España podría tener próximamente su primer marco estatal integral para regular la actividad de los lobbies. La propuesta del Real Decreto-ley 21/2026 prevé crear un registro público y obligatorio para los grupos que intenten influir en la Administración General del Estado. En teoría, está previsto que el texto se vote el 16 de septiembre en el Congreso de los Diputados para su convalidación. Si se aprueba, la norma introduciría la denominada huella normativa, endurecería las incompatibilidades de los antiguos altos cargos y prevería multas de hasta 40.000 euros.

"Hacer lobby significa intentar influir o intervenir en una decisión pública, o bien promoverla", explica Mariola Tàrrega, profesora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC y experta en relaciones públicas y comunicación política.

Como expone Tàrrega en un análisis publicado en el blog de la UOC Todo comunica, esta influencia podría ejercerse mediante una reunión institucional, pero también a través de una campaña de comunicación en las redes sociales, un informe o un evento.

El lobismo no es, en sí mismo, una práctica ilícita: constituiría una vía de participación de empresas, asociaciones, sindicatos, ONG o plataformas en la toma de decisiones públicas. El problema aparece cuando se desconoce quién influye, en nombre de quién y con qué recursos.

Regular el lobismo

La regulación en España llegaría tras años de intentos fallidos y de una situación difícil de medir precisamente por su opacidad. Hasta ahora, la OCDE calculaba que España cumplía solo el 25 % de sus criterios normativos sobre lobismo y ninguno de los indicadores de aplicación práctica.

El último informe de la Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes Generales muestra la dimensión del problema: en 2025, solo 75 de los 350 diputados y 55 de los 265 senadores anotaron en sus agendas reuniones distintas a la actividad parlamentaria ordinaria; además, las citas declaradas pocas veces correspondían a encuentros con grupos de interés. "El lobismo podría ejercerlo una empresa privada con interés particular en influir en una decisión pública. Esto incluiría desde grandes multinacionales hasta pequeñas empresas locales que quisieran asegurarse de que las políticas públicas fueran favorables a sus intereses", detalla Tàrrega.

Un registro obligatorio para saber quién influiría y sobre qué

El nuevo Registro de grupos de interés, adscrito al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, publicaría la identidad y la actividad de cada grupo, sus representantes, sus fuentes de financiación y, en caso de que fuera necesario, el presupuesto destinado a influir. También recopilaría las reuniones, las comunicaciones, los informes y los documentos entregados a la Administración, así como la norma o política sobre la que se pretende incidir. Los responsables públicos tendrían un mes para hacer públicos sus contactos.

La otra gran novedad sería la huella normativa: cada proyecto normativo en el que intervinieran grupos de interés tendría que incorporar un informe que identificara sus aportaciones y detallara cuáles han modificado el texto final y cuáles han sido rechazadas.

De este modo, la ciudadanía podría seguir el trayecto que va desde una propuesta privada hasta la redacción de una norma. Las infracciones muy graves podrían conllevar multas de entre 5.000 y 40.000 euros y la expulsión del registro durante un máximo de cinco años.

El reto de vigilar la influencia informal y profesionalizar el sector

Según Tàrrega, la transparencia sería el principal desafío. "Los lobbies tienden a actuar en la sombra, fuera del foco mediático y del ojo público", señala. Aunque el decreto adoptara una definición amplia de la actividad de influencia —incluyendo comunicaciones directas e indirectas por cualquier canal—, su eficacia dependería de la calidad de la información declarada, de la supervisión y de los recursos con los que contara el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Además, la experta advierte de una limitación que no desaparecería automáticamente con un registro. "Estos registros no captarían la totalidad de las actividades de lobby", afirma. Gran parte de la influencia podría producirse en conferencias, seminarios, galas o encuentros informales.

El decreto excluiría de su ámbito los actos meramente protocolarios. De este modo, una de las pruebas consistiría en delimitar cuándo una conversación social se convierte en una actividad de influencia.

La norma estatal tampoco sustituiría los registros autonómicos y locales ni la regulación específica de las Cortes, aunque prevería conectarlos con el sistema estatal y con el Registro de transparencia de la Unión Europea.

La nueva regulación también podría consolidar los asuntos públicos como una salida profesional para graduados en Comunicación, Relaciones Públicas y Ciencias Políticas. Según Tàrrega, los lobistas combinarían el conocimiento institucional y legal con la capacidad de investigar, interpretar políticas públicas, construir argumentos y diseñar campañas. La profesora subraya que serían perfiles "bastante polifacéticos" y que el crecimiento del sector exigiría formar a profesionales capaces de actuar con criterios éticos y de comprender el funcionamiento democrático.

La regulación no eliminaría la influencia privada sobre la política —ni pretendería hacerlo—‍, pero obligaría a dejar más rastros. El salto cualitativo dependería de que el registro no se convirtiera en un simple directorio de organizaciones, sino en una herramienta que permitiera saber quién ha participado realmente en cada decisión pública y qué impacto ha tenido.