"El trabajador social sanitario es imprescindible en la lucha contra la pobreza farmacéutica"

Más del 4,5 % de la población española está afectada por lo que se conoce como pobreza farmacéutica, un concepto que hace referencia a la situación en la que un paciente no tiene suficientes ingresos para afrontar el coste de su tratamiento. En el Hospital de Sant Pau de Barcelona se ubica desde 2019 la Asociación Banco Farmacéutico, que dirige Javier Vinzia, una entidad que trabaja para combatir la pobreza farmacéutica y dar visibilidad al problema. La asociación recibe anualmente más de 2.000 peticiones de personas que se encuentran en estas circunstancias y paga directamente unos 200.000 euros en medicación.

Vinzia es uno de los participantes del encuentro anual del trabajo social sanitario y del Día Internacional del Trabajo Social Sanitario, que organizan los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC el próximo 2 de octubre. En esta entrevista explica algunos de los retos que afronta su organización en la lucha contra la pobreza farmacéutica y de qué manera las alianzas con el trabajo sociosanitario pueden contribuir a mejorar la situación.

¿Cuál es el perfil de persona en situación de pobreza farmacéutica que tenéis localizado?

En cuanto al perfil sociodemográfico de las personas afectadas, no hay diferencias significativas entre hombres y mujeres. Si lo analizamos por edades, la franja mayoritaria se sitúa entre los 40 y los 69 años, seguida de cerca por un grupo de menores de 16 años que no para de crecer y que ya se acerca al 20 % de los afectados. Más allá de los datos de edad y género, el Observatorio identifica tres perfiles principales: el trabajador pobre, que cobra un sueldo bajo y no puede asumir el copago del 40 % de los medicamentos; la persona inmigrada en situación administrativa irregular que está tramitando su llegada; y el perfil clínico, formado por personas con patologías crónicas o graves, como por ejemplo problemas de salud mental, trastornos del sistema nervioso o enfermedades cardiovasculares.

¿Cuáles son las consecuencias reales en la salud en pacientes que se ven obligados a elegir entre comer o comprar los medicamentos que necesitan?

La persona entra en un círculo vicioso. Esta dificultad provoca una falta de adherencia al tratamiento que puede comportar consecuencias muy graves, como por ejemplo el empeoramiento de la patología existente o la aparición de nuevas enfermedades. Todo lo anterior puede hacer que la persona acabe viéndose obligada a abandonar el mercado laboral, lo que agrava todavía más su escasez de recursos para pagar la medicación y, a la vez, supone un coste sanitario mucho más elevado para el Estado.

Tradicionalmente, se relacionaba la pobreza farmacéutica directamente con la implantación del copago. Sin embargo, ¿cómo han afectado el actual contexto de inflación, la precariedad laboral o el coste de la vivienda en el aumento de las peticiones de ayuda que recibís?

Actúan como potenciadores directos de la pobreza farmacéutica. Concretamente, la precariedad se traduce en el fenómeno del trabajador pobre, que tiene unos ingresos tan bajos que a menudo ni siquiera le permiten acceder a una vivienda digna. Esta situación de gran vulnerabilidad se ve agravada por la inflación y el encarecimiento de los productos básicos, un contexto en el que el copago farmacéutico tiene una incidencia muy negativa. Por todo ello, valoramos muy positivamente el real decreto aprobado en mayo por el que el Gobierno ha reformado este sistema, y confiamos que su aplicación efectiva sirva para aliviar la situación de las personas más vulnerables de nuestra sociedad.

Participa en la mesa "Arquitectura de la coordinación sociosanitaria en red". ¿Cómo se articula concretamente la red que conecta el Banco Farmacéutico, la red de atención primaria, las entidades sociales y las farmacias comunitarias?

Desde el Banco Farmacéutico pusimos en marcha el fondo social del medicamento en colaboración con los Servicios Sociales de Barcelona. Nos complace mucho haber unido el sector público, el sector privado del mundo farmacéutico y nuestra ONG para tratar de paliar conjuntamente la pobreza farmacéutica a través de una aplicación muy eficiente. El sistema funciona de forma ágil: una vez que el trabajador social da de alta al beneficiario que necesita ayuda, el farmacéutico puede acceder a la plataforma para corroborar los datos cuando el paciente va a la farmacia, le dispensa la medicación y nosotros pagamos directamente al farmacéutico. Esta cooperación entre los tres ámbitos es fundamental, y hay que destacar un aspecto clave del modelo: la persona no recibe dinero en efectivo, sino directamente la ayuda concreta que necesita.

¿Cómo se puede conseguir una coordinación sociosanitaria ágil cuando la gestión de la salud y de los servicios sociales depende de diferentes administraciones y mesas de trabajo?

A menudo resulta muy complicado; es un reto que hemos tenido que afrontar, especialmente en los municipios grandes o ante instituciones estatales. A pesar de que hay voluntad, demasiadas veces nos hemos encontrado atrapados en la burocracia de ser derivados constantemente de Salud a Servicios Sociales y a la inversa. Para afrontarlo, hemos optado por aprovechar las nuevas tecnologías y las herramientas digitales que simplifican toda esta gestión. Creemos que este es un aspecto fundamental en el que hay que seguir trabajando, poniendo una atención especial en las necesidades básicas y considerando la medicación como una parte esencial de estas necesidades. En definitiva, resulta paradójico e inaceptable que, mientras el sistema sanitario español presume de ser uno de los más valorados del mundo, garantizar el acceso a los medicamentos siga siendo una dificultad invisible para mucha gente.

Desde el Banco Farmacéutico habéis ampliado la vía de acceso a las ayudas, lo que permite que los trabajadores sociales de las entidades del tercer sector puedan derivar a usuarios directamente. ¿Qué aporta esta colaboración entre el tercer sector social y el sistema de salud?

Decidimos hacerlo porque valoramos muchísimo la proximidad que los trabajadores sociales tienen con los usuarios, ya que en muchos casos los conocen mucho mejor y saben qué necesidad real tienen. Con frecuencia, el personal de los centros de salud está desbordado, y puede ser que muchos pacientes desconozcan nuestro programa o que falte coordinación interna para hacerles llegar la información. Por eso decidimos que los trabajadores sociales de las entidades, que a menudo ya colaboran estrechamente con los profesionales de la salud, también pudieran ofrecer este recurso. En cualquier caso, hay que remarcar que para darse de alta en el Banco Farmacéutico siempre hace falta una receta médica, que solo pueden prescribir los médicos de los centros de salud, con quien evidentemente contamos y colaboramos. Para nosotros, por lo tanto, es prioritario establecer redes mucho más ágiles entre médicos y trabajadores sociales para que las ayudas puedan llegar a tantas personas como sea posible.

¿Cómo valora el papel del trabajador social sanitario en la detección de quien sufre pobreza farmacéutica?

El papel del trabajador social sanitario es absolutamente imprescindible. Su presencia en los centros de salud, atendiendo a los pacientes y en contacto directo con los médicos y las enfermeras, resulta básica. Aunque las funciones de cada profesional son diferentes, no hay duda de que tienen que trabajar estrechamente coordinados.

En este sentido, nuestra labor no quiere limitarse a facilitar el recurso del medicamento que la persona necesita; por ello, estamos valorando la posibilidad de colaborar con equipos de trabajadores sociales para que aquellas personas que identificamos con pobreza farmacéutica puedan tener un acompañamiento integral y sean detectadas desde la propia farmacia. Creemos firmemente que no podemos quedarnos solo en la entrega del medicamento, sino que hay que hacer un trabajo en red entre todos los profesionales. Eso nos tiene que permitir facilitar no solo el acceso a la medicación, sino también a la salud y a unas condiciones de vida óptimas para estas personas.

Si tuviéramos que diseñar una herramienta o mecanismo estructural para erradicar definitivamente la pobreza farmacéutica en España, ¿qué papel debería tener el diagnóstico social sanitario?

Diseñar una herramienta o mecanismo es importantísimo. Nosotros tenemos la nuestra, que evidentemente tiene sus limitaciones, pero nos está sirviendo para cumplir el objetivo de dispensar la medicación. Pero más allá de eso, el trabajador social es quien puede ir evaluando no solo la evolución de la patología, sino también el estado de ánimo y los sentimientos de la persona, que son aspectos fundamentales. A veces nos encontramos con personas enfermas que anímicamente están bien, pero, en cambio, hay muchas otras que, a pesar de no tener una patología grave, se encuentran muy mal. Por eso es básico el papel del trabajador social a la hora de hacer este diagnóstico, evaluando con profundidad la dimensión social de la persona: su situación económica, sus redes de amistad y familiares próximas, y el estado de su vivienda.

Además, resulta clave para detectar y ayudar a afrontar las barreras, tanto culturales como legales, con las que se puede encontrar la persona. En definitiva, en todo este proceso, el papel del trabajador social sanitario es imprescindible.

¿Cómo ayuda el trabajo conjunto entre médicos, farmacéuticos y trabajadores sociales a visibilizar que el medicamento tiene un valor social y que sin equidad de acceso no hay salud real?

El trabajo conjunto entre médicos, farmacéuticos y trabajadores sociales es básico, ya que estamos todos en el mismo barco para ayudar a las personas y los perfiles más vulnerables de nuestra sociedad. El farmacéutico solo quiere formar parte de este equipo y ayudar con las mínimas trabas posibles a todos los que lo necesitan. A veces se plantea si un medicamento es financiado o no, pero al final hay que valorar cada caso de forma individual y ponerse en la piel de las personas. Desde nuestra entidad hoy en día no podemos hacerlo solos, pero gracias a la amplia red de trabajo de los servicios sociales que colaboran con nosotros se está llevando a cabo esta labor tan importante para no perder de vista la equidad en el acceso.

Ahora se ha aprobado un real decreto que será efectivo pronto, incluso parece que, a finales de año, sin tener que esperar al 2027. Se trata de una norma en la que hemos hecho incidencia para garantizar y facilitar el acceso a la medicación a muchas personas que hasta ahora tenían muchas dificultades porque no tenían un límite de gasto. Ahora se ha equiparado a las rentas más bajas, con perfiles como los de los pensionistas, estableciendo unos topes máximos de 8,23 € para rentas inferiores a 9.000 € y de 18,52 € para rentas inferiores a 18.000 €. Eso se ha regularizado mucho y tiene que ayudar a las personas que más lo necesitan.

Ahora bien, también es cierto que, desgraciadamente, el copago solo actúa sobre la medicación financiada. Hay casos, patologías y situaciones de algunas personas que requieren un fármaco que no está financiado, y es entonces cuando el coste vuelve a ser muy elevado. Aquí es donde queremos estar nosotros: junto a las personas que lo necesiten para ayudarlas en este aspecto, sin ser tan rígidos con los criterios de selección que en algún momento hemos tenido que imponer para poder absorber el volumen de demandas que recibíamos.

¿Qué reformas o políticas públicas urgentes cree que deberían impulsarse desde las administraciones para que nadie tenga que renunciar a su tratamiento?

En cuanto a las reformas y políticas públicas, el real decreto aprobado recientemente tiene muy en cuenta los perfiles más vulnerables de nuestra sociedad. Aun así, debería hacerse un seguimiento de los medicamentos que no son financiados para entender cuál es el motivo y valorar si, en casos muy concretos y avalados por equipos sanitarios (médicos, trabajadores sociales y enfermeros), se podría ofrecer algún tipo de ayuda. La idea sería que no fuera solo el Banco Farmacéutico el que interviniera, sino que el Estado dispusiera de un fondo de ayuda ágil y libre de burocracia para estos casos, teniendo claro que nadie debería renunciar a su tratamiento.

Además, pongo otro tema encima de la mesa: ¿hasta qué punto tenemos que hablar de "pobreza farmacéutica" o "igualdad de acceso", teniendo en cuenta que a nadie le gusta que lo tilden de pobre? Quizás habría que reflexionar y facilitar que las personas puedan ser sinceras desde el primer momento; es decir, que cuando les prescriban un tratamiento puedan decir abiertamente que no se pueden permitir pagar 30 o 50 euros, y que a partir de ahí el médico pueda activar los mecanismos necesarios para que el paciente acceda al medicamento.