La libertad en internet cae por noveno año consecutivo al aumentar los «apagones» de internet

Los movimientos contra gobiernos, leyes, situaciones económicas insostenibles y otros focos de malestar circulan por todo el planeta desatando una oleada de protestas que tienen su foco de inicio en internet. Chile, Irán, Hong Kong, Líbano, Bolivia, Cataluña y decenas de otros rincones del mundo han visto cómo los movimientos pasaban de la pantalla de un móvil o un ordenador a las calles y se traducían en manifestaciones de todo tipo. Solo la ciudad de Madrid acogió una media de más de 10 protestas al día durante 2018 según datos del Anuario estadístico del Ministerio del Interior, y se prevé que la cifra sea aún más alta cuando se analicen los datos de 2019.

Las redes sociales y aplicaciones como WhatsApp o Telegram han facilitado la organización de muchos de esos movimientos. «Los medios sociales han diversificado y transformado las vías de participación en la acción colectiva», afirma Antonio Calleja López, sociólogo experto en tecnopolítica e investigador del Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC. Para el experto, las plataformas en internet abren una variedad nueva de formas de participación, que, aunque en sus formas más superficiales llevan al denominado clictivismo o activismo de clic, ofrecen una vía de entrada y de transición gradual hacia formas más completas, que van del ciberactivismo a la «tecnopolítica», el uso táctico y estratégico de las redes digitales para la organización, la comunicación y la acción política colectiva. En este sentido, «la clave para los movimientos en red hoy no es tanto el potencial de los espacios y las dinámicas digitales sino el de su hibridación con los presenciales», explica Calleja.

«Podemos remitirnos a finales de los noventa, cuando el móvil empezó a mostrar las posibilidades para coordinar acciones de protesta», señala Silvia Martínez, directora del máster de Social Media: Gestión y Estrategia de la UOC. Ya antes del nacimiento de plataformas como Facebook, Twitter o Telegram, las tecnologías de la información y la comunicación tuvieron un papel clave en el desarrollo de las movilizaciones sociales, señala Martínez, y añade que en la actualidad la tecnología resulta una herramienta fundamental para el activismo, independientemente de que este tenga fundamentación política, social o económica.

Según los expertos, la primavera árabe se considera el primer movimiento que utilizó las redes sociales como instrumento para viralizar internacionalmente sus demandas. «Fue un hito en la sociedad digital ver por primera vez cómo confluían dos factores: por una parte, el control sistemático de los medios de comunicación por los gobiernos de los países implicados junto a la aparición de Al-Yazira como un medio transversal de comunicación no sujeto a la censura y con un gran poder; y por otro lado, el uso de medios sociales como Facebook y Twitter para la movilización y la denuncia ante la esfera internacional apoyadas en imágenes, porque lo que circula en redes son sobre todo fotografías y videos de lo que estaba ocurriendo», señala Alexandre López-Borrull, profesor de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC, que añade que en el éxito de las protestas apoyadas en la red ha sido clave la figura del ciudadano «prosumidor». «En el momento en que se convierte en un prosumidor, significa que a la vez que consume información es capaz de generarla; cada individuo puede llegar a ser un medio de comunicación por sí solo. Eso hace más difícil controlar la información, cosa que los gobiernos saben y temen».

Para controlar, apagar internet

Según López-Borrull, es la razón de que tras las primaveras árabes hubiera un gran intento de censura, primero sobre los medios de comunicación, donde ya existía, y después sobre las redes sociales. «Pero hay un tercer escalón, que es el control de los propios móviles y demás dispositivos cortando internet. Se trata de una escala: cuanto mayor es la crisis, más escalones suben los gobiernos, hasta llegar al estadio en el que se decide cortar internet como última solución para controlar una determinada movilización social», advierte.

Se refiere a los llamados «apagones» de internet, con los que cada vez más países de Asia y África, pero no solo de estos continentes, buscan sofocar a los disidentes. Según el informe de Access Now, un organismo independiente que defiende los derechos en internet, el Gobierno indio está a la cabeza de la lista de países que usa esta práctica, aunque no se encuentra solo. En 2018 hubo al menos 196 bloqueos en 25 países, mientras que dos años antes fueron 75 los bloqueos de internet efectuados en 24 países. En total, en los últimos cuatro años más de una cuarta parte de los países del mundo ha utilizado esta táctica. La economía de los países afectados lo ha pagado perdiendo hasta 6,6 millones de dólares por día según las investigaciones que ha hecho Deloitte.

Cada vez más censura

Así, la misma tecnología que ha proporcionado un abanico de posibilidades casi ilimitadas a la organización y propagación de distintos movimientos sociales también puede convertirse en herramienta para la censura. Y la oleada de protestas parece haber provocado que esa censura esté cada vez más presente en todo el mundo. Según el informe Freedom on the Net 2019, un estudio que ha llevado a cabo Freedom House y que analiza la libertad de internet en 65 países de todo el mundo, la libertad global de internet ha disminuido por noveno año consecutivo. Una muestra de ello es que entre junio de 2018 y mayo de 2019, Freedom House encontró indicios de la existencia de programas de vigilancia avanzada en las redes sociales en 40 de los 65 países analizados.

Otros ejemplos son los pasos dados por gobiernos como el de Rusia, que el pasado mes de abril aprobaba la ley con la que refuerza su capacidad de censura en internet mediante una red doméstica que pueda funcionar de manera autónoma y permita a las autoridades rusas filtrar la información externa a esa red y bloquear el contenido que considere poco deseable. O la actuación de Irán el pasado mes de noviembre, cuando ocupaba titulares en la prensa de todo el mundo por los doce días de manifestaciones ciudadanas que habían sido silenciadas con cortes masivos en internet. En cuanto a China, la supervisión de internet es cada vez más intensa y aumenta año tras año el contenido considerado «delicado».

«Intervenir internet en alguna de sus capas es una estrategia represiva con una dimensión política, cortar la capa digital afecta a las formas de expresión política», explica Antonio Calleja López, que añade que «no hace falta irse a China, el Gobierno español también está tratando de conseguir cobertura legal para hacerlo». La deriva que va de la denominada «ley mordaza» (que fue una reacción frente al potencial de las multitudes conectadas constituidas en torno al movimiento del 15-M) al más reciente «decretazo digital» es «la historia de un ataque a la autonomía social apoyada en internet, a la capacidad de la sociedad de autoorganizarse y movilizarse, usando medios digitales, para cambiar las cosas», explica Calleja. Para el investigador, es necesario observar a los distintos gobiernos con una mirada a la geopolítica de la tecnología, que debe atender al rol de grandes corporaciones como Google o Facebook, que tienen más poder que cualquier estado en determinadas capas de internet.

Por su parte, la profesora Silvia Martínez recuerda que en las acciones de control de internet y sistemas de comunicación es «especialmente importante ver las facultades que tiene el Gobierno para intervenir directamente, y las situaciones o circunstancias en las que estas medidas puedan aplicarse», y alude al Real decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, convalidado por la Diputación permanente del Congreso de los Diputados el 27 de noviembre pasado, y señala que «justificar una acción empleando términos abstractos como "orden público" podría traducirse en una potestad amplia de actuación».

El derecho a internet como derecho fundamental

Las consecuencias de esa censura afectan a distintas esferas, explican los expertos. Alexandre López-Borrull recuerda que Naciones Unidas, desde sus comisiones de estudio, ya afirmó en 2016 que internet constituía por sí solo un derecho fundamental «porque mediante él la sociedad está desarrollando la vida, y por tanto sin acceso a internet una sociedad no puede desarrollarse. La red no es solo para comprar entradas para un concierto, por eso el derecho a internet está incluido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible».

«Coartar el derecho de reunión y de protesta es nefasto para una sociedad: no solamente trata indignamente y coactivamente a sus ciudadanos, sino que se priva de escuchar a los que defienden puntos de vista opuestos, lo que le evita tener que desarrollar los argumentos que legitimen las decisiones políticas que habrá que aplicar al conjunto de la sociedad y que deben fundamentar el consentimiento voluntario del conjunto de los ciudadanos», coincide Albert Padró-Solanet Grau, profesor de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC. Los costes no son solo morales o de represión a corto plazo: «la falta de contestación puede llevar a una esclerotización de la sociedad y a una falta de adaptación a los cambios que conduzcan a situaciones realmente traumáticas en el futuro», afirma el profesor de la UOC, que añade que los gobiernos justifican la intervención de internet como una manera de salvaguardar el buen funcionamiento de la sociedad.

«El discurso actual, tanto en los medios de comunicación tradicionales como en los gobiernos, sobre los peligros que conlleva internet para la cohesión y el correcto funcionamiento de las democracias se utiliza como excusa para justificar que se impongan controles más duros a internet», explica Padró-Solanet. Esta campaña parece querer influir en la opinión pública alertando de una serie de plagas encadenadas que se asocian al uso y la difusión masiva de internet en nuestras sociedades y que amenazan su buen funcionamiento. «Primero están las noticias falseadas (fake news) y la manipulación de la información y luego la falta de civismo»; según el profesor, «internet se retrata como una ciudad sin ley en la que cualquier comportamiento es posible y donde el anonimato lleva a una rotura completa de la civilidad. Todo esto sucede en alguna medida, pero no completamente; e internet es, probablemente, la esfera pública donde ahora mismo se puede discutir y deliberar con mayor apertura y libertad», explica Padró-Solanet.

Para Ernesto Pascual, profesor de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC, hasta la fecha la población siempre ha buscado atajos para salvar esas severas restricciones en el uso de internet y las redes sociales gracias a que el potencial de internet es la capacidad «de abrir nuevos espacios comunicativos que permitan desarrollar una narrativa y simbología más heroica, precisamente por esa persecución. Sin embargo, cuando la acción colectiva pasa de las redes a la calle, los problemas se vuelven tradicionales: el poder y el uso de la fuerza. Lo estamos viendo en países como Irán, Birmania o China, pero también en Hong Kong o Cataluña».