La participación de las víctimas en la Jurisdicción Especial para la Paz: hallazgos, conclusiones y recomendaciones para una justicia restaurativa efectiva en Colombia

En un momento crucial para la consolidación de la paz en Colombia, donde el modelo de justicia transicional se observa globalmente como un referente de innovación jurídica, surge una evaluación crítica sobre su pilar fundamental: la justicia restaurativa. La tesis doctoral "La participación de las víctimas en la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia: un análisis desde el modelo de justicia transicional restaurativa", elaborada por Silvana Avendaño Bedoya, doctora en Derecho, Política y Economía de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), presenta un análisis profundo sobre el papel de las víctimas en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la integración entre justicia restaurativa y justicia transicional en el contexto colombiano.

La participación de las víctimas no es un accesorio procesal, sino el eje gravitacional que sostiene la legitimidad de la JEP. No obstante, la investigación revela que este modelo no opera como una armonía perfecta, sino como una "integración bajo tensión". A través de un riguroso análisis teórico, jurídico y empírico, el estudio evidencia que la relación entre la justicia restaurativa y la transicional es parcial, diferenciada y disputada. Mientras la institución celebra los avances en la dignificación, la realidad en el entorno social demuestra que el potencial transformador se ha quedado estancado en lo procedimental, ya que las víctimas se encuentran ante la brecha entre ser escuchadas en el proceso y lograr una incidencia efectiva en las decisiones judiciales de fondo.

Silvana Avendaño expuso sus conclusiones ante directivos de la JEP y en distintos espacios académicos de Colombia. Durante estos encuentros, la investigadora enfatizó que la participación requiere un deber de respuesta obligatorio por parte de la judicatura.

"Es imposible hacer justicia sin que las víctimas lleven a cabo parte de ese proceso de construcción. Se debe escuchar la voz de las víctimas y atender sus solicitudes. Esto no significa que las peticiones deban ser acatadas de forma obligatoria por la magistratura, pero sí debe haber receptividad. Cuando esto no ocurre, se mina la legitimidad del sistema y la gente siente que la participación se convierte en un ritual vacío", señala la investigadora.

Rigor científico: radiografía metodológica de la investigación

Frente a la frialdad de los informes estadísticos, esta investigación se fundamenta en una metodología cualitativa capaz de capturar la subjetividad y las barreras invisibles del acceso a la justicia. El estudio contó con el respaldo institucional de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), bajo la dirección del profesor Josep Maria Tamarit Sumalla, y el acompañamiento del grupo de investigación en victimología empírica y aplicada VICRIM, lo que garantiza un estándar de excelencia académica.

La indagación incluyó trabajo de campo en zonas como Riosucio, Medellín, Bogotá y el Urabá, combinando la revisión normativa con 21 entrevistas a víctimas acreditadas, una muestra representativa de diversos macrocasos que permite contrastar la heterogeneidad de expectativas y el impacto diferenciado de la victimización; 10 entrevistas a funcionariado del sistema como voces internas que ofrecen una perspectiva sobre las capacidades operativas y los límites del diseño institucional de la JEP; y 6 entrevistas a representantes legales, analistas del proceso que actúan como intermediarios, evidenciando los riesgos de la profesionalización y la pérdida de la voz directa de las víctimas.

En su trabajo por las regiones, Silvana Avendaño identificó que el valor de la participación reside en la construcción comunitaria y sostiene: "Sorprendentemente, las víctimas prefieren participar de manera colectiva que de manera individual. Sus propias necesidades se vuelven colectivas, y eso hace que las agencias individuales tengan un proceso transformador que es el gran valor de la justicia transicional".

 Límites de la reparación simbólica

La investigación advierte sobre el rechazo a las medidas simbólicas que no alteran la realidad de las comunidades. Los trabajos, obras y actividades con contenido reparador (TOAR) necesitan un sentido territorial concreto para evitar que se perciban como intervenciones superficiales, insuficientes o desconectadas del daño sufrido.

A esto se suma la persistencia de la violencia armada en varios departamentos, un factor que deteriora la confianza en las garantías de no repetición y resta efectividad al enfoque restaurativo.

Recomendaciones principales:

1. Fortalecer la trazabilidad y el deber de respuesta: implementar protocolos claros de devolución a las víctimas sobre cómo sus aportes se tuvieron en cuenta en las decisiones, con lenguaje accesible y explicaciones comprensibles.
2. Reconfigurar el codiseño de sanciones y TOAR: garantizar que las medidas restaurativas se diseñen en fases participativas, con facilitadores especializados y criterios transparentes, sensibles al daño y al territorio.
3. Reducir desigualdades de acceso y participación: mejorar la infraestructura material (transporte, conectividad, espacios seguros) y crear rutas específicas para víctimas con mayores barreras, incluyendo materiales pedagógicos y espacios de alfabetización jurídica para que todas las víctimas puedan participar.
4. Asegurar representación legítima y acompañamiento: promover estándares de representatividad y rendición de cuentas en la participación colectiva, y fortalecer el acompañamiento jurídico y psicosocial sin depender solo de organizaciones externas.

El estudio concluye que el valor fundamental de este modelo de justicia radica en el reconocimiento. Sin embargo, para mantener su efectividad, la administración de justicia debe evitar que el protagonismo de las personas afectadas termine relegado a una presencia procedimental sin capacidad de transformación. Para trascender esta crisis, la JEP debe institucionalizar un deber de respuesta real y una trazabilidad estricta en sus decisiones. No basta con garantizar la presencia de las víctimas en las salas; la justicia restaurativa solo será plena cuando la voz de quienes sufrieron el conflicto tenga el poder de transformar las sentencias y, con ello, las realidades estructurales de sus comunidades. La "voz sin poder" es, en última instancia, una nueva forma de exclusión.

Este estudio se enmarca en la misión de investigación Transición digital y sostenibilidad de la UOC y favorece los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU, especialmente el número 10, sobre reducción de las desigualdades, y el número 16, sobre paz, justicia e instituciones sólidas.

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