimos años. La ORR informa que muchos de ellos son ubicados con parientes y en familias de acogida.

Sin embargo, debido a las previsiones que apuntan a un aumento de las causas de los desplazamientos y del consiguiente número de niños migrantes, urge legislar para aumentar la financiación de la atención y mejorar la protección. Un problema que complica el éxito del tratamiento de los menores migrantes es que cada vez hay más niños que trabajan a edades muy tempranas en fábricas, lo cual los expone a condiciones insalubres y dificulta o imposibilita su escolarización. Los recientes intentos de abordar el trabajo infantil migrante también se han visto afectados por las diferencias políticas, ya que, por ejemplo, los demócratas proponen tomar medidas enérgicas contra las empresas que emplean a niños y aumentar la financiación de la ORR, mientras que los republicanos proponen reforzar el cierre de las fronteras e incrementar la investigación de las familias de acogida, lo cual retrasa la protección y la inclusión.

Al igual que en España, algunos líderes y partidos políticos de Estados Unidos han relacionado a los jóvenes migrantes con bandas transnacionales violentas. No hay pruebas de que los jóvenes migrantes sean proclives a pertenecer a bandas o a estar implicados en terrorismo, como se afirma desde algunas posiciones políticas extremas. Los argumentos políticos sobre la justicia en materia de inmigración se hacen eco de las posiciones políticas sobre otras cuestiones, como el derecho de la mujer a decidir sobre el aborto y la soberanía de cada estado a determinar su legislación, que en Estados Unidos es proclive a adoptar posiciones conservadoras y de derechas.

Basándome en la investigación presentada el 6 de junio, me remito a las propuestas presentadas por activistas (abogados, asistentes parajurídicos, funcionarios de servicios estudiantiles y trabajadores de organizaciones juveniles) (Daiute y Habteselasse, 2023). Por ejemplo, uno de nuestros entrevistados, un abogado que también trabaja con organismos gubernamentales, sugirió numerosas estrategias, como identificar organizaciones que puedan recopilar de forma segura datos sobre el número de jóvenes inmigrantes que merezcan ayuda, con lo que se aumentaría la fuerza de los argumentos a favor de la justicia; trabajar con el gobierno federal para crear hojas de ruta claras para la ciudadanía y abogar por ayudas federales para garantizar que los jóvenes inmigrantes sin papeles puedan terminar la educación superior. Otros han informado de que los centros de educación superior pueden promover un trato justo para jóvenes sin documentos proporcionándoles becas de emergencia, asistencia alimentaria, representación legal, orientación en procesos que presentan muchos obstáculos y reconocimiento institucional de los logros de los estudiantes, así como de su situación difícil. Además de abogar por este tipo de iniciativas, los asistentes parajurídicos que entrevistamos hicieron hincapié en la necesidad de apoyarse entre ellos y a otros defensores de los inmigrantes con energía positiva, empatía y otros tipos de ayuda, dado el trabajo tan difícil que realizan en el campo contemporáneo de la inmigración.

Los desplazamientos provocados por la violencia y los desastres climáticos despojan a los jóvenes y sus familias de la estabilidad física, social y psicológica característica de un desarrollo humano sano. Aunque muchos niños y jóvenes consiguen dar sentido a experiencias perjudiciales y adaptarse a circunstancias desconocidas, a menudo a través de arduos viajes, los desplazamientos los exponen a múltiples y diversos acontecimientos traumáticos. Además de abogar por la paz, como psicóloga del desarrollo considero que la forma más urgente y adecuada de abordar los numerosos problemas del desplazamiento, la exclusión y la pobreza es proporcionando alivio frente a la deportación, atención familiar y comunitaria segura, educación, protección frente a abusos como el trabajo infantil y participación en colectivos responsables con objetivos justos. Nuestra investigación ha demostrado que las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil asumen gran parte de la responsabilidad de estas garantías, lo cual apunta a la necesidad de que los gobiernos intervengan más.

En el siglo xx, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ofreció una solución multinacional ofreciendo protección a las personas desplazadas de sus hogares por la fuerza y en grave riesgo de perder la vida si regresaban debido a ciertos factores de identidad. Después llegó la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, pero dejó una laguna para los menores no acompañados, ya que, según ese tratado, el mediador de los derechos del menor tiene que ser uno de los padres o un tutor legal. Muchos estados-nación están utilizando la convención de la ACNUR, con afirmaciones nacionales y municipales adicionales, para aplicar procedimientos de derechos humanos a personas, familias y niños vulnerables. La práctica, la supervisión y la mejora de estos acuerdos transnacionales requieren una atención, un cuidado y una creatividad constantes para garantizar que se proporcionan esos valores multinacionales.

Sí. En Estados Unidos se amenaza a funcionarios públicos, y a veces a sus familias, por sus actos y opiniones políticas. Tales amenazas han sido proferidas, en su mayoría, por personas que afirman estar vinculadas a grupos de derechas, entre las cuales hay un candidato actual del partido republicano a las próximas elecciones presidenciales. Las personas que trabajan en apoyo de los migrantes en organizaciones no gubernamentales no siempre son tan visibles como los funcionarios públicos, pero, dadas las amenazas de violencia a otras personas que trabajan en ámbitos como el derecho de la mujer a decidir, la justicia climática y la equidad electoral, la retórica de extrema derecha es un peligro cada vez mayor.